Un tribunal de oposición para la Diputación de Sevilla cambió el criterio de puntuación tras suspender a los 1.121 aspirantes
La prueba tuvo un resultado “insólito”: ninguno de los 1.121 aspirantes pasó la primera fase de acceso a la bolsa de trabajo de acuerdo con las bases de la convocatoria publicadas. Más “insólito” les resultó a un grupo de los opositores que, al publicar las notas, trece días después del examen, el tribunal anunciara que modificaba el criterio que había establecido para establecer las calificaciones. Bajo el nuevo principio, 56 personas fueron finalmente aprobadas. Ha ocurrido en las pruebas selectivas mediante oposición libre a la bolsa de técnico de Administración General en la Diputación de Sevilla.
“Se tendría que haber convocado una nueva oposición dado que esta no ha sido superada por ningún opositor y, sobre todo, el tribunal tendría que haberse planteado qué han debido de hacer mal en el proceso selectivo para que, de casi 1.200 opositores que realizaron el examen, nadie aprobara”, considera una de las afectadas, Joanna Serrano, que junto a otras personas ha presentado un recurso de alzada dirigido al organismo supramunicipal, aportando jurisprudencia que, a su entender, respalda su posición.
Según el baremo que iba a regir la oposición, publicado el 11 de abril, los opositores tenían que tener para la superación de la prueba 37 respuestas correctas, una vez descontadas las penalizaciones de una correcta por tres incorrectas, de un total de 50 preguntas en que consistía el examen, relata la afectada y otros comapñeros de oposición en el recurso. Es decir, había que sacar más de 7'5 sobre 10.
Según explica esta afectada, el primer examen se realizó el 23 de abril, con el referido resultado de todos suspensos. El 6 de mayo “el tribunal trasladó, en el mismo anuncio donde comunicaban las notas, que había decidido modificar las bases de la convocatoria de modo unilateral, con la lista de las calificaciones con nombres y apellidos publicadas en el mismo anuncio, vulnerando además el anonimato que debe regir este tipo de pruebas selectivas”. Todas estas cuestiones constan en el tablón electrónico de edictos de la Diputación de Sevilla. Este es el extracto donde se comunica que el tribunal modificaba el número de respuestas necesarias para obtener la puntuación mínima:
Tras la modificación de las bases, ya realizado el examen y según el nuevo baremo, eran necesarias tan solo 25 respuestas correctas, lo que dio como resultado que 56 personas que estaban tan suspensas como los demás opositores resultaran finalmente aprobadas, “vulnerando así el derecho del resto de opositores a que la oposición se rija por los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad, entendiendo que los derechos de todos ellos han sido vulnerados con este cambio de criterio 'a posteriori'”.
Aunque en este último anuncio se alude a la existencia de “una necesidad urgente e inaplazable”de la creación de la bolsa de trabajo “por los motivos que constan en la parte expositiva de la resolución por la que se aprueban las Bases Generales y la convocatoria, dada la necesidad de contar con personal técnico dedicado a las funciones administrativas de carácter superior”, en aquellas bases se señala que el objetivo de la convocatoria es “para atender las necesidades que pudieran surgir en la corporación”.
Esta afectada señala que la convocatoria mediante oposición para provisión de una bolsa de técnicos de Administración General, publicada el 11 de enero de este mismo 2016, llegaba después de que la Diputación de Sevilla llevara “más de 20 años sin realizar oferta de empleo alguna para personal funcionario, y siendo la anterior convocatoria para constituir una bolsa de técnicos de hace siete años, en 2009”.
Llevarán el caso a la jurisdicción contencioso-administrativa
“Un grupo de opositores, que consideramos que nuestros derechos han sido vulnerados, hemos recurrido esta decisión del tribunal que consideramos arbitraria y no ajustada a derecho y, por ello, susceptible de nulidad”, añade, al tiempo que afirma que han contactado con distintos sindicatos que estiman que tienen base legal para impugnar el proceso selectivo y han decidido analizar sus reivindicaciones, como así están estudiando ya desde la Unión Sindical Obrera (USO), aseguran fuentes de este sindicato.
En opinión de otra de las opositoras afectadas, no se van a quedar “de brazos cruzados” ante lo que consideran “una arbitrariedad y una injusticia como esta”. “Es una cuestión de principios, no queremos ser cómplices de una cosa así”, anunciando que llevarán el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa si su recurso ante el mismo órgano no prospere.
“Se han sacado de la manga un baremo después de realizar el examen: ¿por qué no pusieron el listón en 18 respuestas? ¿o en 35?”, se pregunta, explicando que conocer el número de respuestas correctas influye considerablemente a la hora de contestar un número de determinado de ellas, “pero es que variaron el baremo después de realizado el examen”. “Han cambiado las reglas del juego a mitad del partido, esta convocatoria pública no ha sido ajustada a derecho, aquí la arbitrariedad ha campado a sus anchas”.
“Basta ya de arbitrariedades, basta ya de confeccionar pruebas ad-hoc para unos pocos, basta ya de irregularidades y de arbitrariedades en las oposiciones de la Diputación de Sevilla”, advierte Joanna Serrano, que también señala que llegarán “hasta el final” en este caso. El PP de Sevilla utilizó esta circunstancia hace ya un par de años, haciéndose eco de una sentencia que obligaba al Gobierno socialista a entregar la relación nominativa del personal de la corporación.
