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La enésima operación para evitar la disolución del Recreativo de Huelva termina en los tribunales

La manifestación en apoyo al Recre celebrada en Huelva el pasado viernes.

Fermín Cabanillas / Olga Granado

Tras una nueva década de penurias y otro riesgo inmediato de disolución, el Recreativo de Huelva, que fundado el 23 de diciembre de 1889 está certificado como el club de fútbol más antiguo de España y hace un par de años era declarado incluso Bien de Interés Cultura (BIC), ha recibido con cierta esperanza la decisión del Ayuntamiento de Huelva de pagar los 7,75 millones de euros para liberar sus cuentas del embargo que soporta desde hace un lustro por parte la AEAT.

El acuerdo ha sido tomado en un pleno extraordinario, con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE), PP, C's, Mesa de la Ría y no adscritos (ex de C's), mientras que Participa Huelva -marca blanca de Podemos en la ciudad- e IU se han pronunciado en contra, entre otras cosas porque la operación tiene un informe negativo del interventor. 

Es más, el portavoz de Participa HUelva, Jesús Amador, ha anunciado que irán a la vía contencioso administrativa. “Más allá de que esta decisión pueda ser injusta con una población con muchas necesidades, hemos encontrado que podría ser ilegal y traer nefastas repercusiones futuras para el Ayuntamiento de Huelva”, dice el concejal de la oposición.

Se basa para ello en que la AEAT considera que el Ayuntamiento de Huelva es “responsable solidario” de esta deuda, lo que a su juicio se produce por “la cláusula del contrato secreto que firmó con la empresa Eurosamop”, a la que se le requiere el pago. “No creemos que la función del Ayuntamiento de Huelva sea permitir que una empresa haga negocios con el fútbol de forma opaca”, agrega. 

De esa firma, poco a nada de sabe. Precisamente, la opacidad del contrato (además del rechazo de una parte de la sociedad civil a este acuerdo por encima del gasto social que requiere Huelva), es el argumento para el voto en contra, muy difícil de sostener en una ciudad que tiene al decano como uno de sus grandes símbolos.

El Ayuntamiento de Huelva sacó un pliego de condiciones en junio de 2017 para vender el decano, y se presentó una empresa que no cumplía los requisitos, por lo que el concurso se declaró desierto, aunque un mes después se anunció un acuerdo con Eurosamop, que encabeza Juanma López, el que fuese jugador del Atlético de Madrid. En la práctica -por diez años- actúan como si el club fuera suyo y se supone que, tras pagar el consistorio lo necesario para levantar el embargo, serán los únicos en presentarse al nuevo proceso de venta.

De lo poco que se sabe, sí se filtró que el acuerdo contempla que el Recreativo de Huelva no pagará nada por externalizar su gestión en el primero de los diez años acordados. Pero sí deberá abonar una cantidad fija, de la que aún no ha trascendido su cuantía, en los siguientes nueve años. Las condiciones sólo cambiarían si el club asciende a Segunda División, algo inviable, al menos, esta temporada, en la que anda intentando evitar descender. Que algo que supone gastar casi ocho millones de dinero público esté basado en parte en un contrato que nadie conoce es una razón de peso para que se haya votado en contra.

Un asunto en el que la postura del PP ha sido difícil de sostener. La gestión realizada hace años por el exalcalde del PP Pedro Rodríguez supuso otra salvación del Recreativo de Huelva, aunque también una permuta de terrenos por la que el PSOE le llevó ante el juez, de donde salió sin cargos. Hoy día, lo que debería ser la gran zona de esparcimiento de la ciudad en los terrenos del antiguo estadio en la barriada de la Isla Chica sigue siendo un aparcamiento.

Desde el PP, su concejal Manuel Remesal, pese a que ha votado a favor, ha subrayado: “Es fundamental que las modificaciones presupuestarias que se tengan que llevar a cabo no toquen aquellas partidas destinadas a salvaguardar derechos y servicios básicos de los onubenses”. En su mayoría se han cambiado partidas relacionadas con pagos de productividad o material fungible del propio consistorio.

