El testigo protegido: “El negocio del siglo en la Junta de Andalucía ha sido la formación”

“El negocio del siglo en un periodo amplio en la Junta de Andalucía ha sido la formación”, ha declarado este viernes Teodoro Montes, jefe del departamento de Gestión Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, y considerado “testigo protegido” por la que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense, Mercedes Alaya, cuando inició la investigación del presunto fraude con estos fondos públicos. Lo ha dicho en su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el presunto fraude con estas subvenciones dirigidas a formar a gente para un empleo.

“Llegó a ser tan lucrativo el tema de los cursos que en 2010 hubo tal avalancha que el departamento de homologación no tuvo capacidad para tramitarlos y se optó por la solución salomónica de una declaración jurada, que años después perdura para algunas entidades que no hay por dónde cogerlas”. Y en este sentido ha aludido también a gastos innecesarios, como el “muy abusivo” en material y sin racionalidad. “Les cuento una película de no te menees”, ha proseguido, para hablar de los cursos de carniceros, donde ha explicado que “las prácticas profesionales no laborales voluntarias desde abril 2013 con la aquiescencia de Teresa Florido -el directora general que ha declarado antes que él- se negó a celebrar pese a estar financiadas y programadas”. Es más, sostiene que no se han vuelto a realizar.

Teodoro Montes, quien ha comparecido sin que se pudieran tomar imágenes de él por mandato judicial, ha comenzado leyendo parte de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconoce el acoso laboral del que fue objeto por parte de sus superiores jerárquicos para que “pidiera el traslado a otro departamento”, una situación que según él se ha mantenido en el tiempo, y ha enumerado a todos los que se lo habrían practicado, incluidos “últimamente” compañeros. Entre otras cosas, ha contado que le “bloquean” el acceso a las bases de datos para que haga su trabajo en el departamento donde en estos momentos está solo. Entre las causas para ello, ha comentado que se negó a “firmar certificados de cursos fantasma” o se empeñó en indagar acciones formativas con compromiso de contratación laboral y, tras comprobar que no se había cumplido, le “desaparecía por completo” del ordenador el acceso a estos datos para que no completara su informe.

La versión de este funcionario, que en 2015 fue detenido por la Policía Nacional en la segunda fase de la operación Edu y los agentes creen que podría haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental, se ha centrado en que la formación ha sido sobre todo beneficiosa para las empresas y para la Junta de Andalucía, que “ha obtenido pingües beneficios por influencias, poder y relaciones de todo tipo”. Ha destacado especialmente el “trato de favor” de los principales sindicatos, CCOO-A y UGT-A, pero también a la patronal, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en la adjudicación de subvenciones para estos ciclos.

“Mi departamento se queda obsoleto. No puede actuar”, ha continuado refiriéndose a una “drástica del personal técnico y de documentación”. Ha confesado por ejemplo que hay una lista de espera de tres años para los diplomas de los alumnos. Él tiene pendientes más de 45.000 diplomas “que necesitan los usuarios usuario para trabajar”, pero se ve imposibilitado de darle salida porque en el departamento no tiene equipo y hace de “chacha de barredora, recogedora, administrativo, técnico...”.

En su introducción, ha comentado también que es “una total incógnita” dónde están los expedientes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha soltado una ristra de píldoras de irregularidades que ha ido detectando. Como que “cada año se evaluaban los cursos y los resultados eran decepcionantes para los equipos técnicos”, pese a lo que se repetía el mismo modelo. O que “los cursos se programaban caprichosamente sin tener en cuenta los certificados de profesionalidad”. También ha relatado que no conoce “ninguna sanción” para los beneficiarios de las subvenciones, pese que hay establecida una normativa para los incumplimientos.

Sin medios para controlar

Sin medios para controlarEn este contexto, ha explicado que el seguimiento de los cursos es muy complicado por falta de medios. “Un técnico 217 con cursos es imposible de gestionar”, ha puntualizado, cuando la media debería ser de 50-60, dependiendo de variables como lejanía, horarios... Y ha contado el caso de un curso que inspeccionó, que impartía CCOO-A en un lugar que “no reunía las condiciones”, y que elaboró un informe para pedir su suspensión, pero se lo pararon. De hecho, ha sido el primero en reconocer que recibió instrucciones de sus superiores jerárquicos para tolerar irregularidades, una de las preguntas recurrentes de los comisionados de la oposición a los comparecientes, pero era “imposiciones verbales, y a veces veladas”.

Teodoro Montes, con casi dos décadas de experiencia en la formación y que estaba citado para comparecer hace un mes pero se indispuso, ha ofrecido también a los comisionados expedientes que él sabe dónde están e información a la que no habrían tenido acceso y que podría facilitarles para su trabajo. De todas maneras, su opinión del contenido de los cursos no es negativa. “La gente solía salir contenta de los cursos. Otra cosa es cómo estaban gestionados”, ha reconocido a preguntas de Marta Bosquet (C's).

En su turno, Juan Moreno Yagüe (Podemos) no ha querido hacerle preguntas, sino que, aprovechando que se retransmitía por internet la comparecencia, hiciera un relato de las claves de la formación en Andalucía, lo que le ha permitido entrar en detalles de casos concretos. Por todo ello, entiende que hay responsabilidades políticas porque en la formación “ha habido un gobierno que ha planificado de principio a fin, ha marcado unas directrices de personas e instituciones”. Y tampoco confía en que se vaya a hacer mejor con la próxima convocatoria de subvenciones -las órdenes están previstas el próximo mes de mayo- después de cinco sin ellas porque el Gobierno de Andalucía las paralizó en 2012 tras estallar el escándalo y las últimas se otorgaron en 2011. “Se está haciendo peor de cara a un futuro inmediato”, ha especificado, “con herramientas, directrices y resoluciones que buscan una aplicabilidad que no hay dios que lo ponga en pie”.

La máxima tensión ha llegado en el turno del PSOE-A. Su diputado Rodrigo Sánchez Haro ha acusado a Teodoro Montes de haber “faltado a la verdad” en la comisión de investigación y ha avisado que tratarán de demostrarlo para “tomar medidas”. Le ha echado en cara que haya creado una historia en la todo parezca “una confabulación celestial” contra él, pese a lo que el funcionario se ha ratificado y ha asegurado que todo lo que ha narrado es “contrastable documentalmente”.