Las listas de espera y la reforma del sistema marcan los programas en Sanidad

Andalucía gastó en Sanidad casi un tercio del gasto total en 2017, más de 9.200 millones de euros. Es la mayor partida presupuestaria, y para 2018 volvió a preverse un aumento del 5,45% para la Consejería de Salud, en torno a 500 millones de euros. A pesar de los incrementos en los últimos años, la comunidad sigue a la cola en algunos indicadores: la Junta de Andalucía gasta 1.110 euros en salud por cada habitante, un 20% menos que la media español, y es también la comunidad con menos camas hospitalarias por habitante.

El debate sobre el sistema andaluz de salud debería ser uno de los ejes estrella de la campaña, si se atiende a la importancia cuantitativa del gasto sanitario, a las declaraciones de algunos candidatos (“es la joya de la corona”, insiste Susana Díaz) y a la vista de algunos conflictos recientes. Los médicos de Atención Primaria de toda Andalucía están llamados a una huelga, iniciada en Málaga y Huelva por la “insostenible situación” del servicio. Durante los últimos años, los profesionales han denunciado los recortes de plantilla y la precarización del empleo público.

La Sanidad ha sido también el catalizador para la mayor protesta social contra el Gobierno de Susana Díaz. Convocados por el médico Jesús Candel Spiriman, miles de granadinos se movilizaron para protestar contra la fusión hospitalaria por entender que suponía una merma de recursos y perjudicaba la asistencia médica. La protesta acabó extendiéndose a otras provincias, hasta desbordar al Gobierno de la Junta.

Los programas de los cuatro partidos con representación parlamentaria dan a la Sanidad un espacio acorde con su peso específico. Es común la preocupación por mejorar los mecanismos de evaluación del sistema, así como fijar el suelo de gasto sanitario en el 7% del PIB, una cifra que sólo obvia Ciudadanos. Estas son las principales propuestas de los partidos.

PSOE: más infraestructuras y más plantilla

Igual que Adelante Andalucía y que el Partido Popular, los socialistas se fijan el objetivo del 7% del PIB como gasto mínimo en sanidad para la próxima legislatura. El PSOE asegura (aquí su programa) que su gestión sanitaria en Andalucía ha sido un dique contra la política de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.

En el ámbito prestacional, el PSOE propone entre otras medidas potenciar “el más ambicioso programa de medicina personalizada de Europa”, el cribado de cáncer de colon para toda la “población diana” (medida similar a la del PP), la detección precoz de enfermedades cromosómicas durante el embarazo, la gratuidad de medicamentos para menores de 14 años en riesgo de exclusión social y seguir “avanzando en la garantía de plazos de respuesta para las intervenciones quirúrgicas”, sin que se establezca un compromiso accesorio a los ya recogidos por la legislación. El PSOE también promete más plantilla y tecnología en los centros de salud.

En infraestructuras, los socialistas anuncian la apertura de cuatro nuevos centros hospitalarios pendientes de finalizar y la construcción de, al menos, siete nuevos centros de alta resolución, tres hospitales materno-infantil, un hospital de subagudos y un gran centro de cirugía mayor ambulatorio y 24 centros de salud.

El PSOE anuncia una “renovación” de la política de personal, para lo que seguirá “adecuando” las plantillas a las necesidades asistenciales y establecerá medidas que “faciliten y garanticen el relevo generacional”. El PSOE también promete una revisión de los protocolos de prevención ante las agresiones al personal sanitario y convocatorias de empleo público anuales.

PP: equiparación salarial, listas de espera y eliminación de las subastas de medicamentos

A cuenta de la Sanidad, el PP ha dirigido algunos de sus ataques más duros al Gobierno de Díaz, a la que ha acusado de “tapar los agujeros y desconchones”. El PP propone provincializar las inversiones, y tiene tres medidas del ámbito sanitario entre los que denomina “principales compromisos con los andaluces” (haz clic aquí para ver el programa):

El PP articula sus propuestas en cuatro ejes: el primero alude a las reformas “para que los andaluces puedan acceder con las mismas garantías a los mismos servicios sanitarios”. En este punto, incluye como propuestas más llamativas la eliminación “de inmediato” de las subastas de medicamentossubastas de medicamentos, la derogación de las fusiones hospitalarias, la incorporación de las agencias al SAS y un plan de agilización de las listas de espera.

El segundo eje se centra en los profesionales sanitarios, a los que se ofrece la equiparación salarial, el restablecimiento de los “derechos perdidos y recortes salariales sufridos” y la extensión a todos los profesionales del complemento de exclusividad. También incluye un plan de reordenación de recursos humanos y el reconocimiento de los profesionales como autoridad pública.

El tercer eje pasa por una ampliación de la cartera de servicios. Entre otras novedades, el PP propone el cribado de cáncer de colon en Atención Primaria, una red de cuidados paliativos pediátricos, un Programa para la detección precoz en el Sistema Sanitario de las mujeres que sufren violencia de género, la aprobación de una ley de atención temprana o el establecimiento de una especialidad en geriatría.

