El juzgado procesa a la dueña de Río Grande, la “intrusa” del ERE y siete investigados más

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra nueve personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas autonómicas a la entidad Río Grande Sevilla S.L.

En un auto fechado el día 30 de abril y difundido por el TSJA, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular acusación.

Entre los nueve encausados en esta pieza separada del caso ERE se encuentran la dueña de la entidad Río Grande, María del Carmen García Sánchez; el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín; el que fuera comercial de dicha entidad Francisco González; miembros de la entidad Atrado Mensajería y de un bufete de abogados y Carmen Fontela, quien figuraba en el ERE promovido por el restaurante Río Grande pese que no formaba parte de la plantilla.

Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra las entidades Río Grande Sevilla, Vitalia, el referido bufete de abogados Estudios Villasís y Atrado Mensajería.