Los partidos amplían la negociación del director de RTVA al Defensor del Pueblo
La negociación para resolver la vacante que ha quedado en la dirección general de la RTVA, tras la dimisión de Pablo Carrasco, va a ser más amplia de lo previsto. PSOE, PP e IU acordaron hoy que de esta ronda de contactos tendrá que salir de aquí a junio no sólo un nuevo director para el ente público, sino también un nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, que lleva en funciones desde hace un año. Y aparte de dos nuevos nombres, también se discutirán más cosas: la renovación de los consejos sociales de las universidades, el funcionamiento de la Cámara de Cuentas y una reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía para profundizar en los niveles de neutralidad informativa de todas las televisiones públicas de la comunidad.
En esta primera reunión, propiciada por la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, lo que los tres partidos han cerrado es que, antes de entrar en una “guerra de nombres”, lo que se debe discutir es el modelo de RTVA. Los portavoces han coincidido en que se debe garantizar la “viabilidad” económica, la “estabilidad” de la plantilla y “garantizar” este servicio público, elementos que ganan peso por tener el aval del PP, cuando precisamente el gobiernos de su color en Castilla-La Mancha, Madrid o Valencia, han abierto las puertas de la calle a la plantilla y a la privatización.
A cambio, lo que los populares han reclamado es “neutralidad”. Las demás partes han accedido, pero en el marco de una reforma legislativa que afecte no sólo a Canal Sur, sino al resto de canales públicos, es decir, las teles locales municipales de las que, precisamente, en su último informe el Consejo Audiovisual de Andalucía alertaba sobre su notable falta de pluralismo. Ejemplos de ello: el tiempo de voz para la oposición en Telemotril y Fuengirola TV son un 4 y un 1,7%, respectivamente (ambas en manos de gobiernos del PP).
Aunque los tres partidos rehúyen entrar en la “subasta de nombres” hasta el último momento, lo que sí tienen ya más o menos planteado es el perfil del que se postule para dirigir la RTVA. Se buscará un profesional de los medios de comunicación, “con independencia” y a ser posible de la casa. Este último factor, aparte de la promoción interna y el ahorro, podría tener otra explicación: si pertenece a la plantilla de Canal Sur se pueden tener más garantías de que cumpla su mandato de seis años. Le será más difícil abandonar el cargo y verse tentado por proyectos audiovisuales privados, como así le sucedió a Carrasco que dejó el ente, entre otras razones, por una potente rebaja salarial del 43% (aún así excedía en casi 14.000 euros el máximo impuesto en la Junta que es el sueldo de José Antonio Griñán, 64.000 euros) y por tener otras ofertas sobre la mesa.
El tope que se ha marcado de este periodo de sesiones radica en que en septiembre, como muy tarde, tiene que estar resuelto el convenio colectivo que afecta a unos 1.600 trabajadores, y que se discute en un momento complicado de caída de la publicidad, recorte de las transferencias de la Junta y con un déficit de 38 millones a sus espaldas. Hay prisa por parte de PSOE e IU porque no quieren dilatar en el tiempo la situación del director interino, Joaquín Durán, que fue nombrado vía decreto (se tuvo que hacer así, porque la Ley de la RTVA no recogía la situación de dimisión del director general), y que valió las críticas del PP, por su temor a que pudiera convertirse en una especie de director permanente si no se llega a un acuerdo. Un escenario que, por otro lado, es más que posible, ya que la citada ley recoge que el director general tiene que ser elegido en primera vuelta por dos tercios de los 109 parlamentarios de la Cámara, y en segunda, por tres quintos. En ambos casos, es imprescindible el voto favorable de la bancada popular y, por tanto, puede haber bloqueo (tiene 50 escaños, frente a los 47 del PSOE y los 12 de IU).
Más difícil podría estar la renovación del Defensor, cuyo mandato expiró en marzo de 2012 (es el tercero, y lleva en el cargo desde 1996). Hace quince días él manifestó abiertamente que con los graves problemas sociales derivados de esta crisis no va a abandonar el barco, que no va a dimitir, sino que le tienen que “echar”. En este caso IU ha apostado por su continuidad (el último en manifestarlo públicamente fue el parlamentario por Cádiz Ignacio García,que defendió su “trayectoria” e “independencia”), mientras los populares prefieren un “cambio de aires”, como así dijo al término de la reunión su portavoz, Carlos Rojas.