El cuarto y último eje pasa por dar prioridad al gasto presupuestario en investigación médica.

Ciudadanos: reducir listas de espera, planes de refuerzo y rendición de cuentas

Como los demás partidos, Ciudadanos pretende reducir y agilizar las listas de espera, y propone para ello aprobar un Plan Integral para la Mejora del Sistema Público de Salud de Andalucía (aquí su programa). Ciudadanos apuesta por establecer plazos garantizados por patologías y por potenciar la apertura de los quirófanos por la tarde. Para solventar problemas de personal en determinados picos de demanda, elaboraría planes especiales de refuerzo sanitario.

Uno de los rasgos que permea todo el programa es la aplicación de mecanismos de evaluación de la gestión sanitaria. El partido de Juan Marín propone fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y establecer estándares de calidad. En este sentido, Ciudadanos pretende publicar en la web y en el portal de transparencia datos de calidad, rendimiento, eficacia y satisfacción a nivel de servicio hospitalario y centro de salud.

También se propone que las asociaciones de pacientes actúen como evaluadores externos del sistema y tengan voz en los órganos de dirección de los centros. Además, los responsables y mandos intermedios serían elegidos por libre concurrencia con el fin de “despolitizar” la gestión sanitaria y evitar los “dedazos”.

Ciudadanos promete también una mejora salarial para “aproximar” los salarios al resto de Europa y favorecer un sistema de cobertura automática de plazas vacantes, evitando la creación de nuevas bolsas de interinidad. Igualmente, propone un plan con un calendario “realista” de infraestructuras. En cuanto a la política de medicamentos, anticipa una “revisión” de las subastas sin llegar a comprometerse con su eliminación inmediata, como sí hace el PP. El partido naranja daría acceso a la “historia clínica necesaria” a los profesionales farmacéuticos, con el fin de potenciar su “valor asistencial”.

Ciudadanos también avanza su interés en suscribir convenios con todas las comunidades autónomas, de modo que se garantice una receta electrónica válida y la atención estándar en todo el territorio nacional, así como la interoperabilidad de la información sanitaria. Por último, propone la unificación del calendario de vacunas y el impulso de campañas para prevenir las pseudoterapias.

Adelante Andalucía: recuperar concesiones, 7% por ley y más Atención Primaria

La candidatura de Teresa Rodríguez achaca al gobierno de Susana Díaz haber ahondado en la “politización del sistema sanitario” e instrumentalizado los servicios de protección social “poniéndolos al servicio de la propaganda institucional”, con planes con “apariencia de lucha por los más desfavorecidos” que no se han reflejado en beneficio de los más vulnerables.

Las grandes líneas estratégicas de Adelante Andalucía (enlace a su programa electoral) pasan por establecer un nuevo modelo de gestión en el que primen la participación comunitaria y que pivote sobre la Atención Primaria (a la que proponen potenciar fijando un gasto mínimo del 20% del total en Sanidad), vinculado a la red de servicios sociales; incluir objetivos específicos de reducción de las desigualdades en la calidad de los servicios; un plan de atención a las personas mayores; garantizar una financiación suficiente, con un mínimo del 7% del PIB que propone garantizar por ley; y realizar una nueva valoración de la inversión en investigación para reorientarla a objetivos de los que la mayoría pueda beneficiarse.

Adelante Andalucía propone mantener la titularidad pública de todos los servicios no externalizados y recuperar las concesiones vencidas y aquellas cuyos concesionarios estén incumpliendo “gravemente” los pliegos; fijar un compromiso de rendición de cuentas y publicar los criterios y procedimientos de toma de decisiones; promover la elección de los órganos de dirección por los profesionales; y reconfigurar el mapa sanitario, de modo que se recuperen los equipos multidisciplinares en Atención Primaria, donde se establecería un máximo 1.500 tarjetas individuales sanitarias por médico o médica de familia y 1.200 niños/as por pediatra.

En el ámbito laboral, se propone una mejora de las bolsas de empleo y un concurso de méritos excepcional para convertir en personal indefinido a quienes acumulan años de experiencia sin tener plaza fija. Se garantiza, como mínimo, el cumplimiento de la tasa de reposición del 100%. Otro compromiso es el “cumplimiento estricto” de la ratio 1:1 entre profesionales médicos y de enfermería en Atención Primaria.

Adelante Andalucía propone también crear una Agencia de Evaluación de Tecnologías y Políticas Sociales y Sanitarias independiente, un portal de transparencia con indicadores por municipios y una auditoría del gasto público en concesiones, conciertos y externalizaciones en las tres últimas legislaturas. También plantea poner en funcionamiento todos los recursos disponibles antes de incorporar nuevos equipamientos, y la progresiva incorporación al SAS de las agencias y fundaciones públicas.

Para el ámbito farmecéutico, se plantea una revisión del sistema de subastas con mayores sanciones en caso de desabastecimiento y fomentar las compras centralizadas.