Las clínicas Vitaldent estafadas se personan este miércoles como acusación particular

Fachada principal del bufete 'Sanguino Abogados', en la calle San Fernando de Sevilla.

Fermín Cabanillas

Las clínicas andaluzas y extremeñas que denunciaron en 2012 prácticas irregulares de la central de Vitaldent se personarán este miércoles como acusación particular en el proceso. Así lo ha comunicado a eldiario.es/andalucia el bufete Sanguino Abogados que lleva el caso.

El ya conocido como 'Caso Vitaldent', que ha desembocado en una operación que desarrolla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional contra la cúpula de esta empresa, comenzó hace cuatro años cuando el bufete de Sevilla empezó a recibir las primeras quejas de clínicas que se habían “franquiciado” bajo la marca, y que veían que no se cumplía lo que inicialmente habían firmado.

En Andalucía, Vitaldent cuenta con 42 clínicas, repartidas en Huelva (2), Sevilla (9), Cádiz (11), Córdoba (3), Málaga (10), Jaén (4), Granada (2) y Almería (1), de las 350 que tiene la empresa en todo el territorio español. Y los abogados que denunciaron el caso se movieron con seis denuncias inicialmente, procedentes de Lebrija (Sevilla), Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Badajoz.

Una vez escuchados los primeros testimonios de sus clientes, presentaron una denuncia el 12 de abril de 2012. El letrado que presentó la denuncia lo hizo en Canillas (Madrid). Posteriormente acudió a defenderla ante la unidad policial que lleva el caso, y cuatro años después se han producido las primeras detenciones, como explican fuentes de la investigación.

Los denunciantes, además de personarse como acusación particular, van a pedir que se haga cargo del asunto un administrador judicial. Esta figura, popular dentro de los clubes deportivos en crisis, está contemplada en el código penal como “una institución prevista por nuestro ordenamiento jurídico como medio de garantía y control y protección de los derechos patrimoniales de las partes en un determinado procedimiento para procurar la plena efectividad de la tutela jurídica que en el mismo se deduce”. Esto quiere decir en la práctica que si hay riesgo de pérdida de inversiones en una empresa en crisis, el administrador vela por esos fondos desde el primer minuto del proceso.

Tras destaparse este caso, los abogados aseguran que están recibiendo más peticiones de clínicas que quieren sumarse a la acusación de las seis denuncias formales que manejan.

Sobre los detalles de lo que se investiga, el bufete sevillano presentó en su día una denuncia al entender que los franquiciados sufrían unos modos incompatibles con la lealtad y el rigor del mercado.

Las denuncias se presentaron por diferencias, entre otras cosas,con los cánones derivados de la publicidad, o al comprobar cómo se obligaba a comprar determinado material que en el mercado estaba mucho más barato. O por presuntos cobros irregulares por imputarles a las clínicas el mal funcionamiento de un sistema informático interno obligatorio. Además, los franquiciados denunciaron que se practicaban continuas auditorías internas a modo de presión.

La causa la instruye el juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a franquiciados.

El Colegio de Dentistas critica el modelo

Según ha podido comprobar el diario.es/andalucia, las clínicas del grupo que siguen operando con la franquicia están manteniendo su actividad con total normalidad, aunque algunas de las consultadas admiten que algunos clientes han llamado preocupados ante la confusión generada al publicarse las primeras noticias sobre este caso.

Entre las reacciones a este caso, el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas han rechazado el modelo de negocio que siguen muchas clínicas dentales franquiciadas que ven clientes en vez de pacientes y que anteponen el interés económico incluso por encima de la salud de los pacientes llegando a la mercantilización del sector.

El presidente del Consejo, Luis Cáceres, ha exigido a la Administración que, tras la detención de la cúpula de Vitaldent, se garanticen los derechos de los profesionales sanitarios y de los pacientes que pudieran verse afectados por esta situación, informa este órgano en un comunicado.

Por su parte, Facua ha acusado a Vitaldent de “desproteger a los clientes” de sus franquicias, además de criticar que no informa a los usuarios ni a través ni de la franquicia ni de la web o de anuncios en diferentes medios de que la franquicia y la mercantil son empresas disociadas.

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