El coronavirus “multiplica por mucho” la “falta” de profesionales sanitarios en las prisiones: “La situación es preocupante”

Carmen Hoyos coordina el grupo de relaciones laborales en la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). “La prioridad absolutamente de todos los sanitarios es que esto se subsane de la mejor forma posible”, apunta la responsable a eldiario.es Andalucía, considerando que “la situación es muy preocupante en todos los centros penitenciarios de España”. Por el momento, una interna de la prisión de Estremera (Madrid), de 78 años, ha sido la primera víctima dentro de las cárceles a causa del coronavirus, si bien Instituciones Penitenciarias ha comenzado ya el reparto de 40.000 mascarillas en las prisiones, donde la UME está procediendo a la desinfección de los centros que lo solicitan.

En Andalucía también preocupa, porque hay varios casos positivos: un trabajador de Sevilla I y otro de Sevilla II, dos en Jaén y otro del Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos Fernández, en Granada, según datos oficiales hasta este pasado lunes facilitados por la administración a los sindicatos. Por otra parte, internos de cárceles andaluzas (Sevilla I, Córdoba y Huelva), hasta ahora empleados de talleres textiles u ocupacionales, trabajan en la fabricación de mascarillas no homologadas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, dada la urgencia de su fabricación, gracias a los 500 metros de tela enviados por la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario a las tres prisiones andaluzas citados y los centros de Madrid I y Topas (Salamanca).

Las prisiones, según datos de este viernes aportados por CSIF, contabilizan en España ya medio millar de presos en cuarentena y 300 funcionarios, así como 70 infectados (de ellos, 67 funcionarios que han estado en contacto con población reclusa). La declaración del Estado de Alarma ha supuesto la suspensión de los permisos de salida y las comunicaciones familiares y los vis a vis. La población reclusa está alarmada por el hecho de que los profesionales que trabajan en las cárceles carecen igualmente de medidas de protección pese a estar en contacto con el exterior. Incluso en Algeciras se llegó a pedir más calma ante determinadas situaciones de esta manera, desaprobada por la propia Secretaría General de IIPP.

Sanidad dividida

En cualquier caso, según Carmen Hoyos, existe una “altísima preocupación” porque, antes de la llegada del virus, “ya había una gran falta de profesionales y todo esto, evidentemente, multiplica por mucho la problemática”, señala Hoyos, que incide en que se trata en cada centro de asegurar la organización por turnos (médico, auxiliar y enfermero). “A nivel epidemiológico, hemos pedido a la Administración que nos tenga muy informados y, desde el lunes, está llegando la información a los centros”, añade.

Pero es que llueve sobre mojado en la sanidad penitenciaria, en lo que respecta a Andalucía hacia unas 13.500 personas privadas de libertad “deambulando bajo dos sistemas sanitarios” y con “severas lagunas” en la asistencia, como viene denunciando el Defensor del Pueblo Andaluz desde hace años, con la atención primaria por parte de funcionarios de las prisiones y la atención especializada por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Organizaciones de médicos y de derechos humanos vienen pidiendo el fin del “precario acceso” a la sanidad dentro de las cárceles y el traspaso de las competencias, a lo que se han sumado colectivos de profesionales que trabajan en las prisiones y otras organizaciones colegiadas.

Una reivindicación histórica

Entre otras problemáticas se encuentra el hecho de que las cárceles españolas se están quedando sin médicos: las bajas definitivas del personal que se producen cada año no se cubren ni siquiera con las plazas que se convocan. En cuanto a cuestiones competenciales, este periódico informó recientemente de que Andalucía se negaba a integrar el sistema informático sanitario en las cárceles por falta de convenio con el Gobierno central.

Según Hoyos, “el Ministerio sabe perfectamente cuáles son nuestras reivindicaciones tras 17 años de incumplimiento de la ley”. En 2003 se aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía para el año siguiente la completa integración de la sanidad penitenciaria dentro de las competencias sanitarias de todas las autonomías. “No nos cansaremos de reivindicarlo, aunque este no es el momento. Este es el momento de implicación absoluta por parte de todos los sanitarios del medio penitenciario, como siempre hemos demostrado de forma contundente”, defiende la doctora.

En todo caso, Hoyos recuerda que “durante años hemos estado sometidos a unas diferencias laborales gravísimas y hemos empezado a levantar la voz cuando hemos visto que estaba repercutiendo en la labor asistencial para la población a nuestro cargo. Igual que hemos demostrado esa responsabilidad durante muchos años, aguantando callados el ninguneo de sindicatos y de la administración penitenciaria, entendemos que este no es el momento de reivindicar nada sino de que todos trabajemos muy unidos con muchísima responsabilidad para que a nuestros internos nos les llegue el virus”.

Diagnóstico precoz, “fundamental”

Asimismo, Hoyos señala que “hay que informar de que los trabajadores penitenciarios vamos a ser los vehículos de introducción del virus en las prisiones por lo que, desde luego, todas las medidas que se adopten serán pocas para que eso llegue lo más tarde posible o no llegue”.

“A día de hoy, y en comparación con otros ámbitos, no estamos en una situación alarmante pero vemos que, como está pasando en residencias de ancianos y en otros medios en los que hay hacinamiento de personas, se tiene que trabajar fehacientemente en tomar todas las medidas adecuadas preventivas. Es nuestra gran preocupación: que a los trabajadores penitenciarios les lleguen medios adecuados de protección para ellos mismos y para la población penitenciaria a la que tenemos que atender, teniendo en cuenta las muchas patologías crónicas presentes en este medio, al igual que se hace con las residencias de ancianos, para tener un aislamiento correcto”. La fallecida en Estremera padecía múltiples patologías y su ingreso estuvo motivado por insuficiencia respiratoria.

“Antes de que explote en el medio penitenciario, se deberían estar considerando medidas que aminoren el daño que pueda causar en las prisiones, partiendo de las connotaciones de seguridad de estos lugares. Son momentos muy difíciles. Hay que mantener la esperanza y el ánimo arriba”, señala Hoyos, que también destaca “la importancia de contar prioritariamente con los test rápidos de detección” ya que “el diagnóstico precoz en nuestro medio es fundamental para internos y trabajadores”, como así ha pedido ya la Asociación Nacional de Enfermería Penitenciaria (ANEP).

Según fuentes penitenciarias citadas por Europa Press, en cuarentena con múltiples causísticas como fiebres, tos o síntomas compatibles con el Covid-19 se encuentran en la actualidad 350 personas relacionadas con la institución penitenciaria. De ellas, 225 son trabajadores que se encuentran en sus casas aislados y 125 son presos igualmente confinados en sus celdas con medidas de seguridad reforzadas.