¿Para qué quiere el presidente a Montero en el Ministerio de Hacienda?
Hace una semana este reportaje se habría escrito de forma muy distinta. El presidente del Gobierno había elegido a la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, para pilotar el Ministerio del ramo. Montero es la autora material de un documento de 29 páginas que resume la única propuesta en firme que ha salido de un Parlamento autonómico para reformar el actual sistema de financiación autonómica, caduco desde hace cuatro años. Montero es quien negoció con todas las fuerzas de la Cámara y logró un acuerdo con un nivel de consenso sin precedentes, suscrito por PSOE, PP, Podemos e IU (101 votos de los 109 diputados autonómicos).
Su nombramiento como ministra de Hacienda no sólo se entendió como una apuesta decidida de Pedro Sánchez por abrir la caja de Pandora de la reforma de la financiación. Se anticipaba un giro drástico en la visión sobre el modelo territorial del país. Por encima de todo, María Jesús Montero representa un cambio de paradigma sobre cómo está concebido el Estado de las Autonomías. “El Estado no es la Administración central, el Estado son las comunidades autónomas, las que gestionan los pilares del bien común: la sanidad, la educación y los servicios sociales”, suele decir. Esta semana, en su primera sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado por sorpresa que renuncia a reformar el sistema de financiación autonómica en esta legislatura. Cabe preguntarse ahora, ¿para qué quiere el presidente a Montero en el Ministerio de Hacienda?
La pretensión de Sánchez es agotar el mandato, de modo que todos han entendido que en los próximos dos años no se abordará un asunto que, hasta ayer, el PSOE, el Gobierno andaluz y la hoy ministra de Hacienda consideraban “urgente y prioritario”. La rotunda y precipitada renuncia a abrir este debate ha armado mucho revuelo en las comunidades peor financiadas, las que habían hecho de la reforma de la financiación su principal batalla política contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Singularmente Andalucía y la Comunidad Valenciana, pero también dos regiones gobernadas por el PP -Galicia y Castilla y León- que firmaron un acuerdo de financiación con otras dos comunidades gobernadas por el PSOE -Aragón y Asturias-, unidas por un interés común: que el reparto de fondos tuviera más en cuenta el criterio de despoblación y dispersión geográfica.
Las 29 páginas de Montero para la reforma de la financiación autonómica no eran números, era política, es consenso social (tuvo el respaldo de sindicatos, patronal, universidades y otros colectivos sociales). A la entonces consejera andaluza de Hacienda le resultaba imposible disociar aquel sudoku sobre el reparto de fondos de otros asuntos de mayor calado, los que competen a la arquitectura del Estado de Bienestar, el modelo territorial, el órdago independentista catalán, la brecha entre regiones del norte y sur de España y la reforma de la Constitución. Mucha política para un Gobierno sostenido por 84 diputados, en un Congreso tan atomizado, y con la fuerza mayoritaria (PP) inflamada tras su abrupto desalojo de Moncloa. Sánchez ha descartado abordar la financiación autonómica como algo estructural de país -como le habría dicho Montero- y ha optado por buscar una solución coyuntural para cada región, con acuerdos bilaterales y por separado. “Cuando el presidente dice bilateral no está pensando en negociar con Murcia, está pensando en Cataluña”, dice un enojado miembro del Gobierno de Susana Díaz.
En el Ejecutivo andaluz temen que Sánchez haya decidido priorizar el problema catalán a las necesidades de las regiones infrafinanciadas. “Está sucumbiendo a la España de dos velocidades”, se lamenta un dirigente socialista. Mientras la oposición en bloque arrecia en críticas contra Susana Díaz por la “traición del Gobierno a Andalucía y al pacto andaluz de financiación”, la presidenta de la Junta aún no ha elevado el tono de protesta contra Sánchez. “La única garantía de que Andalucía no quedará en la estacada es que la ministra de Hacienda es una andaluza. Será fiel a su compromiso con el presidente, como lo fue con Díaz. Pero si no puede cumplir su compromiso, se irá a casa”, dice una persona que la conoce bien.
Contra la España “vertical”
Montero se marchó a Madrid con dos avales de peso: el primero, más tangible, es haber sido capaz de sacar adelante, desde un Gobierno en minoría, los últimos cinco presupuestos autonómicos en un periodo de crisis y recesión económica: los dos primeros los negoció con IU y los tres últimos con Ciudadanos. En todos los casos ha demostrado un compromiso con la consolidación fiscal, la reducción de la deuda y el control del déficit público: Andalucía era un gobierno socialista hostil con Rajoy, pero a la vez se presentaba como alumna aventajada de las exigencias fiscales de Bruselas y del ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Cuando se fue a Madrid, la ex consejera andaluza dejó cursada la petición para que Andalucía abandonase el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y volviese a financiarse en los mercados. Todas estas cualidades, que le reconocen incluso sus adversarios políticos, le servirían para gestionar unos Presupuestos Generales heredados del anterior Gobierno, y que ella misma calificó de “nefastos”; y también para allanar el camino a la negociación de las cuentas de 2019.
