La directora de un colegio lleva al juzgado al instituto andaluz contra el acoso escolar por injurias y calumnias

La implicación de la familia incide directamente sobre el rendimiento escolar

Javier Ramajo

La directora de un colegio público de Bormujos (Sevilla) ha llevado al juzgado al director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (IAPAE), Rafael Romero, por presuntos delitos de injurias y calumnias a través de la red social Facebook con “una campaña de descrédito y descalificaciones”al personal docente del centro y a toda la comunidad educativa, incluidas las AMPA de la localidad. Las publicaciones a las que se refiere en su denuncia, por la que este martes declara Romero ante el tribunal, tienen su origen en un presunto caso de acoso escolar del que informó este periódico, archivado posteriormente en otro juzgado, aunque aún pendiente de resolver definitivamente por la Audiencia. La madre de la menor denunció a la directora del colegio, Pilar Rodríguez, pero el juzgado concluyó que ni ella ni ningún otro responsable del centro cometió omisión del deber de socorro.

“Lo único importante para ellos es salvar su miserable reputación (...) Gente así no debe trabajar con menores de edad y mucho menos cobrar por educarlos”. Fue el primer comentario desde la página oficial del IAPAE, el pasado 24 de mayo, a raíz de aquel supuesto caso de acoso escolar. El Consejo Escolar de Bormujos, presidido por el alcalde, con quien también se reunieron en su momento los padres de la niña, emitió seis días depués un dictamen donde condenaba el comentario. Este hecho mereció una respuesta pública el 2 de junio por parte del director del IAPAE donde defiende su libertad de expresión y donde señala que “lo más triste de todo esto es que la noticia para todos los ilustres allí reunidos fuese mi comentario y no el sufrimiento, la ansiedad, el dolor y la salud de una niña de seis años y su familia”.

La denuncia de la directora del CEIP El Manantial recoge capturas de pantalla de estas y otras publicaciones del IAPAE relacionadas con el caso durante aquellas fechas donde se vierten “comentarios falsos, sensacionalistas y de contenido injurioso y calumnioso”. El auto de archivo de la denuncia de la familia fechado el 21 de junio (la denuncia de la directora se interpuso posteriormente, el 15 de julio), recogía que los responsables educativos se habían “indignado” porque con la trascendencia pública del caso se había “dañado gravemente la imagen del centro y la comunidad educativa”.

La familia y el centro, dos visiones

El escrito de la directora recuerda que la menor, según los informes de tutora, orientadora, directora e inspector, no sufría situaciones de acoso en el ámbito escolar después de la apertura del protocolo. La familia de la niña había presentado informes médicos de diverso tipo. “Sospecha de maltrato entre iguales en el ámbito escolar, que está repercutiendo en la salud física y psicológica de la menor” fue el juicio clínico del Hospital Virgen del Rocío el 9 de mayo, adonde fue derivada la niña por su pediatra de atención primaria por una grave incontinencia de orina y heces durante el día. “Algunos estarán sacando pecho y orgullosos de esta noticia pensando que han ganado”, dijo entonces el director del IAPAE en Facebook tras el auto de archivo contra la directora en un mensaje dirigido a la niña.

La directora también reclama al denunciado una indemnización “por los daños morales causados” ya que las presuntas injurias y calumnias “han puesto en entredicho el buen nombre y honorabilidad de todos los docentes, equipo directivo y demás del CP El Manantial de Bormujos”, entendiendo que dicha “actitud de descrédito y difamación a todo un colectivo” debe tener un reproche penal “importante”.

Debe indicarse que la denuncia de la directora se archivó en un primer momento porque el juzgado entendió que era necesaria la interposición de un querella y la celebración de un acto de conciliación, si bien el caso se ha vuelto a reabrir tras aceptarse el recurso de la directora, quien citaba el artículo 215.1 del Código Penal para señalar que la denuncia judicial se puede tramitar “cuando la ofensa se dirija contra funcionario público” sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo, como el juzgado ha entendido ahora que concurre en el asunto. Rafael Romero, entrevistado en este periódico precisamente días antes de que se conociera este caso de Bormujos, donde se muestra muy crítico con el papel de la comunidad educativa ante supuestos casos de acoso escolar, declarará como denunciado en los juzgados de Sevilla este martes

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