Magdalena Álvarez pide su absolución en el caso ERE y niega que conociera las irregularidades

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez ha solicitado su libre absolución en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos porque no existen indicios para entender que “conociera que en la concesión de las ayudas pudieran estar dándose irregularidades”.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la ex consejera, Rafael Alcácer Guirao, asevera que por parte de las acusaciones “no se ha aportado un solo indicio que acredite” que su patrocinada, “con sus actos u omisiones, pretendiera la consecución de las perniciosas consecuencias que, incorrectamente, se atribuyen al uso de las transferencias de financiación” para el abono de las ayudas.

“Sencillamente se parte de la arbitraria presunción de que existía una suerte de concierto previo entre todos los acusados para tal fin”, asevera el letrado, que apostilla que “no es solo que no pueda racionalmente sostenerse esa intención, sino que ni siquiera existe base indiciaria para entender” que Magdalena Álvarez “conociera que en la concesión de las ayudas pudieran estar dándose irregularidades”.

Además, señala que “tampoco existe base para sostener que pudiera haber tomado conocimiento de tales irregularidades a partir de los informes realizados por la Intervención General”, ya que, en relación a las modificaciones presupuestarias, la Intervención “no mostró reparo alguno de legalidad”. “Es indudable” que la ex consejera “no tenía motivos para dudar de la corrección del procedimiento, pudiendo albergar una confianza rayana en la certeza acerca de la legalidad de tales modificaciones”, alega.

A todo ello se suma, según expone el letrado en este escrito consultado por Europa Press, que los informes anuales de la Cámara de Cuentas “tampoco advirtieron de irregularidad alguna” y que el Parlamento “aprobó año tras año la Cuenta General, sin manifestar reparo al respecto”, subrayando que su patrocinada “no recibió ningún informe advirtiendo de deficiencias”.

NIEGA LA PREVARICACIÓN

El abogado manifiesta, en este punto, que la primera advertencia de que la en la concesión de las ayudas se estaba prescindiendo de los procedimientos exigibles se plasmó en el Informe Definitivo de Auditoría de Cumplimiento de 2003, emitido con fecha 25 de julio de 2005, momento en el que Magdalena Álvarez “había cesado ya como consejera --febrero de 2004--”, y agrega que en los informes de años anteriores “nunca se hizo mención a tales irregularidades”.

La defensa de la ex consejera, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, considera que la atribución de dicho delito “se basa en una serie de asunciones fácticas y jurídicas que resultan insostenibles”, pues “el solo hecho de que la naturaleza y finalidad de la transferencia de financiación resulte controvertida y admita diversas interpretaciones legales excluye necesariamente la prevaricación que irrazonablemente se atribuye” a su cliente, pues “la pretendida ilegalidad no resulta, desde luego, manifiesta o evidente”.

Además, en las sucesivas Leyes de Presupuestos “se incluyen desde el año 2002 en los estados de gastos de la Consejería de Empleo la transferencia de financiación como instrumento de presupuestación dentro de la partida 31L, por lo que mal puede tildarse de ilegal lo que el Parlamento ha aprobado año tras año”.

En este sentido, tacha de “absurdo” el planteamiento de las acusaciones según el cual el Parlamento “fue, durante todos esos años, instrumentalizado y engañado, y aprobó las sucesivas Leyes de Presupuestos incurso en un monumental error acerca de la ilegalidad de tal forma de presupuestación”.

“Resultando manifiestamente inverosímil semejante planteamiento, cuando no sencillamente esperpéntico, y debiendo igualmente descartarse la alternativa inversa de que el Parlamento al completo hubiera incurrido en el delito de prevaricación --pues sus miembros no han sido acusados--, la hipótesis restante surge como la única plausible versión de lo acontecido: que la utilización de las transferencias de financiación para allegar fondos al IFA, destinados al pago de ayudas sociolaborales, fue debidamente aprobada por el Parlamento, porque no había ilegalidad o inadecuación, y que no presenta, desde luego, arbitrariedad alguna”.

RECHAZA LA EXISTENCIA DE UN “PLAN PRECONCEBIDO”

Además, y según añade el letrado, “no es solo que no exista una ilegalidad intrínseca en el uso de las transferencias de financiación para financiar el otorgamiento de ayudas sociolaborales, es que tampoco las consecuencias de la elección de ese instrumento presupuestario guardan relación alguna con el desvío de fondos públicos que presuntamente ha acontecido”.

El abogado, que niega la existencia de “un plan preconcebido o concierto de voluntades”, deja claro además que “las irregularidades acontecidas en la gestión de fondos públicos con ocasión de la concesión de las ayudas son completamente independientes de las decisiones adoptadas para financiar presupuestariamente tales ayudas y, en suma, del instrumento presupuestario elegido”, decisiones estas últimas “adoptadas no por mi mandante sino por el Parlamento”.

A todo ello se suma que, como consejera de Hacienda, su cliente “ni siquiera es quien decide el instrumento presupuestario, ni menos aún el modelo de gestión del presupuesto de la Consejería de Empleo o el IFA”, añadiendo que “no se le puede reprochar ni la decisión de utilizar la transferencia de financiación como instrumento presupuestario para la financiación de ayudas sociolaborales, ni que hubiera consentido en que los responsables de la Consejería correspondiente adoptaran esa decisión, pues la Ley no le otorgaba competencias ni para decidir ni para impedir la decisión ajena”.

El abogado, por último, solicita que en el juicio declaren como testigos, entre otros, los ex presidentes del Parlamento de Andalucía Manuel Gracia y Javier Torres Vela.