Claves para no perderse en el caso de los cursos de formación de Andalucía
El órdago de la Junta de Andalucía contra Mercedes Alaya en el caso del presunto fraude en suvenciones públicas para cursos de formación está ahora en el tejado de las partes personadas. El Gobierno autonómico solicitó a finales de octubre la nulidad de la causa porque considera que puede existir “vulneración del principio de juez natural”, acusando a la omnipresente jueza de “autoatribuirse” el caso.
Alaya, de momento, ha aceptado el envite y ha preguntado a las partes para que se pronuncien al respecto. Pero ¿qué está investigando Alaya en concreto? ¿Qué investiga entonces el resto de juzgados? ¿Quiénes están imputados? ¿Con qué se corresponden las supuestas facturas falsas de UGT-A? ¿Por qué parecen enfrentados la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿Qué está haciendo la Junta al respecto? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿A qué se refieren las cifras que aportan los consejeros en el Parlamento?
El tema de los cursos de formación se empieza a contar desde el principio. ¿Cuándo empezó todo? La alerta sobre posibles irregularidades en los cursos de formación saltó cuando la Cámara de Cuentas publicó un informe en enero de este año en el que aseguraba haber detectado “irregularidades” en la gestión de estos fondos públicos en los años 2009 y 2010, y donde recordaba que las subvenciones se instrumentaban a través de convenios de colaboración, abonándose por el importe total sin necesidad de justificación previa.
El caso de las facturas falsas de UGT-A
Pero la política de subvenciones para la formación desarrollada por la Junta de Andalucía ya estaba bajo lupa meses atrás. El escándalo de las facturas falsas en el seno de UGT-A ya había ocupado bastante espacio en prensa. En diciembre de 2013, su sede fue finalmente registrada dentro de una operación de la Guardia Civil a cuenta del uso de los fondos de formación. Este asunto está ya también en sede judicial. Los dos últimos secretarios regionales, el histórico Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, han sido llamados en calidad de imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que dirige el juez Juan Jesús García Vélez. El primero no ha declarado por enfermedad y el segundo prefiere hacerlo cuando esté toda la documentación presente en las actuaciones, aunque ya rechaza de plano las acusaciones.
Las pesquisas de la UDEF
La cuestión es que en abril de este año trascendía también que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estaba desarrollando una investigación sobre un presunto fraude en relación con cursos de formación para desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo. Las pesquisas, que levantaron una polvareda política entre Junta y Estado por la filtración de cifras relacionadas con el supuesto fraude, estaban centradas en principio en la provincia de Málaga, pero también se llevaron acabo en otras provincias, donde se siguen investigando y donde alumnos de cursos están prestando declaración en calidad de testigos de los supuestos fraudes en las diferentes provincias.
El entramado del exconsejero Ángel Ojeda
Menos una provincia, Sevilla, donde la jueza Alaya ha centrado una instrucción que tiene como principal objetivo el entramado empresarial de Ángel Ojeda, exconsejero en los 80 y cuyos “contactos” le sirvieron presuntamente para tejer una red de cursos y entidades que se beneficiaban de las subvenciones públicas andaluzas en la materia. Ojeda, detenido en pleno verano, conociendo el trabajo de Alaya en el caso ERE, ha mostrado sin suerte su intención de que no sea ella quien lleve la causa. Otro juzgados se han inhibido ya a su favor. Alaya, en un primer auto en el que imputó a otro exconsejero, Antonio Fernández, atribuyó a la Junta de una tacada nada menos que mil millones sin justificar entre 2008 y 2011. Aquellas “filtraciones” de abril hablaban de hasta 2.000 millones. Pero esto es palabra de la jueza Alaya.
¿La UCO o la UDEF?
