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Sevilla revisará el plan de reforma de los edificios desalojados de San Luis para garantizarles un uso cultural

El desalojo del CSOA Andanza se ejecutó el pasado 17 de julio por orden judicial

Javier Ramajo

La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla revisará en septiembre el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Naves de San Luis que aprobó el consistorio hispalense el pasado 30 de abril, promovido por la Sociedad para la Reestructuración de la Deuda Bancaria (Sareb) y resuelto a menos de un mes de las elecciones municipales. El centro social autogestionado 'Andanza' ocupaba desde hacía año y medio un par de naves de este espacio hasta que fue desalojado y tapiado el pasado 17 de julio. El desalojo está ya recurrido judicialmente.

La aprobación de una modificación urbanística, cuando el anterior mandato expiraba, levantó las iras tanto de los ocupas, que intuían el inminente desalojo, como del grupo municipal de IU. Ambos criticaron duramente la posición tanto de PP como de PSOE en la aprobación de aquel acuerdo porque entendían como “pelotazo urbanístico” el hecho de que desde el Ayuntamiento se recuperaba un convenio de 2005 donde no se contemplaban los usos sociales y culturales vigentes desde el acuerdo de 2009, que le otorgaba además una protección especial al espacio.

Fuentes del Gobierno local socialista aseguran que el objetivo es que el planeamiento garantice el equipamiento cultural del lugar y justifican su voto a favor en aquel momento a que el último convenio preveía un parking subterráneo que estaba vinculado al equipamiento cultural, por lo que se vio razonable suprimir su construcción porque no era viable.

Aunque en el PERI, que abarca un área de 3.778 m2, se explicita “mantener la actividad cultural que se desarrolla en una de las naves” y que “estuvo presente en forma de teatro alternativo” (instalación ahora deribada), desde el PSOE aseguran que existen “informes técnicos negativos” por parte de Urbanismo que advertían de que “se realizaban menores cesiones al Ayuntamiento” y “dejaban en el aire la financiación de los equipamientos”, “vulnerando el espíritu inicial de toda esta operación”. Ahora, añaden, en septiembre se seguirá analizando si se modifica o se paraliza el PERI al objeto de garantizar el equipamiento y la financiación.

Días después del desalojo, el 31 de julio, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción impulsada por este grupo que condenaba la actuación de la Sareb e instaba a la recuperación de los terrenos para que cumplieran su función social y cultural. Esta moción, rechazada por PP y Ciudadanos, iba en consonancia con la medida 49 del acuerdo de investidura suscrito entre Participa y PSOE ('Revisión del Plan Especial de las naves de San Luis para garantizar el proyecto de un nuevo equipamiento cultural'), según recodaba esta formación.

Un espacio en poder de muchas manos

El solar urbano donde se asentaba el centro social Andanza hasta el pasado día 17 de julio estuvo considerado desde la década de los años 80 como un espacio destinado a equipamiento público para el barrio de San Luis-Pumarejo. Así se reconocía en el PGOU de la época. No obstante, los cambios urbanísticos que tuvieron lugar durante las últimas décadas no sólo no consolidaban el uso público de este equipamiento sino que propiciaban varios “pelotazos urbanísticos”, según denunciaban fuentes del Andanza hace unos meses.

Endanza fue el nombre con el que en 1999 arrancó un proyecto cultural que, asentado en la calle San Luis, se convirtió en referencia para las artes escénicas, el flamenco y la danza en la ciudad de Sevilla. En 2005, la propiedad, en manos del Marqués de la Motilla, inició los trámites burocráticos para cambiar el uso de los terrenos, considerados hasta entonces como equipamiento cultural, con el objetivo de propiciar un proyecto urbanístico con viviendas de lujo y aparcamientos subterráneos.

En 2007, con un nuevo PGOU, vigente desde 2006, se desalojó el edificio a la sala cultural Endanza con la promesa de que volverían al lugar cuando hubiera sido rehabilitado. En 2009, y con una nueva legislación que protegía las históricas naves, se firmó un nuevo convenio urbanístico entre Ayuntamiento y propiedad, entonces en manos de la empresa constructora Dexter&Celler. Esta empresa quebró y la entidad bancaria que financió el proyecto (Caja de Extremadura) también quebró meses más tarde como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, siendo rescatada con fondos públicos y pasando la propiedad a manos de la Sareb, que ahora promovió el desalojo del centro ocupado autogestionado y rebautizado como 'Andanza'.

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