Razones del interventor

La operación contaba con el informe contrario del interventor general del Ayuntamiento de Huelva, que básicamente aludía a tres cuestiones para oponerse. Primero que “no posible imputar el gasto propuesto” con cargo a los presupuestos municipales, como se ha decidido desde el equipo de gobierno, por “no concurrir los requisitos de la Ley General Tributaria”. 

En segundo lugar, en su informe emitido el pasado 8 de febrero, considera que la declaración de BIC en 2016 no se refiere a la sociedad anónima deportiva sino de la “actividad de interés etnológico” que desarrolla el club, por lo que “no queda acreditado que la asunción y pago de la deuda contraída sea la única medida posible de protección y conservación” de la misma.

Y tercero, recuerda que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que no podrán asumir este tipo de aportaciones patrimoniales si tiene un plan de ajuste en marcha, salvo excepciones, que “no cumple el Ayuntamiento de Huelva”, que “deberá transmitir la totalidad de la acciones que posee” del mismo.

La complicada trayectoria de los últimos años

Para tener una idea de los avatares más recientes del decano del fútbol en nuestro país, hay que recordar que en 1999 la práctica totalidad de sus acciones pasaron a ser del Ayuntamiento de Huelva (97,8 %) a través de la empresa municipal Huelva Deporte SA, cuando se vio obligado a convertirse en sociedad anónima deportiva.

Su contabilidad se fue torciendo y en 2010 entró en concurso de acreedores. Dos años después, en 2012, Huelva Deporte SA logró vender el 75% de las acciones a Gildoy España SA, pasando a ser presidente del club Pablo Comas. Pero el club continuaba con sus deudas, fundamentalmente con la AEAT y la Seguridad Social, lo que comenzó a padecer su personal y movilizó a la ciudad que veía su fin.

En 2016, el Ayuntamiento de Huelva aprobó por tanto iniciar un procedimiento de expropiación forzosa a Gildoy España. De manera que pasó a ser titular de ese 75% de las acciones, mientras que el 23 % siguió en manos de Huelva Deporte -a su vez empresa municipal- y el 2 % restante es de privados. Manuel Zambrano pasó a ser el presidente del club.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Huelva tira de chequera para hacer frente a su situación. Ya en 2017 aprobó otra modificación presupuestaria para abonar 1,9 millones de euros que reclamaba con urgencia la Seguridad Social. De hecho, el año pasado, el Ayuntamiento de Huelva intentó deshacerse de sus acciones, de manera que el que se comprara el club se hiciera cargo también de sus deudas, pero sólo concurrió Moody Investments SA, cuya oferta fue rechazada y el concurso se declaró desierto como se ha referido más arriba.

En la decisión adoptada en el último pleno se reconoce la “situación calamitosa” del club y que el embargo de la AEAT pone en riesgo de supervivencia, lo que el Ayuntamiento de Huelva no quiere permitir después de haber propiciado que fuera declarado BIC. No sólo pagará esos 7,75 millones de euros, sino que hay un acuerdo para abonar a plazos el resto de la deuda pública de más de 12 millones de euros. Eso sí, la idea es que si llega un inversor y compra el club, asuma estas cargas.

Tras una nueva década de penurias y otro riesgo inmediato de disolución, el Recreativo de Huelva, que fundado en 1889 está considerado el club de fútbol más antiguo de España y hace un par de años era declarado incluso Bien de Interés Cultura (BIC), ha recibido con cierta esperanza la decisión del Ayuntamiento de Huelva de pagar los 7,75 millones de euros para liberar sus cuentas del embargo que soporta desde hace un lustro por parte la AEAT.

El acuerdo ha sido tomado en un pleno extraordinario, con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE), PP, C's, Mesa de la Ría y no adscritos (ex de C's), mientras que Participa Huelva -marca blanca de Podemos en la ciudad- e IU se han pronunciado en contra, entre otras cosas porque la operación tiene un informe negativo del interventor. 

