La 'semana horribilis' de la jueza Alaya
La jueza de los ERE (y de Mercasevilla, y de las facturas de UGT-A, y de la gestión de Lopera en el Betis, y del caso Madeja...) no ha tenido su mejor semana. Y eso que, a pesar de que varias de las macrocausas que instruye acumulan un importante retraso, ha logrado dar un empujón a casi todas ellas en uno u otro sentido. No hay día en que no trasciendan novedades procedentes de su juzgado. Pero varias noticias que han visto la luz estos días no habrán sido del agrado de la conocidísima magistrada, truncando lo que parecía un buen inicio de año.
El domingo se hacía público que el multiencausado exgerente de la lonja sevillana, Fernando Mellet, había pedido la imputación de su marido, Jorge Francisco Castro, exauditor de Mercasevilla y que a su vez está ya imputado en otra causa junto al administrador judicial del club de fútbol, designado por ella misma este mismo lunes. El martes trascendía que el ex consejero delegado del Betis y empresario Luis Oliver había recusado a la jueza por supuesta imparcialidad. La Audiencia, también el martes y por enésima vez, revocaba uno de sus autos, en esta ocasión por no haber solicitado en su momento medidas cautelares sobre el exinterventor general de la Junta. El miércoles se conoció un escrito del primer alto cargo de la Junta en entrar en prisión por los ERE, Antonio Fernández, en libertad bajo fianza de 450.000 euros, que le pedía que le devolviera el DNI y que no le hiciera acudir semanalmente al juzgado, lo cual lleva haciendo desde agosto de 2012. Salpicada con la toma de declaraciones a sindicalistas de CCOO el miércoles y el jueves, toda una 'semana horribilis'.
Y eso que 2014 parecía haber empezado bien para Mercedes Alaya. Al menos, mejor que el anterior, ya que a estas alturas del año pasado permanecía de baja por enfermedad. La jueza regresó en marzo al tajo. Y lo hizo enérgica, con la Operación Heracles, parte I. Ya durante este otoño, ha podido escuchar los argumentos de defensa de varios exaltos cargos de la Junta por los ERE. El trabajo se ha ido acumulando y el espacio en los juzgados, por mucha reforma que se haga, es más que limitado. Como regalo adelantado de Reyes, la Consejería de Justicia e Interior informaba el 3 de enero que habían sido adquiridos para el cargado juzgado de Alaya una torre duplicadora, tres unidades grabadoras de DVD, tres discos duros de alta capacidad y tres 'pendrive' también de alta capacidad.
Toda ayuda tecnológica es poca. Por eso, ha debido pensar Alaya, la jueza se desdecía recientemente de una de sus decisiones más comentadas y tenía un gesto hacia las decenas de abogados personados en el caso de los ERE, que tan frecuentemente acuden a su despacho y sala de vistas anexa. Así, dictaba el día 13 de enero un auto por el cual su señoría, como a ella se refieren los letrados dentro y fuera de la sala, les va a permitir el uso de soportes informáticos con programas de gestión de texto durante las declaraciones. Eso sí, “excluyendo en cualquier caso la grabación o comunicación durante el desarrollo” de las mismas o de las pruebas que haya de practicarse. “¿Por qué no quiere que se grabe?”, se preguntaba en una ocasión uno de los letrados mas quejosos con las decisiones de la jueza.
La primera quincena del mes se cerraba con otra buena nueva. Un nuevo fiscal anticorrupción se iba a encargar de la causa abierta contra UGT-A, que también se investiga desde el juzgado de Alaya. Fernando Soto, experto en delitos económicos, representará a la Fiscalía en las diligencias por el presunto desvío de ayudas públicas y el supuesto falseamiento de facturas para justificarlas. La pasada semana concluía con una maratoniana jornada de declaraciones, de las que gusta la jueza, a cuenta de los ERE, y mantenía en prisión preventiva a dos de los implicado en el caso Madeja, que investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Domingo Enrique Castaño, recibió dádivas por la concesión de contratos de mantenimiento a determinadas empresas.
“Conclusiones absurdas e irracionales”
La cosa pareció torcerse el pasado domingo. El abogado de Fernando Mellet afirmaba que en la causa de Mercasevilla concurren “hechos que afectan a la imparcialidad objetiva de la instructora” (Mercedes Alaya) por el hecho de que su marido, Jorge Castro García, auditó como experto de KPMG las cuentas de la lonja antes de 2002 e informes posteriores afirmaron que sus resultados “no configuraban fielmente el estado de situación de la entidad”. Por ello pedía imputarle. Es de recordar que la cuestión de que la presencia de la pareja de la jueza en la causa pudiera ser motivo para que abandonara la investigación ya fue resuelta, técnicamente, hace tres años cuando alguna de las partes pidió su recusación por dicho motivo. La Audiencia lo desestimó.
El 'caso Betis', que se inició hace cuatro años, ha tenido las novedades citadas a comienzos de semana. Ninguna del todo agradable para la jueza, bien por haber designado a un administrador (Francisco Estepa) imputado en otro juzgado, bien porque la intentan volver a recusarla por sus “conclusiones absurdas e irracionales”, según cree Luis Oliver, exconsejero del club hispalense, cuya compraventa presuntamente fraudulenta con Manuel Ruiz de Lopera investiga la jueza. La recusación vuelve a paralizar el caso. Así es el trámite judicial. Las partes tienen que pronunciarse al respecto. La relación de su marido en este caso, si bien es secundaria, también le debe resultar inoportuna.
Alaya también conoció el martes una nueva revocación de unos de sus autos por parte de la Audiencia Provincial. No es la primera vez que la Sección Séptima, que ve los recursos de su juzgado, corrige una decisión de la jueza en el caso de los ERE o en otros. El abuso de la prisión preventiva que muchas de las defensas consideran que lleva a cabo Alaya para con los imputados ha tenido respuesta en resoluciones de la Audiencia permitiendo la libertad bajo fianza de varios de ellos. En este caso concreto se trataba justo de lo contrario. Manuel Gómez, que declaraba a finales de julio, salió impune del despacho de la jueza, sin medida cautelar alguna, la primera vez que ocurría con altos cargos del Gobierno andaluz. Dijeron fuentes del caso que por prestar una gran colaboración. Ahora la Audiencia conmina a la jueza a que le imponga una fianza civil para hacer frente a posibles responsabilidades civiles, como han hecho el resto de imputados.
Precisamente uno de los primeros imputados, al menos de los de mayor categoría en estar implicado en el caso, volvía a la palestra de los ERE por motivos personales. Resulta que el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández le ha remitido un escrito desesperado, a través de su abogado, rogándole que le devuelva el DNI y lamentando que su estancia de varios meses en la cárcel en 2012 le habían convertido en “un paria al que se le han cerrado las puertas del mercado laboral”.
