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Mujeres en Andalucía: la mitad de la población, ¿la mitad del poder político?

Concha Araújo

Jaén —

Andalucía tiene una mujer como presidenta. Es la primera que lo consigue en esta comunidad autónoma y con ella son cuatro las mujeres al frente de Gobiernos autonómicos en toda España.

Ha costado tres décadas, cuando en Andalucía el 50,5 por ciento de los habitantes de la comunidad son mujeres. Más de la mita de la población pero todavía no constituyen la mitad del poder. En su discurso de investidura, Susana Díaz expresó un deseo: “Ojalá este paso que damos hoy sirva para apuntalar todavía más la igualdad”. La presidenta tiene una ardua tarea ante sí.

El tercer capítulo del Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto 2013 de la Junta de Andalucía está dedicado a presentar el panorama de la igualdad entre hombres y mujeres en la comunidad autónoma. Los datos están actualizados hasta 2012, después de la constitución del Parlamento que ha elegido a Díaz. Una cámara autonómica formada por un 52,3% de diputados y por un 47,7% de diputadas. Esta es una realidad reciente. En la primera legislatura del gobierno andaluz la presencia femenina en el arco parlamentario apenas significaba un 5,5 por ciento.

Ese reparto equitativo de los escaños, en los límites del 40-60 (que ningún sexo esté representado en menos de 40 por ciento ni en más de un 60) que establece la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2007, corre el riesgo de reducirse “al cumplimiento de la Ley no al hecho de que hayamos tomado conciencia de que eso es lo mejor”, advierte la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Jaén, Olimpia Molina.

“La política es sólo el reflejo de lo que pasa en la sociedad”, señala Molina, y la incorporación de las mujeres es el resultado de las “acciones positivas” que han establecido requisitos legales como los porcentajes de representación mínimos y máximos. “Lo importante es que las mujeres tengan capacidad de decisión, que tengan igualdad real de oportunidades y que puedan decidir en función de su capacidad”.

Su experiencia como docente dice que esa paridad se da en la universidad, donde se mira el expediente del alumno, no su sexo. Pero se rompe al llegar al mercado laboral donde “un expediente brillante no tiene las mismas oportunidades, porque a las chicas se las ve como futuras madres. Así ven cómo compañeros con peor expediente consiguen antes un empleo o un puesto de responsabilidad”. Esa es la discriminación que se intenta romper con las leyes de igualdad estatal y autonómica.

Las normas establecen el reparto paritario de cargos en el nombramiento de titulares de órganos directivos y de órganos colegiados de la Administración andaluza cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno, pero no ahonda en otros espacios de poder político. Así, de las 771 alcaldías que existen en Andalucía, sólo 154 están ocupadas por mujeres, que representan apenas un 20 por ciento de los regidores andaluces. No obstante, Andalucía está tres puntos por encima de la media nacional en cuanto a número de mujeres en los gobiernos locales.

En las concejalías, la representación mejora aunque no alcanza, por poco, los mínimos legales del 40-60 porque las mujeres representan un 38,5% mientras los hombres ocupan el 61,5% de las concejalías, a pesar de que se ha dado un importante salto. Hace una década, en el mandato que acabó en 2003, el porcentaje de concejalas en los ayuntamientos andaluces apenas rozaba el 24 por ciento. En el caso de las diputaciones provinciales, sólo una de las ocho está presidida por una mujer y el número de diputadas provinciales supone un 36,2% de los escaños, frente al 63,8% de diputados.

Según Molina, la brecha que hay que salvar sigue teniendo su origen en el ámbito privado. “Si no competimos en condiciones de igualdad es porque tenemos más responsabilidades familiares que los hombres”, explica Molina. Por eso considera “erróneo hablar de conciliación, de lo que tenemos que hablar es de corresponsabilidad; no para que las mujeres concilien su carrera profesional y su vida privada, sino para que los hombres se involucren más en la vida familiar”.

Partidos paritarios

En cuanto a los órganos de dirección de los partidos políticos en Andalucía, las dos fuerzas mayoritarias sí se mantienen dentro de los márgenes del 40-60, con una representación femenina del 45 por ciento, en el Partido Popular, y del 48, en el PSOE. En el caso de Izquierda Unida y el Partido Andalucista las mujeres copan el 34 por ciento de los cargos orgánicos.

Olimpia Molina defiende que la llegada de una mujer a la presidencia de la Junta de Andalucía constituye una referencia positiva, siempre que exista un compromiso efectivo con el desarrollo de las políticas de igualdad, porque es necesario romper estereotipos que las propias mujeres perpetúan. “Las mujeres que consiguen llegar a los puestos de responsabilidad gracias a las políticas de igualdad, arremeten contra estas políticas para demostrar que lo han logrado por méritos propios”. Por eso, Molina cree que una presidenta al frente del Gobierno andaluz puede ser ventajosa “si se cree las políticas de igualdad” porque la ley “define una igualdad formal, pero no efectiva”.

El informe del impacto de género en el presupuesto andaluz reconoce que “las mujeres están infrarrepresentadas en diferentes ámbitos de toma de decisiones y representación de la sociedad. Esto supone un balance coste-beneficio negativo, ya que la inver­sión realizada en su formación no genera los beneficios que supondría aprovechar todo su talento y potencial”. El discurso de la presidenta coincide plenamente con ese informe. Díaz señaló que “ninguna sociedad, y mucho menos la que aspire a un modelo avanzado de convivencia, puede permitirse no contar con el enorme caudal de empuje, capacidad de trabajo y valía de la mitad de la población”.

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