El caso de Maloma y tres mujeres más llega al Parlamento Europeo para pedir amparo
“Si la UE defiende los derechos humanos, que lo haga también con las mujeres retenidas en el Sahara”. Es el mensaje global que han lanzado las familias españolas de cuatro mujeres retenidas en el Sahara, según la gente que las acogió aún de niñas en suelo español, que han decidido pasar a la acción para reclamar que vuelvan a pisar España, el que, por cierto, es el país de una de ellas, Maloma Morales, quizá la más mediática, involuntariamente, de todas ellas.
Lo han hecho en una carta remitida hoy a la eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Paloma López, otrosí vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sahara Occidental del Parlamento Europeo, a la que le piden una mayor atención hacia las jóvenes de origen saharaui retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia).
La carta, remitida a eldiario.es/andalucia, manifiesta su malestar por “la defensa que hace de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, que tienen un claro objetivo político a favor de las reivindicaciones el Frente Polisario, al excluir conscientemente las violaciones cometidas en los territorios donde este movimiento de liberación nacional es la autoridad competente”.
Las familias se muestran especialmente sorprendidas por el “desinterés” mostrado por López por el caso Maloma, ciudadana con pasaporte español, “secuestrada en diciembre de 2015 cuando se disponía a regresar a Sevilla después de una visita a su familia biológica en los campamentos. Como eurodiputada electa representante de nuestro país -aseguran las familias-, debería defender su libertad y sus Derechos sin ningún tipo de paliativo, máxime conociendo los pormenores de su situación”.
Recuerdan que a Maloma, residente en Mairena del Aljarafe (Sevilla), se unen Darya Embarek Selma (Tenerife), Nadjiba Mohamed Belkacem (Rociana del Condado-Huelva) y Koria Badbad Hafed (Alicante). Para más inri, esta última estaba tutelada por la Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana“.
“Conoce perfectamente esta situación”
Las familias han expresado que les consta que la eurodiputada “es conocedora de esta situación de primera mano” y, por ello, han optado por solicitarle formalmente “una audiencia para exponer en el Parlamento Europeo los detalles y las circunstancias de esta violación de Derechos Humanos, en la que el Frente Polisario y Argelia incumplen sus respectivas obligaciones gubernamentales con los Derechos Humanos del pueblo saharaui, y específicamente con los de 50 mujeres mayores de edad que son víctimas de una privación arbitraria de su libertad y a quienes no se les protege, defiende ni garantiza el libre ejercicio de sus Derechos”, señala la misma carta.
Denuncian en la carta las familias que ven que en las constantes intervenciones públicas de Paloma López en defensa de los Derechos Humanos del pueblo saharaui, en las que reivindica la adopción medidas contra Marruecos por parte del Parlamento Europeo, “no hace mención alguna a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Frente Polisario en el territorio bajo su control, como sucede en los casos de estas mujeres mayores de edad, quienes tienen conculcados derechos referidos al reconocimiento de la identidad jurídica, la libertad de movimiento y la capacidad de pensamiento, opinión, expresión y comunicación”.
“Mientras el caso del secuestro de Maloma se gestiona por la vía diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, las familias de acogida de Koria, Darya y Nadjiba recientemente han denunciado su retención ilegal ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, respondiendo a la insistente y reiterada argumentación esgrimida por los representantes del Frente Polisario que alude a que ”las chicas no han denunciado a sus familias biológicas“, desoyendo así una y otra vez las declaraciones y peticiones de las tres jóvenes pidiendo ayuda para recuperar su libertad, como se refleja en la misma carta, que todavía no tiene respuesta.
Esa petición reclamaría también “poder ejercer su derecho a decidir, sin presiones ni coacciones, dónde, cómo y con quién quieren vivir, pese a que todas han expresado en distintas ocasiones su deseo de regresar a España, una situación de la que actualmente existen otros 46 casos documentados, que no se han hecho públicos por decisión expresa de las víctimas, que temen sufrir represalias”.
