Crónica de una “dimisión obligada”: el jefe de servicio de la Inspección Educativa de Sevilla deja su puesto tras firmar un escrito crítico con la Junta

Una “dimisión obligada” la que ha protagonizado, según sus propias palabras, el hasta ahora jefe de servicio de la Inspección de Educación de Sevilla, uno de los que firmó el pasado viernes, junto a otros 20 inspectores de la Delegación Territorial, un escrito dirigido al consejero del ramo, Javier Imbroda, en el que denunciaban la “falta de líneas de actuación definidas coherentes para un proyecto de educación” y lamentaban la “insólita acumulación de ceses” en el puesto de delegado provincial, los últimos en apenas unas semanas, primero el de la exviceconsejera Marta Escrivá y el pasado 28 de septiembre el de Miguel Martín León al trascender que se encuentra a espera de juicio por apropiación indebida y estafa a una empresa.

La noticia la daba a conocer la asociación REDES en la tarde de este miércoles a través de Twitter, alertando de que Rafael Martín, que así se llama, había sido “cesado”. Este periódico contactó con la Consejería de Educación para confirmar la salida del hasta ahora jefe de servicio. Fuentes del departamento de Imbroda indicaron que no había sido cesado sino que había “presentado su dimisión” con una “carta por registro” y por “motivos personales”.

“O dimites o te ceso, me dijo la viceconsejera de Educación”, señala Martín a este periódico. “Me voy con la cabeza muy alta porque en el Servicio de Sevilla se ha trabajado muy bien. Estaría triste si el cese se hubiera producido por incompetencia en mis funciones, y eso no ha sido así. Sin embargo tengo el orgullo de poder decir que mi dimisión se ha producido realmente por defender la libertad, por firmar un documento en ningún caso hiriente sino donde se indica que la Administración debe ser coherente con los principios de eficacia, eficiencia, profesionalidad e independencia a la hora de nombrar a alguien. A mí nadie me va a tapar mi pensamiento ni mi opinión sobre lo que hay, y si eso es objeto de un cese, yo ceso sin problema de ningún tipo, pero yo no me quedo callado ante circunstancias por las que uno no tiene por qué quedarse callado”.

“Es penoso en la sociedad en la que estamos ahora mismo, que en un sistema democrático no se valoren la eficacia ni la eficiencia de un equipo de trabajo durante un año. La Delegación de Sevilla es muy compleja, con 1.700 centros, con una situación extraordinaria, y que ha sido el único centro de Andalucía que ha finalizado a tiempo el plan de actuación previsto para el curso 19-20 aun a pesar de todos los graves inconvenientes que tuvimos en marzo con el confinamiento. A la valía del trabajo parece que no se le da importancia, sino que se le da importancia a una crítica no destructiva sobre una situación”, comenta Martín, que durante seis años (2012-2018) fue director de la Alta Inspección Educativa del Estado en Andalucía.

El exjefe de servicio ha confirmado que firmó el escrito porque no estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas en la Delegación Provincial, cuya nueva delegada, María José Eslava, apenas lleva unas horas en el cargo tras ser nombrada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta.

Cabe recordar que uno de los inspectores firmantes comentó a este periódico el pasado viernes “lo extraordinario” del escrito conjunto por parte de la Inspección Educativa, algo “inédito” al menos en los últimos 20 o 25 años y que llega cuando “una situación tan dramática requeriría de un proyecto muy claro, con seguridad, con una idea clara de lo que se quiere, pero tanto cambio provoca incertidumbre y desestabilización cuando los centros lo que necesitan es apoyo”. “Nosotros lo palpamos día a día en el contacto con los centros, vemos el malestar, la pesadumbre de la gente, máxime en momentos como estos. Y nos hemos vistos obligados a salir y a mandárselo al consejero para manifestarle lo que pensamos”, comenta este inspector, que rechaza cualquier tipo de interés partidista o político sino que ha surgido de “servidores públicos que somos y que queremos que la educación funcione lo mejor posible. También considera que ”la imagen de la administración se ve dañada con tantos cambios“, abogando en ese sentido por ”extremar las designaciones“.

“Insólita acumulación de ceses”

Los inspectores manifestaban en el escrito enviado a Imbroda su “profunda preocupación” por “la situación que atraviesa la gestión del sistema educativo” en la provincia, recordando que desde la configuración del actual Gobierno andaluz, en 2019, “han sido sucesivamente nombrados y cesados” tres delegados territoriales: Joaquín Pérez Blanes, y los referidos Escrivá y Martín León. En el caso de Escrivá, que estuvo nueve meses al frente de la Delegación, “llegó tras ser separada de su cargo de viceconsejera”, mientras que Martín León “ha ejercido sólo seis días debido a su implicación en causas penales”, señalaron los inspectores en el escrito

Ante ello, lamentaron la “insólita acumulación” de cambios en la delegación, “algunos de ellos sin que se conozcan los motivos”, lo que “transmite una sensación de improvisación, ausencia de rigor y transparencia”, así como una “falta de líneas de actuación definidas coherentes para un proyecto de educación”. “Este panorama”, continuaron, genera “una imagen negativa” de la Administración que resulta “inaceptable para la ciudadanía y para los profesionales de la educación”, especialmente ahora que “a los equipos directivos, el profesorado, los alumnos y las familias se les está exigiendo un enorme esfuerzo y unas responsabilidades añadidas” para afrontar la situación provocada por la pandemia.

“Es exigible que la elección de cargos de importancia se rija por criterios de responsabilidad, mérito, eficacia y servicio público”, añaden. “Nuestra educación no puede permitirse que continúe esta situación”, advirtieron los funcionarios, que solicitaban a Imbroda y a “los responsables de la gestión educativa en Andalucía” que “asuman sus funciones de forma responsable, rigurosa y transparente”. También instaron a la Junta a que adopte decisiones “que respondan a las necesidades estructurales y coyunturales” del sistema público educativo.