Los nuevos concejales antidesahucios de Córdoba, en acción
Desde hace años, es habitual ver a Rafael del Castillo y a Rafael Blázquez en cada una de las acciones reivindicativas y de protesta de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba. Este miércoles no ha sido distinto y, los dos, pero ahora ya como nuevos concejales del Ayuntamiento de Córdoba, han acudido a los juzgados de la capital para apoyar a una familia desahuciada que ha sido encausada por ocupar un piso vacío de un banco.
Del Castillo (IU), ahora en el gobierno municipal como responsable de Bienestar Social y de la Oficina de la Vivienda, y Blázquez (Ganemos Córdoba) desde la oposición, han mantenido su compromiso y su acción junto a la plataforma Stop Desahucios durante toda la campaña electoral, decididos a seguir haciéndolo también tras los resultados que las urnas depararon el 24M. Y ahora, uno desde el propio gobierno local y otro desde la oposición municipal, han hecho lo propio para escenificar y dar visibilidad también a lo que pretenden que sea un paso más en la lucha contra los desahucios, ahora desde dentro del propio Ayuntamiento.
“Diga la ley lo que diga, el Ayuntamiento tiene que actuar”, afirma Del Castillo, ahora como concejal responsable de la recién creada Oficina de la Vivienda que tiene por objeto mediar desde el consistorio para acometer soluciones a las situaciones que viven las familias afectadas por los desahucios en la capital cordobesa. “El Ayuntamiento no puede ponerse de lado”, asevera quien cree que “es necesario que desde las administraciones nos pongamos de acuerdo” para actuar en este asunto y que “desde las administraciones superiores (Junta de Andalucía y Gobierno central) se legisle” en beneficio de las familias afectadas.
Familias como la compuesta por Pepi Cañete y Francisco Belmonte, una pareja con dos hijos de 19 y 18 años, que este miércoles acudían al juzgado tras verse encausados por ocupar un piso vacío de un banco después de haber sido desahuciados de su vivienda, por lo que les piden una multa de 600 euros a cada uno de ellos. Hace seis años que en su casa no entra ningún ingreso, cuenta esta pareja desempleada que “toda la vida habíamos estado trabajando”, él como albañil y ella en una pequeña tienda propia. Dejaron de pagar su vivienda, fueron desahuciados y, tras verse sin un techo, entraron a vivir en un piso vacío de Cajasur.
“Hemos pedido ayuda en Servicios Sociales de la Junta y en Vimcorsa (empresa de vivienda municipal) pero en todos sitios nos cierran las puertas”, explican desesperados sin llegar a comprender por qué “nos niegan una vivienda porque dicen que nuestros hijos ya son mayores de edad y no tienen derecho”, dice Pepi. “Lo que pedimos es un alquiler social, no podemos estar en la calle” apostilla Francisco, que además padece una enfermedad.
Esta pareja y sus dos hijos llevan viviendo en el piso vacío del banco ya quince meses, un piso que encontraron “en mal estado, destrozado, con humedades” y que, cuentan, “poco a poco hemos ido arreglándolo, tenemos agua, luz y hemos puesto algunos muebles con la ayuda de la plataforma”, agradece Pepi a la Stop Desahucios.
Desde la oposición y el gobierno, unidos en la tarea antidesahucios
Una plataforma a la que ahora, los concejales que siguen siendo activistas antidesahucios, agradecen su labor y prometen seguir llevándola a cabo ahora desde el Ayuntamiento, ya sea desde el gobierno o desde la oposición. Ambos ediles, partícipes en la solución de conflictos entre familias y bancos desde la plataforma Stop Desahucios, pretenden redoblar esfuerzos en ese sentido con la suma de la acción del Ayuntamiento.
Desde esta última bancada, Ganemos Córdoba ya ha empezado a trabajar sobre cómo puede actuar la Oficina de la Vivienda. Blázquez ya definió su labor de oposición como “leal y constructiva” y, en este asunto en que tiene especial empeño, él y sus otros compañeros de Ganemos en el consistorio se han puesto a trabajar.
En los primeros días de la nueva corporación municipal, Blázquez ya solicitó una reunión con su compañero de Stop Desahucios y ahora responsable de la Oficina de la Vivienda, para “arrimar el hombro” y tratar sobre la acción que este nuevo órgano debe llevar a cabo en busca de soluciones para los afectados por los desahucios.
