El reglamento sanitario español lleva dos años paralizado
- Lo han denunciado en el Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública que durante estos días reúne en la Escuela Andaluz de Salud Pública a unos 700 profesionales de 16 países
Parte de la legislación sanitaria española está estancada. La Ley General de Salud Pública que se aprobó hace ahora dos años (el 22 de septiembre de 2011) está sin desarrollar lo que devuelve a España a los niveles de hace quince años. Esto significa, según Fernando García Benavides, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que la población española está enfermando sin que se tenga información exacta sobre sus causas y por lo tanto sobre cómo evitarlo.
La aprobación de esta Ley, que suponía la modernización de la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 y completaba la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCC) de 2003, “no ha servido para nada”, apostilla el responsable sanitario, “y supone una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno”. En estos dos años, se debería haber desarrollado por ejemplo un reglamento que creara una Red de Vigilancia de Salud Pública para controlar entre otros temas la contaminación atmosférica, las infecciones e incluso los problemas laborales. Además, “se deberían haber puesto en marcha un Plan Estratégico de actuación sobre la población”, un sistema interdepartamental donde todos los sectores estuvieran implicados (medio ambiente, educación, empleo…), además de la creación de un Centro Estatal de Salud Pública. “No se ha desarrollado la Red de Vigilancia de Salud Pública (art. 15), incentivos y ayudas en salud pública (art. 15), Consejo Asesor de Salud Pública (art. 45,3) y Centro Estatal de Salud Pública (art. 47)”, sentencia.
Otro de los aspectos que han quedado en el tintero y que podrían arrojar un poco de luz, ahora que las denuncias de enriquecimiento fraudulento están a la orden del día, es la creación de un reglamento que obligará a los profesionales del sistema sanitario a realizar lo que se denomina una Declaración de conflicto de intereses (artículo 11) para conocer si existe algún tipo de confrontación en sus labores como por ejemplo “que los expertos que asesoran a las Administraciones declaren qué intereses económicos o profesionales tienen en los temas sobre los que intervienen”, explica Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández. El también ex director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad va más allá y considera que “quizás esta Ley no se ha desarrollado porque incomoda algunas visiones políticas que la consideran una barrera para desarrollar ciertos aspectos. Y es que, cuando una Administración no cumple su propia Ley es un grave problema”. De hecho, este experto aclara que el Reglamento 16/2012 que estipulaba “dejar fuera del Sistema Sanitario a los Inmigrantes se realizó sin adjuntarle ningún tipo de memoria y estudio sobre el impacto que esta medida tendría sobre la población general, por lo tanto no se cumplió la Ley”. En este mismo sentido, Hernández apunta que con esta Ley se evitarían sospechas y especulaciones cuando desde la Administración se decide recomendar una vacuna, un medicamento o una atención específica, “ya que se sabría si los expertos que han realizado esa recomendación tienen algún tipo de interés económico u de otro tipo con determiandos laboratorios farmacéuticos o empresas sanitarias”.
Aprovechar recursos
Andreu Segura, ex presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), cree que ante “los recortes indiscriminados que se están realizando en Sanidad, sería esencial desarrollar esta Ley ya que permite conocer qué actividades sanitarias aportan algo al sistema y descartar aquellas que no sean importante”. Algo que en estos momentos se está realizando sin ningún tipo de información, aseguran los expertos y que “por lo tanto carecen de legitimación”. En parte, argumenta Segura, “la legislación sanitaria está estancada o paralizada y no se está aprovechando el marco de colaboración que establece la Ley para solucionar problemas latentes en nuestra sociedad”.
Sin embargo, en estos dos años no se ha hecho nada de esto. Así que los españoles, según García Benavides, “nos encontramos que estamos consumiendo productos con unos niveles de contaminación elevados que no podemos controlar y que tenemos una epidemia de obesidad infantil que no estamos tratando”.
“La Ley está en lo que se podría denominar un limbo”, explica el presidente de la SEE, quien también es catedrático de Salud Pública de la Universitat Pompeu Fabra.
Esta situación es la denuncia que buena parte de los profesionales sanitarios de Salud Pública de toda España realizan formalmente y en público al Ministerio de Sanidad. “Consideramos que es el momento de levantar la voz”, apostilla García Benavides, “porque se trata de algo muy serio que el Gobierno no ha cumplido y que hasta la fecha hemos intentado arreglar de manera privada”. Por eso, el colectivo ha escogido el Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública, que durante estos días reúne en la Escuela Andaluz de Salud Pública a unos 700 profesionales de 16 países, para hacer público lo que consideran “un grave problema sanitario”.
