Un banco devuelve a un matrimonio de San Fernando 28.000 euros reinvertidos en preferentes

En un comunicado el bufete Ortiz Abogados, que lleva el caso, ha dado a conocer la noticia: el matrimonio formado por un militar jubilado de la Armada y una auxiliar de cocina recibía la pasada semana una llamada del banco cuando ya estaba señalado el juicio por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz, y les aseguraban que no era necesario que un Juez estudiara el asunto y se pronunciase porque le devolvían los 28.000 euros.

A F. Javier, según explica el abogado, le dijeron en su día en el banco que las Preferentes eran “un valor seguro para guardar su dinero y producirle la máxima rentabilidad”, pero asegura que “no llegaron a dar su consentimiento para hacer esa operación ni tampoco les sometieron a ningún tipo de test para ver si tenían o no el perfil idóneo para contratar ese producto financiero complejo”, hasta que el pasado mes de junio el banco “les canceló la imposición a plazo y les contrato 28.000 euros en preferentes”.

Recuerda el bufete de abogados que hace poco le ocurrió lo mismo a otro vecino de La Isla, un marino mercante jubilado que recuperó los 50.000 euros que el banco había reinvertido en preferentes, así como al propietario de un bar de Cádiz, José A.M.S., “al que le habían invertido también 28.000 euros en preferentes consiguiendo tras un proceso judicial recuperar su dinero”.

El caso “más sangrante”, según subraya, es el de otro matrimonio de jubilados de San Fernando a los que el banco también les contrató “sin información previa” un total de 54.000 euros en preferentes aunque, tras interponer una demanda, recuperaron su dinero.

Al hilo, asegura que en todos los casos “se repite la misma historia”, es decir, que los bancos “engañan a sus clientes y lo que procede es la presentación de una demanda de nulidad del contrato de suscripción de preferentes por vicio en el consentimiento, al tratarse de personas con un perfil inadecuado para contratar este tipo de producto financiero complejo, tanto por su edad (la mayor parte son de más de 60 años) como por su escasa formación en el mundo financiero y ausencia de una información previa adecuada”.

Como recuerda el abogado José Luis Ortiz, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ha dictado un reciente Decreto 44/12 en el que considera que “más de 70.000 andaluces, una décima parte de los afectados en toda España, han sido víctima de una práctica abusiva, expresamente prohibida y contraria al ordenamiento jurídico” e invita a todos los perjudicados a que acudan a los tribunales “y no se queden en su casa de brazos cruzados, porque a las buenas no van a obtener nada”.