“Sánchez sabía que existía la polémica del máster de Montón, pero no que copió”

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha asegurado hoy en Sevilla que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía la existencia del polémico máster que ha terminado provocando la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, aunque no que el Trabajo de Fin de Máster (TFM) fue “un corta-pega de Wikipedia”.

Durante la presentación en Sevilla, junto al juez Joaquim Bosch, ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, del libro El secuestro de la Justicia, un libro que aborda la crisis del sistema judicial, Escolar ha recordado que el caso del máster de Montón ya provocó una pregunta en las Cortes Valencianas, “que ella respondió más o menos que hizo siempre lo que le dijeron”, entendiendo que “la ministra Montón ocultó a Sánchez que su tesis era plagiada”, lo que ha justificado al recordar que no dimitió hasta que fue publicado ese dato en concreto.

“Ella se defendía diciendo que todo lo había hecho el Instituto, pero cuando llegó el asunto del plagio eso ya era suyo. Podía existir una duda sobre todo, pero a partir del TFM falso se demuestra que no”, sobre todo, ha dicho, “porque los trabajos de investigación son de investigación, no un corta y pega”.

Ignacio Escolar se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la ministra termine declarando ante un juez sobre este asunto, señalando que “parece probable, porque tenemos una presunta continuidad delictiva por parte de gente que ya está siendo investigada por este delito”. Lo que sí tiene claro el director de eldiario.es es que “Montón no ha dimitido. El presidente la ha echado”.

Dos semanas de investigación

La información sobre el máster de Montón ha sido fruto de dos semanas de trabajo de un equipo de tres periodistas, a raíz, ha dicho Escolar, de indicios de que se fueron aclarando según iban pasando los días. “Decidimos a finales de agosto que miraríamos ese máster, porque en 2009 a Pablo Casado le regalan uno, dos años después a Cifuentes, y en una clase de 40 alumnos hay 10 enchufados, y el máster de la exministra estaba justo en medio. Decidimos que había indicios para investigar, teniendo en cuenta que algunas de estas cosas terminan en un callejón sin salida”.

El equipo de eldiario.es usó la red Linkedin para localizar a los compañeros de clase de la exministra y a sus profesores. Contactaron con todos, “aunque no todos quisieron colaborar”.

“Tras dos semanas investigando, decidimos ir con todo lo que teníamos, y estuvimos dos horas con ella en el Ministerio. Cambiaba de versión: decía que iba a clase en octubre, luego en enero, y luego en la rueda de prensa dijo que era a distancia. Cuando empiezan a cambiarnos de versión, sabemos que vamos a encontrar más”, ha sentenciado.

El polémico máster ha sido uno de los temas más discutidos en la presencia del libro, en la que se ha analizado la situación actual del poder judicial español, con la premisa de que “en el 90 % de las cuestiones la justicia en España funciona razonablemente bien”, ha dicho Escolar, que ha lamentado la existencia de “trampas” a la hora de definir los aforamientos, la elección de los jueces del Supremo y la Ausencia Nacional.

En este último se ha detenido para citar que es “un juzgado tremendamente excepcional, que se ocupa de corrupción y terrorismo, anómalo en el resto de la jurisdicción europea, que sólo tiene seis juzgados de instrucción, por los que pasan a modo de cuello de botella todos los procesos”, indicando que “siempre será más fácil para el poder vigilar seis juzgados, que muchos más”, sentenciando de nuevo que “intentamos explicar que hay muchos jueces que intentan hacer muy bien su trabajo, imaginaos como sería si pudiesen trabajar en libertad”.

“La sentencia de la Gürtel es casi un milagro”

Joaquim Bosch, por su parte, ha realizado un análisis de la situación del Poder Judicial, indicando que las polémicas por los masters “son una prueba más de que las prácticas irregulares campan a las anchas en nuestro país”.

Por eso, se ha referido a sentencias como la del caso Gürtel, para indicar que “existía un eficaz sistema de corrupción institucional, con lo que es una sentencia que es casi un milagro, tras muchas dificultades, instructores, y falta de recursos para solventarlo todo en un plazo razonable”.

“Es corrupción sistemática que no es producto de la casualidad. No ha habido voluntad política para acabar con la corrupción, porque si todos tuvieran voluntad no estaríamos como estamos”, ha dicho el magistrado, que lamenta que “España está a la cola en numero de jueces y a la cabeza en corruptos”, con jueces “que persiguen con pocos medios y a veces con demasiadas presiones, intentos de injerencia y en muchos casos de interferencias conseguidas que se han hecho a través de muchos mecanismos”.

No obstante, ha defendido que “nuestra democracia tiene problemas, las libertasdes están siendo restringidas, pero esto no es una dictadura”.

Una reflexión también de Bosch a la hora de referirse a Montón, que “no sé si tendrá consecuencia judicial”, pero recordando, a nivel global, que “ahora, los políticos se escudan mucho en que lo que diga un juez, pero cuando algunos hechos manchan la honorabilidad de un cargo público, no debe continuar. El político tiene derecho a callar o mentir ante un juez, pero no puede callar ni mentir ante la sociedad”.

Un análisis de la Justicia y la política en España

El secuestro de la Justicia, comenzó su publicación a comienzos de mayo de 2018, y coincide con un notable aumento del interés de los españoles por las cuestiones relativas a la Justicia como organización y sistema, y sobre el intento de los partidos políticos por secuestrar en beneficio propio la política judicial.

Entre los temas abordados, destacan la lucha contra la corrupción, las injerencias del poder político en el sistema judicial, el uso de la Justicia en el conflicto territorial catalán, los abusos de la banca (preferentes, hipotecas…), el mal funcionamiento de la defensa de la mujer en cuestiones de violencia machista, el deterioro de derechos como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y abuso de la prisión condicional, la limitadísima aplicación de una mala ley: la de Memoria Histórica y, además, la criminalización de los inmigrantes.