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La reforma local amenaza la atención a las mujeres en los pueblos

La iniciativa, impulsada por el PP, deja a los ayuntamientos sin competencias en materia de Igualdad.

Los centros municipales atendieron en 2012 a más de 124.000 mujeres en Andalucía.

De las andaluzas atendidas, 20.314 fueron asistidas por violencia de género (un 16,28% del total).

Miles de andaluzas encuentran en los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), repartidos por toda la Comunidad, el abrigo que necesitan después de denunciar malos tratos. Otras acuden a estas oficinas para conocer mejor sus derechos, recibir información y asesoramiento en salud, empleo o realizar algún curso formativo. "Estas mujeres confían en el equipo técnico y jurídico porque están en su pueblo, a dos pasos de sus casas, y los vecinos tienen estos centros como referencia", dice Rosa de las Heras, asesora jurídica del CMIM de Carmona (Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular). La reforma de la Administración Local que propone el Gobierno central amenaza esta atención directa a las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, pues contempla la supresión de las competencias que desde 1985 tienen los ayuntamientos para poder realizar actuaciones en materia de Igualdad.

Que se produzca esta situación depende de la aprobación final del texto –actualmente en fase de alegaciones-, aunque el borrador ya ha levantado la voz de colectivos, asociaciones y municipios que ven cómo 20 años de trabajo en el acercamiento de los servicios básicos a la ciudadanía pueden venirse abajo. Así lo expuso la semana pasada el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que ha creado un grupo de trabajo en el que las asociaciones analizarán la reforma y su repercusión en las políticas de Igualdad. En esta reunión, el Consejo puso de manifiesto cómo esta reforma dejaría a la Administración local fuera de la Ley estatal de Igualdad, que establece que sean las entidades locales las que integren el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias.

"El problema de esta reforma es que va a afectar directamente a las mujeres más vulnerables, aquellas que tienen más dificultades para acceder a los servicios porque tienen menos recursos, no disponen de transporte y desplazarse a la capital de provincia para acceder a estos servicios puede suponer para ellas un auténtico esfuerzo", afirma la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Ruiz.

La reforma prevé la supresión del artículo 28 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local que capacita a los ayuntamientos para trabajar y promover actuaciones para la promoción de la mujer. Pero también actividades complementarias relativas a la educación, la vivienda o la sanidad. "¿Qué pasará entonces con los programas de prevención de drogas o con las campañas de sensibilización contra los malos tratos que impulsaban los municipios?", se preguntan la directora del IAM.

Una Administración, una competencia

Si la reforma sigue adelante, las administraciones autonómicas y provinciales asumirán las competencias en materia de Igualdad, lo que supondría la desaparición de los 164 Centros Municipales de Información a la Mujer repartidos por Andalucía. Sólo quedarían los ocho Centros Provinciales de la Mujer, ubicados en las capitales. Entre todos, el año pasado atendieron a 124.774 andaluzas. El Gobierno autonómico concedió subvenciones a los municipios por un total de 2.760.000 euros para la gestión de los CMIM. Los ayuntamientos aportaron el 50% del coste total.

Desde el IAM se preguntan cómo podrán financiar los mismos servicios para las mismas personas con menos dinero, puesto que dejarán de contar con la partida de los ayuntamientos si el Gobierno central no prevé fondos extraordinarios a las comunidades autónomas. Muy al contrario, el Ejecutivo prevé ahorrar 7.129 millones de euros al reducir el sector municipal, limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones como centrales de servicios locales.

Para el Gobierno, la finalidad de la reforma es eliminar la duplicidad de servicios y que una sola Administración desarrolle la prestación o servicio– el lema de la reforma es Una Administración, una competencia-. Sin embargo, hasta ahora, han sido los técnicos municipales los que han trabajado codo con codo con los ciudadanos, librando en el territorio la batalla contra la desigualdad y la exclusión. Al menos así lo cree Rosa de las Heras, asesora jurídica del CMIM de Carmona. "Damos una respuesta inmediata e integral a los problemas de las mujeres, sobre todo a las que son especialmente vulnerables, como las víctimas de violencia de género. Hay casos en los que no se puede perder el tiempo. Con la reforma serían las mujeres las que tendrían que dar el paso y desplazarse a buscar esa ayuda. Ese contacto permanente, el seguimiento, ese refugio que encuentran en nuestros centros, desaparecería".

Privatización de servicios públicos

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atendió en 2012 de manera directa, a través de sus centros provinciales y municipales, a un total 124.774 mujeres, lo que supone un 4,2% más que en 2011. Del total, 13.414 eran inmigrantes, procedentes fundamentalmente de Marruecos y Rumanía, y 3.325 mujeres tenían discapacidad. Las mujeres atendidas realizaron 305.717 consultas: el 11,11% fueron sobre orientación laboral, 9,59% sobre violencia de género y el 7,1% sobre formación para el empleo. De las mujeres atendidas, 20.314 fueron asistidas por violencia de género (un 16,28% del total), lo que supone un 3,5% más que las mujeres atendidas por este motivo en 2011. El perfil medio de la mujer por consulta sobre malos tratos es de 39 años, con 1,5 hijos/as y sin trabajo remunerado. Estos centros dan trabajo hoy a 448 profesionales.

Con estos datos en la mano, la directora del IAM asegura que "lo peor de la reforma es lo que no se cuenta: ¿cómo se va a poder ayudar a las mujeres en las zonas rurales, teniendo en cuenta la distribución geográfica de Andalucía?". "Estamos ante un desmantelamiento de los servicios públicos, una situación que puede hacer que si un ayuntamiento no puede poner en marcha un servicio, contrate a una empresa privada para que lo lleve a cabo".

Ante las críticas suscitadas, el Ministerio de Hacienda insiste en que el texto está aún en fase de alegaciones que se están estudiando, por lo que "todo está abierto, y es susceptible de cambio".

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