Es más, el portavoz de Participa HUelva, Jesús Amador, ha anunciado este viernes que irán a la vía contencioso administrativa. “Más allá de que esta decisión pueda ser injusta con una población con muchas necesidades, hemos encontrado que podría ser ilegal y traer nefastas repercusiones futuras para el Ayuntamiento de Huelva”, dice el concejal de la oposición.

Se basa para ello en que la AEAT considera que el Ayuntamiento de Huelva es “responsable solidario” de esta deuda, lo que a su juicio se produce por “la cláusula del contrato secreto que firmó con la empresa Eurosamop”, a la que se le requiere el pago. “No creemos que la función del Ayuntamiento de Huelva sea permitir que una empresa haga negocios con el fútbol de forma opaca”, agrega. 

Desde el PP, su concejal Manuel Remesal, pese a que ha votado a favor, ha subrayado: “Es fundamental que las modificaciones presupuestarias que se tengan que llevar a cabo no toquen aquellas partidas destinadas a salvaguardar derechos y servicios básicos de los onubenses”. En su mayoría se han cambiado partidas relacionadas con pagos de productividad o material fungible del propio consistorio.

La operación contaba con el informe contrario del interventor general del Ayuntamiento de Huelva, que básicamente aludía a tres cuestiones para oponerse. Primero que “no posible imputar el gasto propuesto” con cargo a los presupuestos municipales, como se ha decidido desde el equipo de gobierno, por “no concurrir los requisitos de la Ley General Tributaria”. 

En segundo lugar, en su informe emitido el pasado 8 de febrero, considera que la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016 no se refiere a la sociedad anónima deportiva sino de la “actividad de intterés etnológico” que desarrolla el club, por lo que “no queda acreditado que la asunción y pago de la deuda contraída sea la única medida posible de protección y conservación” de la misma.

Y tercero, recuerda que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que no podrán asumir este tipo de aportaciones patrimoniales si tiene un plan de ajuste en marcha, salvo excepciones, que “no cumple el Ayuntamiento de Huelva”, que “deberá transmitir la totalidad de la acciones que posee” del mismo.

Para tener una idea de los avatares más recientes del decano del fútbol en nuestro país, hay que recordar que en 1999 la práctica totalidad de sus acciones pasaron a ser del Ayuntamiento de Huelva (97,8%) a través de la empresa municipal Huelva Deporte SA, cuando se vio obligado a convertirse en sociedad anónima deportiva.

Su contabilidad se fue torciendo y en 2010 entró en concurso de acreedores. Dos añoñs después, en 2012, Huelva Deporte SA logró vender el 75% de las acciones a Gildoy España SA, pasando a ser presidente del club Pablo Comas. Pero el club continuaba con sus deudas, fundamentalmente con la AEAT y la Seguridad Social, lo que comenzó a padecer su personal y movilizó a la ciudad que veía su fin.

En 2016, el Ayuntamiento de Huelva aprobó por tanto iniciar un procedimiento de expropiación forzosa a Gildoy España. De manera que el Ayuntamiento de Huelva pasó a ser titular de ese 75% de las acciones, mientras que el 23% siguió en manos de Huelva Deporte -a su vez empresa municipal- y el 2% restante es de privados. Manuel Zambrano pasó a ser el presidente del club.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Huelva tira de chequera para hacer frente a su situación. Ya en 2017 aprobó otra modificación presupuestaria para abonar 1,9 millones de euros que reclamaba con urgencia la Seguridad Social. De hecho, el año pasado, el Ayuntamiento de Huelva intentó deshacerse de sus acciones, de manera que el que se comprara el club se hiciera cargo también de sus deudas, pero sólo concurrió Moody Investments SA, cuya oferta fue rechazada y el concurso se declaró desierto.

En la decisión adoptada en el último pleno se reconoce la “situación calamitosa” del club y que el embargo de la AEAT pone en riesgo de supervivencia, lo que el Ayuntamiento de Huelva no quiere permitir después de haber propiciado que fuera declarado BIC. No sólo pagará esos 7,75 millones de euros, sino que hay un acuerdo para abonar a plazos el resto de la deuda pública de más de 12 millones de euros. Eso sí, la idea es que si llega un inversor y compra el club, asuma estas cargas.

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