El juzgado rechaza los testimonios de exaltos cargos de la Junta en el juicio contra la Corrala Utopía
Estaban dispuestas a declarar en favor de la Corrala Utopía pero la jueza, durante el propio juicio contra una de las vecinas y a petición de la Fiscalía, ha rechazado sus declaraciones como testigos. Las que fueran máximas dirigentes de las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, la exconsejera Elena Cortés y la exsecretaria general de la materia Amanda Meyer, tuvieron que volver por donde vinieron ya que la jueza ha rechazado que testifiquen como estaba previsto. El juicio contra una de las portavoces de la corrala, María Yanes, ha quedado visto para sentencia con una rebaja en la petición de la pena por parte de la Fiscalía (de 720 a 360 euros de multa).
La jueza ha argumentado que sus consideraciones, así como la del adjunto al Defensor del Pueblo Luis Pizarro, resultaban “intrascendentes” para la resolución del juicio y no aportaban información de relevancia para acreditar o desacreditar la situación de vulnerabilidad social y económica de la acusada. También ha explicado la jueza que las viviendas no eran propiedad de la Junta, si bien se ha aceptado la testifical del que fuera director de la Agencia de Vivienda de la Junta, Rafael Ibáñez, dándose una discusión sobre su figura jurídica, si es o no administración pública.
Esta vista oral se ha desarrollado de manera diferente a los dos juicios anteriores, donde los acusados resultaron absueltos, ya que tanto la jueza como el fiscal eran diferentes. El fiscal no aceptó la petición de la defensa para la no celebración del juicio y la jueza tuvo que recriminar varias veces al letrado de la acusada en el sentido de que no se estaba “enjuiciando a un colectivo” sino a una persona con unas circunstancias personales concretas. Incluso le llegó a decir que podía hablar del derecho fundamental de la vivienda “en el Congreso de los Diputados” pero durante este juicio.
Sobre ese y otros aspectos en materia de vivienda se manifestaba precisamente la exconsejera antes del inicio del juicio, al que había sido llamada, según la defensa, para dar testimonio de las conversaciones institucionales que se mantuvieron en aquel entnces para tratar de solucionar la situacion de las familias, finalmente desalojadas y cuyo realojamiento provocó una crisis en el gobierno de coalición en la Junta entre PSOE e IU:
La defensa ha lamentado que el Ministerio Fiscal actúe “más acusación como una acusación particular” y que estos hechos se hayan dividido en medio centenar de procedimientos por separado, como informó este periódico. El abogado ha visto como la jueza no ha aceptado muchas de sus propuestas, además de las testificales. El fiscal, además de la reducción en la petición de condena al carecer de ingresos, ha dicho entender la “situación de necesidad y angustia” de la acusada aunque ha mantenido su acusación.
Durante el juicio, para el que se han concentrado a las puertas del juzgado casi un centenar de personas apoyando a la acusada (además de los citados dirigentes de IU, acompañadas del secretario de organización de IU, Toni Valero, y del portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevila, Daniel Rojas, se encontraba la concejal de Participa Cristina Honorato), declararon también dos agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el desalojo en abril de 2014, uno de los vecinos de la acusada y el citado exdirector de la agencia de la vivienda, quien recordó la mediacion por parte de la Consejería y las “condiciones extremas” de la acusada, que estuvo varios meses ocupando una vivienda sin luz ni agua pero “sin intención de quedarse en ella”.
Sobre laa circunstancia, clave en el juicio anterior, ha incidido la acusada durante su última palabra, defendiendo que su actuación fue “legítima” y que no quería la vivienda en propiedad sino que la ocupó ante la “falta de respuesta” por parte de las administraciones, “incapaces” de asegurar “el derecho a la vivienda”. Yanes fue apoyada antes del juicio por miembros de la corrala y simpatizantes en un ambiente festivo.
