Rincón de la Victoria: una moción de censura entre acusaciones de enchufismo
Partido Popular, Partido Andalucista y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para desalojar del Gobierno a la coalición que gobierna Rincón de la Victoria. La moción de censura, que se votará el 5 de junio, se produce mientras la Fiscalía investiga una denuncia interpuesta por la todavía alcaldesa, Encarnación Anaya (PSOE) y el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Moreno (Ahora Rincón) en la que se señala al artífice de la moción. Allí se relata que José María Gómez PepínPepín, líder del PA, urdió un montaje alterando un documento que justificaba nuevas contrataciones en la empresa mixta de limpieza (EMMSA), con el fin de colocar a sus allegados. Según Pepín, se trata de una “cortina de humo”.
La moción saldrá adelante si todos los implicados cumplen con lo anunciado. El nuevo equipo de Gobierno lo conformarán concejales del PP y uno de los concejales del PA, y necesitará también del apoyo de Ciudadanos en la sesión de investidura. Con la moción terminará un Gobierno que empezó siendo cuatripartito, se quedó en tripartito cuando se expulsó al PA, que lidera el ahora denunciado y pieza clave en la moción, y acabó en bipartito con la renuncia de IU. Hoy el Gobierno lo integran en minoría el PSOE y la marca local de Podemos.
20 años condicionando la política local
La moción de censura que provocará el cambio en un municipio con 44.000 habitantes censados, y el que tiene mayor renta per cápita de Málaga, no se entiende sin el papel desempeñado por Gómez, conocido como Pepín, cuya presencia condiciona la política local desde hace veinte años. Pepín fue alcalde de 1999 a 2003, pero en 2001 fue expulsado del PP por contratar irregularmente a familiares suyos. Quien le expulsó es el hombre al que ahora va a aupar a la alcaldía, Francisco Salado. Gómez fundó entonces un partido local, y denunció a Salado por supuestas irregularidades urbanísticas. A su vez, Salado denunció a Gómez por la adquisición aparentemente irregular de unos terrenos. En 2010 Gómez se incorporó al PA, que en las últimas municipales se convirtió en llave de Gobierno con dos concejales.
El enfrentamiento personal entre Salado y Pepín es una de esas historias que hacen de hilo conductor de la vida política de un municipio durante años. En febrero de 2016, quince años después de su expulsión del PP, Pepín declaró a Sur: “Lo que de verdad me ilusiona es recuperar el PP, que yo fundé en 1991, con el que conseguí la Alcaldía y del que me echaron personas mentirosas y manipuladoras como Francisco Salado”. Un año después de esas declaraciones, los enemigos han encontrado intereses comunes.
Sobre los motivos de la moción, Gómez asegura que “los proveedores no se pagan, las calles están sucias a reventar. No se ha hecho el concurso público de los perros y tenemos los perros y gatos por ahí. No salen a limpiar, todo el día investigando y en las redes sociales. Hay motivos más que suficientes”. “¿Por qué va a sorprender? Le voy a dar mi explicación de estos doce años que llevamos autodenunciándonos. Yo fiscalizo cuando estoy en la oposición, y lo he llevado a tribunales cuando él gobernaba, igual que él me llevó a mí. Esos son nuestros encontronazos. ¿Son motivos para dejar el pueblo en manos de una minoría?”, argumenta respecto a la pregunta de qué le ha llevado a “aparcar” su histórica rivalidad con Salado.
El pacto lo han negociado los grupos popular y andalucista, asegura Pepín. En la nota con la que anunciaron la moción, mencionan “el impago reiterado a proveedores, el abandono de las zonas verdes o la falta de limpieza” como “síntomas más visibles” de la “desidia y dejadez” del actual equipo de Gobierno. Según los desalojados, lo que hay detrás es “miedo a la justicia”, particularizado por ahora en una denuncia del 20 de marzo, cuando la moción ya era inminente.
Denuncia: ¿“enchufismo” o “cortina de humo”?
La denuncia fue interpuesta por la todavía alcaldesa, Encarnación Anaya, y el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Moreno, que han declarado ya ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga. Los denunciantes relatan que justo después de su expulsión del Gobierno, Pepín arguyó en un Pleno una resolución inexistente en la que Moreno autorizaba una partida de 184.201 euros para nuevas contrataciones para limpieza, a través de EMMSA.
Días después, el propio Gómez admitió haber hecho un “corta y pega” del documento y que éste sólo era un borrador elaborado por el interventor. Moreno, el concejal, asegura que el interventor lo redactó “por iniciativa propia” y sin su conocimiento, y denuncia que fue utilizado para urdir un montaje que desestabilizara la coalición de Gobierno. La tesis de que nunca ordenó su elaboración está refrendada por un informe en el que el interventor explica que inició “de oficio” el documento para “adelantar trabajo”.
Ligado a este asunto, la denuncia también relata un supuesto intento de enchufar a decenas de aspirantes en EMMSA, la empresa mixta integrada por el Ayuntamiento y FCC. Ante los rumores de clientelismo, la todavía alcaldesa pidió a FCC, responsable de las contrataciones, que contratara a través del Servicio Andaluz de Empleo. Sin embargo, de 246 candidatos la empresa, dependiente de la concejalía que tenía a su cargo Pepín, preseleccionó 50 personas “sin seguir criterio alguno”, según Moreno. Entre ellas, tres con vínculos con el actual equipo de Gobierno y una docena con vínculos con el PA o el anterior partido de Pepín, incluyendo cinco candidatos en las municipales de 2015. “Me echaron el 31 de octubre. Ellos son quienes estaban en la gestión. No podía averiguar quién va a las entrevistas... Yo no me meto con las listas de parados de este pueblo”, replica Gómez, que lamenta que no le hayan facilitado la denuncia. El asunto generó una crisis política que acabó con la salida de IU del entonces tripartito.
La denuncia se apoya en una tercera y última pata: se da la circunstancia de que el dinero con el que debían pagarse las nuevas contrataciones proviene de lo cobrado de más al Ayuntamiento por la propia EMMSA durante años, y que la empresa mixta ya ha empezado a devolver. Estos excesos alcanzarían los 410.412 euros, según un informe técnico emitido el 26 de abril de 2016 al que ha tenido acceso este medio. El ingeniero técnico municipal advirtió desde diciembre de 2013 de los excesos de facturación, tanto a cuatro concejales de la anterior corporación como al propio interventor municipal, sin que se hiciera nada por corregirlo.
La denuncia se entremezcla con el cambio de Gobierno, previsto para el próximo 5 de junio. Pese al acuerdo para la moción, no ha habido foto conjunta de Salado y Pepín, que no se incorporará al equipo de Gobierno sino que representará al municipio en la Mancomunidad. El día en que fue expulsado de la coalición a la que ahora él desaloja, dijo que no estaba “ni por un sueldo ni por un sillón como otros”. El día 5 Pepín se cobrará la venganza política de su expulsión del cuatripartito entregando la alcaldía a su gran enemigo, Francisco Salado.