Y es que la jueza, en tal madeja de casos sobre la misma materia, ha querido tomar parte sobre quién debería llevar a cabo las investigaciones relativas a cursos de formación y unificar criterios a su manera. Esta cuestión competencial ha levantado un profundo malestar entre los representantes sindicales de la Policía Nacional. Consideran que la decisión de Alaya de apartarles de investigaciones que ya están en marcha “perjudica la imagen” y traslada a la sociedad, además, una “pérdida de confianza” en la actividad de la Policía Nacional. Al margen de que entienden que la jueza ha vulnerado la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El PSOE también se queja
La Policía no ha sido la única en quejarse. El PSOE-A también ha lamentado las formas de la jueza, anunciando una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su contra al entender que en su interrogatorio al testigo Teodoro Montes, clave en este caso, “intentó vincular, sin fundamento alguno”, el caso de un presunto fraude con los fondos de formación de la Junta a una supuesta financiación del partido.
¿Y qué hace la Junta? La investigación paralela, parte I
En la cuestión relacionada directamente con UGT-A, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha sido la persona que ha venido dando cuenta de la investigación interna que pretende la devolución a las arcas públicas del dinero no justificado correctamente en el uso de subvenciones por parte concretamente de UGF-A. El sindicado se enfrenta a la reclamación de más de la mitad del dinero concedido en subvenciones entre 2008 y 2011. De momento, 15,3 millones. Las reclamaciones están siendo recurridas por el sindicato, quien ha acusado a la Administración andaluza de abrir “una causa general” en su contra y ha roto relaciones con los socios de gobierno en la Junta (PSOE e IU).
La investigación paralela, parte II
La Junta, por otro lado pero también en sede parlamentaria, ya ha elevado a 19,3 millones de euros la cifra global cuya devolución reclama por subvenciones para cursos de formación profesional que no habrían sido, igualmente, debidamente justificadas. La cifra se corresponde a un total de 640 expedientes. Es el último dato que ha ofrecido el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, durante su segunda comparecencia en dos meses para informar del estado de la depuración masiva de los expedientes iniciada hace más de un año por su departamento.
El listado de beneficiarios
Alonso confirmó en el Parlamento que no se publicará el listado con todos los beneficiarios a los que se reclaman las subvenciones. Esta cuestión, que prometió en su anterior comparencia y que ha provocado las quejas del PP-A, se sustenta en un informe del gabinete jurídico de la Junta que habla de la posible vulneración en materia de protección de datos, teniendo que distinguirse entre personas físicas y jurídicas. De las primeras no se podrían dar los nombres sin su autorización, y de las segundas, aunque sea posible, la publicación de determinada información sí podría conllevar luego la reclamación por parte de los afectados.
Pero, ¿de quién son las competencias en formación en la Junta?
En el periodo que se está investigando desde varios frentes, las competencias de formación habrían estado en manos de la Consejería de Empleo con Antonio Fernández primero (imputado en el caso de los ERE y también desde el pasado mes de julio en la causa sobre formación que investiga la misma jueza Alaya). Las competencias en la materia pasaron a Manolo Recio hasta que en 2013 recayeron en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, cuya cabeza entonces era Antonio Ávila y que pasó a manos de Sánchez Maldonado con el relevo entre Griñán y Susana Díaz. A partir del 31 de diciembre de 2013, la responsabilidad de los cursos de formación para personas en paro es de la Consejería de Educación con Luciano Alonso. Desde que saltó el asunto, la Junta ha mantenido que, de haber habido algún tipo de irregularidad en la gestión de los fondos públicos, el dinero defraudado deberá ser devuelto.
Un exjefe de de FPO de la Junta, testigo protegido
Duras acusaciones contra el reparto de subvenciones por parte de la Junta vertió durante cinco días de declaración uno de los testigo (y ahora protegido) en el caso que instruye Alaya. Teodoro Montes, antiguo jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional (FPO) de la Junta en Sevilla, reconoció en sus últimas intervenciones ante la jueza un par de aspectos importantes: que otro juez le imputó por falsedad en relación con un curso de formación y que fue el propio juzgado dirigido por Alaya el que le instó a denunciar los hechos en la La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La imputación por falsedad se concretó pocos meses antes de que el funcionario denunciara en agosto de 2013 en un cuartel de la Benemérira “graves irregularidades” en los cursos formativos. Precisamente el inicio de este proceso, de quién denunció a quién y dónde, nos devuelve al principio y al hecho de que la Junta ponga en duda que la jueza Alaya deba dirigir la investigación principal relativa a los cursos de formación en Andalucía.
