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La lucha de una abogada malagueña para suspender un juicio debido a su embarazo

Néstor Cenizo

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El martes 4 de septiembre, apenas a un par de semanas de salir de cuentas del embarazo de su tercer hijo, la abogada malagueña Paola Martínez Ledesma entregó a su procurador un certificado en el que su ginecólogo recomendaba que parase su actividad judicial. Así que, siguiendo sus instrucciones, el procurador con el que trabaja presentó el documento en varios juzgados de la capital y consiguió que se suspendieran dos señalamientos. Sin embargo, tropezó con un escollo en el Juzgado de Familia número 6: la jueza y la letrada de la Junta de Andalucía se negaron a suspender un juicio en el que se decide si dos menores deben seguir en acogimiento con sus abuelos.

Probablemente interpretó que la letrada trataba de retrasar el juicio, y eso primó sobre el riesgo para el embarazo. “No comprendo que en el siglo XXI tengamos que mendigar que se nos dé el derecho a estar tranquilos mientras damos a luz”, explica por teléfono la abogada, que asegura que presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Eldiario.es/Andalucía ha pedido al juzgado poder hablar con la jueza, y está a la espera de una respuesta.

Martínez Ledesma cuenta que la negativa de la jueza le provocó ansiedad, de modo que al día siguiente su procurador acudió nuevamente al juzgado, esta vez acompañado de un representante del Colegio de Abogados, que la está apoyando en su reclamación, y con un nuevo documento que certificaba el episodio de ansiedad. La abogada no pedía la suspensión, sino un margen de treinta días que le permitiera dar a luz y recuperarse en plenas condiciones antes de celebrar el juicio.

Ante la insistencia, y después de una discusión en la que se ventilaron asuntos sobre lactancia y maternidad, la jueza decidió que concedería la suspensión, pero advirtió de que podría levantar las medidas cautelares que había acordado antes de las vacaciones. Esto significaría, en la práctica, el fin del acogimiento que Martínez Ledesma está defendiendo.

La advertencia provocó la indignación de Martínez Ledesma, que decidió hacer público su caso: “En las suspensiones por causa judicial no hay que dar ninguna explicación. Y ahora resulta que porque estoy embarazada, me lo suspenden al límite, y se toman revancha y me revisan la medida cautelar. Y si hace falta, los clientes van a perder a los niños. Parece que yo haya hecho algo malo, que me estén castigando”. Para ella había una solución más simple: “Consulte su agenda, señale nuevo juicio y si el letrado le vuelve a poner una pega y considera que lo está haciendo mal, expediéntelo. Yo sólo pedía 30 días para dar a luz tranquilamente e incorporarme”.

Martínez Ledesma no está de baja porque trabaja sola y no puede abandonar la responsabilidad de su despacho. En los partos anteriores no tuvo problemas porque, como cuenta con cierta ironía, ocurrieron en viernes, cuando no hay juicios o vistas. En esta ocasión, trabajó durante la última semana de agosto, pero cuando acudió al médico el primer lunes de septiembre, este le dijo que no estaba para “dar vueltas por los juzgados”.

En estos casos, la solución propuesta por los juzgados pasa por una sustitución temporal del abogado. Pero esto casa mal con el hecho de que la relación entre abogado y cliente es personalísima y de confianza: “Aunque para muchos jueces los abogados seamos prescindibles, el cliente te contrata a ti, no quiere a otro compañero”.

La letrada asegura que ha recibido comentarios de compañeras que han tenido que celebrar juicio pese a acudir con certificados que señalaban el riesgo de aborto. “Yo les he preguntado: ¿no se te habrá ocurrido ir a juicio? Y me han dicho que sí. Es el miedo a que te aperciban o incluso te puedan imputar un delito de obstrucción a la justicia por dilatar un proceso”.

Ninguna ley que obligue a suspender un plazo

Ninguna ley que obligue a suspender un plazoEldiario.es/Andalucía preguntó ayer a los servicios de prensa de la administración de justicia por cómo se compatibilizan las bajas de maternidad de las abogadas con los señalamientos en los juzgados, sin obtener respuesta. Tampoco respondió a esta cuestión el Colegio de Abogados de Málaga, cuyo decano ha mostrado públicamente su apoyo a la abogada. No obstante, existen unas medidas de conciliación que la Junta de Gobierno del colegio propuso a los órganos judiciales, y que contemplan la suspensión de los juicios durante el último mes de gestación y hasta 40 días después de dar a luz, o por prescripción facultativa, excepto para algunos procedimientos tasados.

Sin embargo, y aunque su aplicación es mayoritaria, los juzgados no están obligados a seguir estas directrices. Un documento del propio colegio, que este medio ha podido consultar, advierte de que existe “una ley laboral que nos obliga a no trabajar, pero sin ninguna ley procesal que nos dé cobertura legal para solicitar la suspensión de un plazo procesal”, y recomienda promover una modificación de la ley.

El caso de Martínez Ledesma, adelantado por EFE, fue durante el lunes y el martes motivo de comentarios entre los abogados malagueños, algunos de los cuales advertían del riesgo asumido por la letrada al “señalarse” ante los jueces. “Yo lo único que he pedido es no tener que dar a luz por las esquinas del juzgado”, concluye la abogada: “Es indignante para mí, como mujer, que personas que ocupan puestos de relevancia, en este caso juezas, no lo instrumentalicen para ser un ejemplo”.

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