Las familias acampadas en Coria por sus hipotecas cumplen cuatro meses “al pie del cañón”

Las familias acampadas ante una sucursal bancaria de Coria del Río en demanda de una renegociación de sus hipotecas han cumplido ya cuatro meses “al pie del cañón”, es decir, protestando frente a la sucursal. El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla tiene abierta una causa en la que tres de estas personas figuran como denunciadas por presuntos delitos de ocupación ilegal y coacciones, por el encierro protagonizado en una sucursal de la capital andaluza.

Claudia Frau, una de las personas que protagoniza esta movilización, ha explicado que la acampada cumple ya “121 días” y los activistas siguen “al pie del cañón”, incluso celebrando actividades y mesas informativas junto a su precario campamento, al objeto de concienciar a la ciudadanía del derecho a la vivienda y de los abusos bancarios.

Como había explicado ya ella misma, todo parte de las hipotecas suscritas por cuatro familias, una de Coria, una de Camas y dos de Sevilla capital, con la entidad financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), perteneciente al Santander, para la adquisición de sus viviendas. Según manifestaba, víctimas de “engaños de todo tipo”, estas familias suscribieron hipotecas “basura” cuyo posterior impago como consecuencia del deterioro de sus economías domésticas ha revelado los “abusivos” términos de tales préstamos hipotecarios.

“Se han hipotecado en muchos casos más de una vivienda, por lo que ahora las familias no sólo perderían la vivienda por la que se hipotecaron (como consecuencia de los impagos), sino además las de sus familiares que pretendían ser sus avalistas y que ellos convirtieron en hipotecantes con sus famosas hipotecas puente o doble garantía”, enfatizaban los afectados.

“Toxicidad financiera”

En ese sentido, estas familias acusan a UCI de “vender productos financieros tóxicos que muchas veces se han colocado a personas que no cumplirían los requisitos técnicos adecuados para contraer un préstamo”. A estos afectados se les han “concedido préstamos casi sin solicitar información de la vida laboral ni documentación, requisitos por los cuales en otras entidades habrían denegado préstamos”, avisan.

Tras “más de dos años y medio” intentando alcanzar un acuerdo con UCI para una salida negociada a cada uno de los cuatro conflictos, estas familias comenzaron hace cuatro meses una “acampada indefinida” ante una sucursal bancaria de la calle Cervantes de Coria del Río, en demanda de soluciones. Dentro de su campaña de protestas, los afectados celebraron una concentración y un encierro en una de las principales sucursales bancarias del centro de Sevilla capital, al tratarse el Santander de una entidad bancaria que participa de la financiera Unión de Créditos Inmobiliarios.

Fruto del “encierro” protagonizado por tres de sus miembros en esa céntrica sucursal bancaria y de una denuncia posterior, devendría la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 14, según los afectados, que defienden que se trató de una protesta plenamente “pacífica”. En la citada causa, estas tres personas figuran en calidad de denunciadas y de hecho fueron citadas por el juez para comparecer ante él a comienzos del pasado mes de julio.