Atrapados en el bucle inmobiliario: un pueblo de Sevilla se moviliza contra los inminentes desahucios de varios vecinos

El desempleo y otras cicunstancias vitales les obligaron a tener que vivir de alquiler social, una herramienta que se les ofrece a familias que no tienen otra opción para afrontar el pago de la hipoteca que suscribieron años atrás. La banca ha vendido muchos de sus activos inmobiliarios a fondos de inversión o gestoras que no saben de circunstancias personales ni están obligadas a adherirse a los códigos de buenas prácticas a las que se comprometen las entidades bancarias. Y cuando el alquiler social tampoco se puede asumir, llegan irremediablemente los lanzamientos de viviendas a través de los juzgados. Pasa en muchos lugares, pero en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache “la situación es dramática”, según la recientemente creada Plataforma en Defensa de la Vivienda, que se está movilizando con el apoyo del gobierno local contra los desahucios inminentes de varias familias.

El primero de los lanzamientos estaba previsto para las 9.00 horas de este pasado miércoles. Lioba Sánchez, vecina de la barriada de la Cooperativa, tiene dos hijos a su cargo, uno de ellos con trastorno del espectro autista. Divarian, la inmobiliaria de BBVA y el fondo buitre Cerberus, compró su vivienda a la entidad y ahora esta vecina se ve con un pie en la calle ya que nadie le ofrece una alternativa habitacional. El Juzgado de Primera Instancia 8 de Sevilla ha aplazado tres meses este lanzamiento mientras en San Juan se le sigue buscando “una solución definitiva”.

El caso de Lioba, no así los otros cinco lanzamientos previstos, tiene una particularidad. Su vivienda había sido considerada como “no desahuciable” en virtud de la ley andaluza antidesahucios que aprobó en 2013 el Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida, tumbada posteriormente por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso del PP. Ahora, dado que este tipo de fondos o gestoras inmobiliarias no tienen por qué ofrecer alquileres sociales a las familias que son desahuciadas, caso de Lioba o de los tros vecinos afectados, podrían quedarse en la calle si no le llega una solución urgente.

“Un fraude de ley en toda regla”

Los fondos y gestoras que están detrás de estos lanzamientos de viviendas en San Juan son el citado Divarian, Building Center (sociedad de CaixaBank centrada en la desinversión de la cartera de inmuebles procedentes del grupo), Aliseda (la firma del Banco Popular que gestionaba ese tipo de activos, del fondo buitre estadounidense Blackstone), o Limara, según fuentes cercanas a los vecinos afectados.

Para el caso de Lioba, desde la entidad bancaria BBVA explican a este periódico que no tienen conocimiento del asunto y derivan la interlocución con Divarian, que no se pronuncia al respecto. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Verónica Dávalos explica que se trata de “fondos, gestoras o intermediarias” que, tras adquirir las viviendas, practican una “burla jurídica” porque al afectado se le hace “complicado” saber “quién está realmente detrás de la vivienda” y “quién insta o es responsable del procedimiento hipotecario” o de otra figura similar que provoque el abandono de la casa. “Hay que rascar mucho para conocer el detalle. Es un fraude de ley en toda regla”, opina.

“La situación es dramática”

Hace unas fechas, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache acogió la presentación de la Plataforma en Defensa de la Vivienda en la localidad sevillana, cuyo objetivo más inmediato es frenar los desahucios previstos. Dice su manifiesto fundacional que “miles de familias que no han superado la crisis están en manos de las entidades bancarias y de los fondos buitre, que no van a garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución”, que otorga a todos los españoles el “derecho a disfrutar de una vivienda digna”.

El alcalde San Juan, el socialista Fernando Zamora, reclamó la urgencia de que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central realicen los “cambios necesarios” en la legislación vigente para garantizar el derecho a la vivienda de estas familias, “no solo en San Juan, en Andalucía y en toda España”. Según comenta a este periódico José Luis Salcedo, miembro de la plataforma local, “hay 400 o 500 casos solo en San Juan, la situación es dramática”. Para la portavoz de Adelante San Juan, Blanca Montero, se trata de “una situación brutal” que están tratando de “visibilizar” con concentraciones a las puertas del ayuntamiento, a la espera de que el nuevo Gobierno español de PSOE y Unidas Podemos actúe “ya” para evitar este tipo de situaciones con las familias más vulnerables.

El diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina, junto a la diputada provincial Teresa de Pablo, también han hecho un llamamiento a través de un comunicado para paralizar los desahucios. Molina explica que la situación en dicha localidad “es alarmante” y que “casos como el de Lioba y sus dos hijos se reproducen sistemáticamente en San Juan y en toda Andalucía, donde la legislación ha hecho posible que los bancos y los fondos buitres se estén quedando con las viviendas, echando a la gente a la calle”. Para Molina existe “la oportunidad de cambiar las cosas, para que Lioba y el resto del familias se queden en sus casas. Porque la vivienda es un derecho, como es la educación o la sanidad”.

Soluciones habitacionales “inmediatas”

Desde la Plataforma en Defensa de la Vivienda de San Juan de Aznalfarache solicitan la “suspensión inmediata de todos los desahucios y alzamientos de las viviendas propiedad de las entidades bancarias y fondos buitre”, soluciones habitacionales “inmediatas por parte de todas las administraciones, entidades bancarias y fondos buitre a las personas que están a punto de ser lanzadas de sus viviendas”, así como cambios en la legislación “que protejan a las familias en riesgo de exclusión y garanticen su derecho a una vivienda digna”.

También exigen al Gobierno Central la regulación por Ley de la expropiación de uso de viviendas vacías propiedad de las entidades bancarias o fondos buitre, un control del mercado del alquiler de la vivienda “para frenar la especulación de estas entidades que ha supuesto un incremento insoportable de los precios” y exige “la transferencia a los ayuntamientos de la capacidad legal y administrativa para incidir en cualquier gestión directa a las políticas de viviendas y alquileres que garanticen la vivienda como derecho fundamental como recoge nuestra Constitución”.