El PP pone trabas a la intervención de los ciudadanos en el pleno de Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz, dirigido por Teófila Martínez (PP), acabará de un golpe con la intervención libre de los ciudadanos en el turno de ruegos y preguntas de los plenos. Después de los numerosos testimonios críticos con la gestión que han alcanzado una enorme repercusión en los últimos meses, el equipo de gobierno ha decidido cortar por lo sano y aplicar límites de tiempo y exigencias temáticas a los intervinientes.
La alcaldesa admitirá, como máximo, siete intervenciones por sesión plenaria. Cada una tendrá una duración máxima de tres minutos. Hasta ahora, el número de discursos y peticiones era ilimitado. Según el Ayuntamiento de Cádiz, ya existía ese límite de tres minutos aunque hasta ahora nunca se ha aplicado. El que quiera participar en el pleno tendrá que solicitarlo por escrito con doce días de antelación y detallar qué asunto desea abordar. “La intervención deberá tratar sobre un tema concreto de interés y de competencia municipal”, especifica el Ayuntamiento de Cádiz, que se arroga el derecho a decidir quién puede y quién no intervenir en la sesión.
En la nueva criba, también se establece prioridad a aquellos ciudadanos que no hayan intervenido nunca. Es una medida dirigida a evitar intervenciones recurrentes como las de el activista del 15-M Lorenzo Jiménez, conocido por su discurso de espaldas a la bancada de los políticos en ese mismo escenario, y la vendedora Inmaculada Michinina, cuya denuncia, en idéntico escenario, ha servido para que el Ayuntamiento de Cádiz amplíe las licencias para vender en el mercadillo de objetos de segunda mano de los domingos en la ciudad.
Justo hoy, Francisco Torno León, de 38 años y pareja de Inmaculada Michinina, se ha subido a la parte más alta de una grúa instalada en una obra de la ciudad para reclamar una vivienda digna. El Ayuntamiento de Cádiz ha reaccionado asegurando que lleva ocho años ayudando a esta familia: “Desde 2004 han recibido ayudas para tramitar el salario social de la Junta de Andalucía, para el alquiler de una vivienda, han tenido hijos durante tres años en la guardería municipal con su correspondiente beca de comedor, ayudas de todo tipo”, señala el primer teniente de alcaldesa, Ignacio Romaní. La mujer había denunciado hace unos días a través de un vídeo el estado de su vivienda.
En los plenos también habrá restricciones en cuanto a comportamientos: “Igual que se le exige a los concejales, durante la intervención de los solicitantes de palabra no se permitirán expresiones o actitudes descalificatorias, ofensivas o injuriosas hacia personas o entidades, retirándose la palabra tras un primer apercibimiento al efecto”. En los últimos meses, raro era el pleno en el que no se increpaba a los responsables municipales, bien para cargar contra su gestión, bien poniendo en cuestión su honorabilidad.
Ignacio Romaní justifica la decisión asegurando que serviría para incrementar las garantías democráticas de los plenos: “Cádiz es la única capital de Andalucía donde se le permite hablar a cualquier persona que lo solicite. Los demás sólo lo permiten a las entidades y asociaciones vecinales. La propuesta es que el uso de la palabra por parte de los ciudadanos esté recogida en el reglamento general, porque eso hasta ahora no estaba garantizado. Por eso lo que hacemos es garantizarlo”. Recuerda después que el exalcalde socialista de Cádiz Carlos Díaz, que dejó de ser regidor hace dieciocho años, no concedía la palabra a los ciudadanos en el pleno. “Antes de Teófila Martínez aquí no hablaba ni el gato”.
La decisión de la alcaldesa se suma a otras polémicas recientes: en agosto redujo el aforo del salón de plenos de 174 asistentes a 125 alegando cuestiones de seguridad. “Las vigas de esta casa son de madera, no de hormigón armado”, señaló entonces. Pocas semanas después se quejó públicamente de que un movimiento de oposición en las redes sociales impidiera un homenaje a uno de sus concejales en un acto social. “Tanto Twitter y tanta opinión, oiga, que aquí lo que más llamativo es para esta alcaldesa es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento, social, para comer y resulta que tienen una cuenta en el Twitter. Que sepa yo eso cuesta dinero, ¿no?”, dijo en unas declaraciones que dieron la vuelta al país.