El segundo aval es haber convertido la reforma de la financiación autonómica en una llave para redefinir el modelo de Estado desde una perspectiva autonomista: cómo deben sostenerse las políticas públicas y garantizar los mismos derechos para todos los españoles. Montero es una furibunda enemiga de la visión centralista del país. Cree que el Gobierno de Rajoy usó la crisis como pretexto para culpabilizar a las comunidades y a los ayuntamientos de “despilfarrar el erario público”, para luego “justificar un desmantelamiento del Estado de las Autonomías”. Un desmantelamiento maquillado por los mecanismos de financiación, como el FLA o el sistema de pago a proveedores, que ha permitido al Gobierno central tutelar económica y políticamente a las regiones. “Montoro tenía una visión paternalista del Estado. Se creyó el padre que vigila a sus hijos bajo la presunción de que nunca serán mayores de edad para administrar su autonomía con responsabilidad”, dice.
Montero viajó a Madrid con idea de abordar “una reorganización de recursos vinculada a las necesidades de gasto”, un cambio de modelo en el que las comunidades coparticipen en los tributos. A poco que el presidente Sánchez tanteara a su nueva ministra de Hacienda, ésta le explicaría que en su esquema de país era necesario “dejar atrás la fórmula de la transferencia directa del Estado a las regiones, porque ésta hace sentir a las comunidades subsidiarias, dependientes, subvencionadas”, y porque “jerarquiza” la posición de privilegio del Gobierno de España. “La transferencia vertical debilita el Estado de las Autonomías”, venía a decir. Por ejemplo, si no hay Presupuestos Generales en 2019 porque el partido en el poder no cuenta con apoyos en el Congreso -como ocurre ahora- las regiones pueden sufrir esa prórroga aunque sí tengan aprobadas sus cuentas (en el presente ejercicio Montoro anunció la congelación de las transferencias de financiación a las comunidades porque aún no tenía apoyos suficientes para sus Presupuestos).
La hoja de ruta de la nueva ministra de Hacienda no tiene secretos. Montero sostiene que la mejora de la financiación autonómica pasa por “profundizar en el federalismo”. “Sin autonomía financiera no hay autonomía política”, suele decir. Antes de empezar a replantearse otra fórmula de distribución de los fondos públicos entre comunidades (criterio poblacional, dispersión geográfica, insularidad, paro…), la ministra creía necesario aumentar la bolsa común en 16.000 millones de euros, un dinero que perdería la Administración central. ¿De dónde sacarlo?
Cristóbal Montoro era reacio a ceder a las comunidades más porcentaje de la recaudación de impuestos. A principios de año, su secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, no contaba con destinar más de 5.000 millones a elevar el gasto público este año, a pesar del superávit de los ayuntamientos y del crecimiento de la economía. Entonces, la ahora ministra de Hacienda sospechaba que el objetivo de Montoro era reservarse todo el superávit de las corporaciones locales para equilibrar el déficit del Estado en 2019 -cumplir con Bruselas- y llegar a las próximas elecciones con alguna rebaja fiscal atractiva para ganar votos. Nunca sabremos si esa estrategia era real, pero quizá lleguemos a saber si funciona en manos de la sucesora de Montoro, que debe cuadrar los Presupuestos para 2019, los últimos antes de las elecciones.
A pesar del anuncio de que no se llegará a un acuerdo en dos años sobre este tema por parte del presidente, la ministra de Hacienda va a incluir la financiación autonómica en el orden del día del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que convocará antes de verano. El terreno es pantanoso porque las regiones están cabreadas y porque las elecciones generales, autonómicas y municipales están en el horizonte. No hay consenso entre comunidades en materia de financiación. Ni siquiera hay consenso entre las que están gobernadas por el mismo partido, ni en el seno del PSOE ni en el seno del PP. Rajoy no ha tenido prisas por abrir este debate en los últimos siete años, y Sánchez ha dejado de ver la urgencia para los próximos dos ejercicios.
La ministra de Hacienda estaba convencida de la necesidad de “al menos iniciar el diálogo entre las comunidades”: a través del debate de la financiación autonómica se puede indagar hasta dónde puede llegar el autogobierno de las regiones, se puede calcular cuánto cuesta abrir y cerrar un colegio o un centro de salud en Bilbao y cuánto en Sevilla, cómo se nivela el reparto de fondos del Estado garantizando la solidaridad entre territorios, y que los españoles tengan las mismas oportunidades, vivan en el sur o en el norte. Es un debate de país que la ministra quería empezar en un foro con las 17 comunidades presentes, pero que el presidente Sánchez, como ya hicieron todos sus predecesores, ha preferido empezar por el norte. Por Catalunya.
