Empleo recula tras pedir a una actriz que devolviera 7.000 euros en prestaciones por una jornada de trabajo
“¿Cuánto somos capaces de soportar por tratar de hacer las cosas bien? Estas son las reglas y las estoy respetando, no me culpes por ello”. El caso de Rocío Hoces, una actriz de Sevilla que fue contratada para una representación teatral en Córdoba, es un ejemplo de cómo se gestionan a veces las cosas sin atender realmente a lo sucedido. La compañía que la contrató a ella y a otros cinco actores no les dio de alta para trabajar ni les abonó lo acordado: 150 euros a cada uno por la actuación. Su denuncia ante la Inspección de Trabajo por no percibir el salario, en lugar de solucionar el caso, ha provocado que haya dejado de percibir durante tres meses la prestación por desempleo y que la administración le reclamara las abonadas durante año y medio, esto es, más de 7.000 euros, desde que hizo aquel trabajo que no constaba en el seno de la administración.
El asunto, que adelantó El País, se ha resuelto, de momento verbalmente, con el reconocimiento del error por parte de los servicios provinciales del Ministerio de Empleo. “Queríamos que se hiciera justicia, que no saliera tan barato que nos hicieran eso y que la actuación de la compañía no tuviera ningún tipo de penalización”, explica a eldiario.es/andalucia la actriz de 35 años. Ella comunicó a los servicios de Empleo, “como tantas otras veces”, que había trabajado durante un día al objeto de que se le descontara de la prestación mensual que viene percibiendo, que compagina con representaciones puntuales. La Seguridad Social así lo contempla para actividades como la de artista, con un régimen especial a través del cual se puede pedir la suspensión de la prestación por las fechas en las sea contratado, como fue el caso de estos actores.
A otro compañero que denunció la situación también se le reclamaba una cantidad, mucho más pequeña, de unos 770 euros. Ambos acudieron en un primer momento a Empleo con la intención de no ocultar el trabajo que realizaron pero en la administración no constaban ni las altas ni los contratos para la actuación. Los servicios de Empleo dieron de alta de oficio a ambos y entendieron que no había sido comunicada en tiempo y forma por el trabajador, no por la empresa, con lo que el pasado diciembre inició sendos expedientes de devolución de lo percibido y la suspensión de la prestación en adelante hasta que se resolvieran definitivamente sus alegaciones, como así ocurrió en enero, febrero y marzo de este año.“No podíamos sospechar que no se nos iba a dar de alta”, recuerda la actriz.
“No me habían dejado hablar con nadie”
Empleo, hasta ahora, le había reiterado en varias resoluciones la “extinción y revocación de prestaciones”, es decir, que devolviera lo ingresado por desempleo, argumentando que las alegaciones que había presentado “no desvirtuaban los hechos” que habían motivado la decisión de la administración de reclamar esos más de 7.000 euros. Hoces explica que ni los propios funcionarios supieron en alguna ocasión cómo Empleo estaba justificando su decisión pero la trascendencia pública de su caso hizo que de inmediato le llamara el “hasta entonces inaccesible” máximo responsable del Servicio Provincial de Empleo para subsanar la decisión administrativa. “Hasta ese día, no me habían dejado hablar con nadie, y se habían limitado a decir que debía haber habido un cruce de datos, porque la situación era clara y los funcionarios constataban que no había habido intencionalidad por parte de los trabajadores”, lamenta tras meses de “clamar y clamar una solución justa”.
La Asociación Cultural Teatro al Cubo, contratada por el Ayuntamiento de Córdoba para una actuación el 12 de septiembre de 2015, tuvo que abonar 82,24 euros de liquidación tras ingresar 3.750 euros del Ayuntamiento seis meses después de la actuación, según publicó El País, y sin haber abonado los 150 euros acordados con cada uno de los actores. “Sólo hemos luchado para cobrar por haber hecho un trabajo”, señala al tiempo que lamenta la “precariedad absoluta” en la que se mueve el sector. Este diario ha intentado contactar con la empresa sin éxito.
Hoces espera que, a partir de la prestación a percibir este próximo 10 de abril y en los sucesivos, se subsane la situación como le han asegurado verbalmente, tras haber “sufrido” y haberse sentido “realmente impotente” ante la administración cuando lo que quiso, junto al compañero, fue denunciar la irregularidad cometida por la empresa al no percibir lo acordado y conocer que no se les había dado de alta. “Nuestro trabajo es así. Tenemos que ir gestionándolo junto a las ayudas”, explica Hoces, que lamenta la travesía vivida por denunciar su caso ante “el monstruo de la administración”.
A la empresa se le ha sancionado “tarde” y “muy baja”
Por su parte, el director de aquella representación teatral, David Montero, lamenta ante este periódico que se acordaron “una serie de condiciones laborales” con la citada empresa y que, cuando se descubrió que no se les había dado de alta, el Ayuntamiento de Córdoba, al que “le constaba” aquello, pagó al proveedor “a sabiendas de que la empresa había cometido una irregularidad”, “amparándose en un recurrente ”los servicios jurídicos dicen que“ y que no podía dejar de abonar los servicios prestados.
En ese sentido, señala que el “disparate de los procesos administrativos” derivó en la situación por la que están pasando los dos actores y que, pese a informarse a la Inspección, a la empresa “se le sancione tarde”, llamando su atención que sea “tan baja” (los mencionados 82 euros) “por no dar de alta” a unos trabajadores.
También considera “terrible” que el asunto haya empezado a “movilizarse” a raíz su trascendencia pública. “Te queda la sensación de que los ciudadanos no importan, lo que importa es la opinión pública”, concluye.
