Nueve ciudades andaluzas se comprometen a eliminar los paraísos fiscales de la contratación pública
Nueve ciudades andaluzas se han comprometido ya a estar libres de paraísos fiscales, es decir, que a la hora de licitar y ejecutar una contratación pública por parte de su ayuntamiento evitarán establecer relación con empresas privadas para prestar servicios públicos que tengan su sede social en países que faciliten la evasión fiscal. Sevilla, una de las primera en sumarse, ha rendido cuentas este jueves un año después de declararse 'zona libre de paraísos fiscales' a iniciativa de la ONGD Oxfam Intermón, no sin críticas por parte de la oposición por la “falta de concreción” de la implementación de la medida aprobada por unanimidad hace ahora un año.
Granada ha sido la última en sumarse, el pasado 30 de junio, y antes lo hicieron Ayamonte (Huelva), Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María (en Cádiz), Marbella y Benalmádena (Málaga) y Priego de Córdoba. Las capitales de Málaga y Sevilla ya han hecho balance de su primer año y sus corporaciones municipales han revalidado su compromiso.
La iniciativa 'Zonas Libres de Paraísos Fiscales', propuesta por la ONGD Oxfam Intermón, se circunscribe dentro del planteamiento general de gestión pública responsable como política de contratación de organismos públicos que introduce criterios éticos. Este planteamiento persigue provocar cambios de comportamiento desde la gestión pública a través de una mayor presión sobre el sector privado mediante la inclusión de estos criterios en sus convocatorias de licitación pública o, alternativamente, fomentar unas prácticas económicas que reviertan en el bien común y penalizar aquellas que lo perjudiquen. En la mayoría de las ciudades mencionadas se han aprobado por acuerdo y, en algunos casos, con abstenciones, explican desde Oxfam.
En Málaga, todos los grupos revalidaron hace unos días su compromiso unánime con el máximo desarrollo y aplicación de medidas como ésta. Más allá del compromiso para combatir la fuga de fondos públicos, desde finales del año pasado, las empresas que concurren a concursos públicos en la ciudad de Málaga deben presentar una Declaración Responsable por la que se comprometen a no llevar a cabo ninguna práctica de elusión ni evasión fiscal durante el desarrollo del contrato, habilitándose la resolución del mismo en caso de demostrarse lo contario.
“Hay margen ya”, considera Oxfam
“El Ayuntamiento de Sevilla tiene la capacidad suficiente para estar funcionando en esto un año después”, ha dicho en rueda de prensa este jueves la representante de Oxfam en Andalucía, Sonia Díaz, quien ha hecho hincapié en querer conocer, junto a los portavoces de la oposición (IU, C's, PP y Participa), los “pasos” del equipo de gobierno local socialista para implementar lo firmado por unanimidad de todos los partidos hace ahora un año.
En ese sentido, el Ayuntamiento hispalense se comprometió en julio del año pasado a hacer pública la documentación presentada por las empresas que opten a concursos públicos, donde se detalle su presencia en paraísos fiscales, y la cifra de negocios, beneficios e impuestos pagados en cada uno de estos. Asimismo, compartirán con otros municipios y con la ciudadanía la información relativa a las decisiones sobre las empresas que han recibido puntos positivos y las que no, en función de su responsabilidad fiscal.
En la rueda de prensa, la delegada de Igualdad y Juventud, Myriam Díaz, ha defendido que “se está trabajando” en un documento similar al aprobado ya en Málaga a finales de 2016 para incorporarlo de algún modo a su iniciativa de cláusulas sociales en la contratación pública y que, durante este tiempo, los esfuerzos del equipo de gobierno se han centrado en luchar contra la competencia desleal y evitar discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. El documento en el que trabaja Sevilla dificultará la concurrencia a la contratación pública de empresas con filiales en paraísos fiscales y favorecerá, a la vez, la promoción de las pymes.
La responsable municipal, no sin la disconformidad del resto de representantes de la corporación por la “poca concreción” de la rendición de cuentas durante la rueda de prensa, ha añadido que durante este año se ha incidido en la formación de técnicos en esta materia, llevada a cabo por el Observatorio de Innovación Social, señalando que el munipio se atañe a lo que marca la normativa actualmente en relación a la contratación pública.
Fuentes del ayuntamiento han ahondado posteriormente en el argumento de las limitaciones legales de un municipio al aludir al decreto del Ayuntamiento de Zaragoza para no contratar a empresas condenadas por operar en paraísos fiscales, aprobado en junio del año pasado pero suspendido el pasado marzo. Díaz decía en la rueda de prensa que quieren ser “rigurosos” a la hora de aplicar medidas de este tipo y se ha referido a la inciativa socialista a nivel nacional para que, en esa misma línea, las empresas presentes en paraísos fiscales no puedan obtener contratos públicos. Oxfam entiende que la iniciativa de la moción institucional de compromiso a ser 'zona libre de paraísos fiscales' “permite atacar lo que no contempla la ley”, concretando que “hay margen” para ejercer una contratación pública fiscalmente responsable en ese sentido.
Oxfam promueve que los ayuntamientos penalicen en sus reglamentos de contratación a empresas con presencia en paraísos fiscales con fines de elusión fiscal. Sevilla, junto a Málaga, se comprometieron a ello en julio del pasado año. Los paraísos fiscales son sistemas opacos por los que pasa la mitad del comercio mundial y que provocan disfunciones a nivel global y local. Con impuestos próximos al 0%, la elusión fiscal de las grandes empresas a través de los paraísos fiscales supone una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y/o no quieren hacer uso de ellos, según explican desde Oxfam Intermón, promotora de la iniciativa.
La elusión fiscal a través de los paraísos fiscales también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales. Debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas, etc., según la argumentación de la ONGD.
Según sus datos, en el último año la inversión desde España hacia los 15 paraísos fiscales más agresivos se ha triplicado con la presencia de filiales de empresas del IBEX-35, lo que demuestra la falta de compromiso de las empresas con una fiscalidad justa y responsable. Oxfam añade que, en el primer semestre de 2016, el 67% de la inversión de entrada en España provino de estos territorios y su utilización para canalizar la inversión directa hacia nuestro país genera cada año unas pérdidas fiscales en torno a los 1.550 millones de euros, equivalente al presupuesto destinado a cooperación al desarrollo.
A nivel nacional, Oxfam Intermón destaca el momento de oportunidad que representa la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Contratación del Sector Público, a la que organizaciones como la Plataforma de Justicia Fiscal y la propia ONGD han propuesto tres enmiendas para incluir consideraciones en línea con esta iniciativa.
