El juzgado archiva el caso de las subastas exprés de Mijas tras cometer un error que impide continuar la investigación
El Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola (Málaga) ha archivado la investigación sobre las subastas presuntamente amañadas celebradas en el ayuntamiento de Mijas. En un auto del 20 de agosto, la jueza declara el sobreseimiento provisional porque no es posible acordar nuevas diligencias, ni siquiera tomar declaración a los investigados, dado que se produjo un error en el cómputo de los plazos para llevar a cabo la investigación, y esta debía estar ya terminada.
Las diligencias previas para investigar la presunta trama para la adjudicación irregular de viviendas embargadas por el ayuntamiento arrancaron en 2014. En este tiempo, el plazo para investigar fue ampliado en dos ocasiones al tratarse de una “causa compleja”. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga declaró el pasado diciembre la nulidad de la segunda ampliación, de dieciocho meses, por considerar que el plazo de la primera no se había calculado bien, y que había caducado sin haber sido ampliado nuevamente.
Debido a este error del juzgado, la instructora señala que no puede incluirse en la causa ninguna actuación posterior al 7 de junio de 2017 ni practicarse ninguna diligencia nueva. Entiende que las conclusiones aportadas hasta ahora por la Guardia Civil no le permiten acordar nuevas diligencias instrumentales, ni siquiera tomar declaración a los investigados, entre ellos el exalcalde del PP Ángel Nozal, o a posibles perjudicados o testigos, puesto que ello sería “el inicio mismo de la investigación”.
Basándose en las investigaciones acordadas hasta junio de 2017, la instructora dice haber llegado a la “convicción judicial” de que no existió un delito continuado de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, como apuntaron los denunciantes, y ni siquiera un modus operandi en el ayuntamiento mijeño, tendente a adjudicar a precios irrisorios bienes embargados por el consistorio. Todo lo más, aprecia posibles irregularidades administrativas sin conexión.
El archivo ignora la investigación de la Guardia Civil
Para llegar a esta conclusión, la jueza ha ignorado la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que se detallaba cómo se estableció un sistema para adjudicar inmuebles previamente embargados a precios irrisorios. Desde el comienzo de la investigación, la Guardia Civil detectó “como mínimo” un delito continuado de prevaricación, y apuntó al tesorero y al jefe de recaudación (miembros de la mesa de contratación) y a los asesores jurídicos que validaron el sistema.
En el atestado de 28 de junio de 2018 (fue realizado después del fin del plazo de instrucción, pero acordado antes), los investigadores aseguraban que de 2012 a 2016 funcionarios del ayuntamiento de Mijas articularon un sistema para cobrar pequeñas deudas tributarias mediante el embargo y la posterior adjudicación de bienes inmuebles por el procedimiento de adjudicación directa.
El modus operandi descrito por la Guardia Civil es el siguiente: ante una deuda por impago de impuestos municipales, el Ayuntamiento iniciaba un procedimiento de apremio, pero no había un “interés real” en notificar a los deudores, generalmente personas de avanzada edad (o sus herederos) o sociedades sin actividad. Entonces, el Consistorio embargaba el bien y convocaba una subasta pública que quedaba desierta, abriendo un procedimiento de adjudicación directa que, con la “máxima celeridad” y sin respetar los plazos, terminaba con la adjudicación del inmueble por un precio desproporcionadamente bajo respecto al valor de tasación del bien.
Para saldar una deuda de 34.756 euros (cuya principal de deuda tributaria fue, en origen, de 3.939 euros), el Ayuntamiento llegó a adjudicar directamente un inmueble de 2.169.586 euros por un precio de 86.250. “A juicio policial, los componentes de la Mesa de Subastas eran perfectamente conocedores del perjuicio económico causado al deudor y, cómo no, también del enriquecimiento del adjudicatario final, al cual se le había favorecido de forma inequívoca en el seno de un procedimiento administrativo”, decía la Guardia Civil, que detectó la desproporción en casi todos los casos que estudió.
Pese a que la Guardia Civil analizó a fondo nueve expedientes, y supuestamente debe analizar hasta 73 que requirió al ayuntamiento, el auto de archivo analiza únicamente los cuatro expedientes que motivaron la apertura de la investigación, y concluye que tienen una naturaleza heterogénea que no permite concluir la posible existencia de delito ni acordar nuevas diligencias.
Los investigadores habían concluido que la primera piedra de este sistema la puso el tesorero municipal en un informe de junio de 2012. En ese documento, el tesorero decidió que cualquier oferta que se recibiese por un bien embargado sería aceptada: “Estimo que cualquier oferta por pequeña que sea debe ser admitida”. Pese a que el Reglamento General de Recaudación señala que si la subasta queda desierta, debe realizarse la adjudicación directa en seis meses y “en las mejores condiciones económicas”, en Mijas se interpretaba que los seis meses era un plazo máximo, y que la mesa podía adjudicar los bienes cuando encontrara una oferta que estimara suficiente. En la práctica: la primera oferta, “por pequeña que sea”, y casi siempre el mismo día que se recibía.
El PP celebra el fin del “linchamiento”
El PP de Mijas destacó ayer la nueva desimputación de Nozal. El dirigente del PP ha sido exonerado en los últimos meses de tres de las seis investigaciones penales que llegó a tener abiertas. Él siempre ha defendido que se trataba de imputaciones políticas, que obedecían a los intentos de sus rivales por apartarle de la vida política. “El Partido Popular de Mijas celebra que el linchamiento de denuncias judiciales que ha padecido el presidente de la formación, Ángel Nozal, esté empezando a vislumbrar su final”, escribió el grupo popular en su muro de Facebook.
