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Acuerdo entre el fiscal de Fitonovo y los acusados con reducciones de pena que eluden la cárcel

Archivo - Imagen de archivo de un juicio

EP

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La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha iniciado este martes el juicio correspondiente a la pieza principal de la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, una práctica que se habría prolongado durante al menos 15 años en varias provincias.

El escrito inicial de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se dirigía contra un total de 28 personas, entre ellos el empresario creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo; su hijo y también empresario José Antonio González Baró; el adjunto a la dirección de Fitonovo, Ángel Manuel Macedo Gajete; el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye; la administradora de dicha empresa Pilar Baró Álvarez; el técnico de Fitonovo Ramón Perza o el también comercial Jesús Ávila; así como responsables de otras sociedades relacionadas con la ya mencionada.

En este juicio ha sido incluida además de la citada pieza principal de la macrocausa, la pieza correspondiente a las empresas API Movilidad, Imesapi y Señalizaciones Villar, en la que figuran tres acusados más relacionados con dichas entidades.

Según la Fiscalía, la dirección de Fitonovo, “creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos” y, “al mismo tiempo, creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, acaparó contratos públicos usando medios ilícitos”.

“La entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”, determina el escrito inicial de acusación de la Fiscalía.

Al comenzar la sesión, en la fase de cuestiones previas, el fiscal del caso ha anunciado toda una serie de acuerdos alcanzados con las defensas de la totalidad de las personas afectadas por este procedimiento objeto de acusación por parte de la Fiscalía, a instancias de los mismos; pesando además la personación en la causa de la Abogacía del Estado, de la sociedad Campusport y de la Diputación de Sevilla.

Fruto de dichos acuerdos, la Fiscalía ha admitido las atenuantes de dilaciones indebidas, de confesión y de reparación del daño, retirando el delito de blanqueo de capitales inicialmente apreciado en su escrito de acusación al considerar que el dinero ilícitamente obtenido por la trama fue “ennegrecido” y no blanqueado.

Mediante los citados acuerdos de conformidad, grosso modo, Rafael González Palomo resulta condenado a 28 meses de cárcel, su hijo José Antonio González Baró a 30 meses de prisión, Ángel Manuel Macedo Gajete a 19 meses de prisión y Juan Andrés Brugueras Foye a 30 meses de cárcel, por un delito de grupo criminal en el caso de González Baró, Macedo Gajete y Brugueras Foye; por delito continuado de falsedad en documento mercantil para los cuatro y por delitos de cohecho en el caso de Rafael González Palomo, su hijo José Antonio y Brugueras Foyé, pesando además multas para los encartados.

En paralelo, el fiscal ha instado a la suspensión de las penas de cárcel para todos estos acusados, bajo la premisa de que las condenas de prisión individualizadas respecto a cada uno de los delitos no superan los dos años, extremo en el que ha insistido el representante del Ministerio Público.

Los acuerdos de conformidad anunciados por la Fiscalía y ratificados por las defensas de los acusados y por el Ministerio Público incluyen además la petición de absolución en el caso de varios de los encartados al reconocer los mismos los hechos pero serles reconocidas las atenuantes ya descritas y ser acreditada la prescripción de los acontecimientos en cuestión, mientras por ejemplo para Ignacio Pulido, comercial de Fitonovo, su condena quedaría según el acuerdo de la Fiscalía en diez meses de prisión y una multa por cohecho, también con el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel; y para Pablo Pérez Benedicto, también directivo de Fitonovo, un año y tres meses de cárcel y multa con las mismas circunstancias que los demás.

Otra quincena de acusados reconocen “la certeza de los hechos” atribuidos, “cada cual los suyos”, según el fiscal, aceptando ocho meses de cárcel y multas por un delito continuado de falsedad en documento mercantil con la atenuantes ya citadas de dilaciones indebidas, confesión tardía y reparación del daño, también con la suspensión de las penas de cárcel merced al acuerdo de conformidad alcanzado.

La representación de la Abogacía del Estado se ha adherido a dicho acuerdo pero con relación a los delitos de grupo criminal, cohecho y falsedad en documento mercantil, retirando la acusación formulada por prevaricación pero manteniendo su acusación por fraude a la administración pública. Eso sí, ha anunciado que sus conclusiones definitivas contarán con una rebaja de las penas de prisión e inhabilitación solicitadas merced a los acuerdos alcanzados con las defensas.

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