Villalobos presenta un Plan de Cohesión Social con 60 millones para 2016 y 176.000 beneficiarios de 89 pueblos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado este viernes el Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, dotado con 60 millones de euros para 2016, lo que supone un cuatro por ciento más que en el ejercicio anterior. Así, genera 176.000 beneficiarios en 89 pueblos y procura 3.540 contratos directos de profesionales sociales y otros 4.700 eventuales con cargo al Plan de Urgencia Municipal.

Según ha detallado en rueda de prensa Villalobos, junto a la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta, Purificación Gálvez, y la diputada de Cohesión Social e Igualdad, Lidia Ferrera, se trata de un plan para cuatro años, con revisión anual, que apuesta por “el bienestar y la cobertura social”, teniendo también en cuenta el empleo.

Recuerda que el plan está financiado en un 47,8 por ciento por la Junta, con 28,6 millones, y en un 42,2 por ciento por Diputación, con 25 millones --unos 852.000 euros más--. A esto se suman los 5,7 millones aportados por los pueblos, un 1,5 por ciento más y que supone el 9,5 por ciento del total; mientras que el 0,57 por ciento restante proviene del Ministerio de Sanidad, unos 339.000 euros. “Hay que ver quien está a la altura de las circunstancias con sus aportaciones y quien no”, sentencia. Las cantidades de la Junta de Andalucía y al Estado se mantienen, mientras que se incrementan las de los ayuntamientos y la Diputación.

En este marco, anuncia como novedades la realización de un programa con estrategias para habilitar la inclusión social de colectivos en riesgo, inmigrantes y población gitana; y se creará una comisión de riesgo local en materia de infancia con la finalidad de evaluar el número de casos de riesgo de exclusión de menores y prevenir llegado el caso.

Se extenderá a los municipios el programa de la Diputación, en colaboración con entidades, de prácticas becadas para jóvenes con discapacidad intelectual, esperando ampliarlo más adelante a la Junta andaluza. Además, se ampliará a toda la provincia entre 2016 y 2017 el programa de mediación y convivencia comunitaria que ahora se hace en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Igualmente, se incluye la conversión de los Puntos de Información de la Mujer (PIM) en centros territoriales de igualdad de género, dando así cabida a la diversidad sexual y actuando sobre la desigualdad; la incorporación de tres personas para el asesoramiento técnico en servicios sociales o el inicio de la unificación de la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio por las vías de acceso de Dependencia y Plan Concertado.

Tras apostar por el aumento de su participación por parte de la Junta y de la Diputación, lamenta que el Estado haya estado “intentando mutilar” la política social estableciendo las competencias regionales y destaca que este plan pretende dar asistencia técnica a los servicios sociales comunitarios, apoyando los servicios especializados. Indica también la necesidad de colaboración de la Junta y los ayuntamientos para atender una población cada vez más adulta, haciendo mención a la ley de dependencia, ya que “no queremos desequilibrios de atención en los municipios pequeños”. En este marco, ha insistido en su apuesta por realizar la ciudad de la dependencia en Miraflores “cuando termine la crisis”.

Además, señala que las políticas sociales han generado una plantilla de servicios sociales municipales de 3.540 profesionales de municipios de menos de 20.000 habitantes, como trabajadores sociales, psicólogos, administrativos o asesores en igualdad, entre otros. A esto suma los 4.700 contratos del Plan de Urgencia Municipal, lo que supone un total de 8.200 contratos de media al año.

Apunta también a los beneficios para 176.000 personas, como las 800 familias que reciben Ayudas Económicas y Familiares, con 1.485 los menores beneficiarios; las 6.600 personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio; 13.409 personas están en tratamiento en los Centros de Tratamiento de Drogodependencias y Adicciones o las 473 intervenciones en Mediación Comunitaria en 44 municipios de la provincia.

APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN EN LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES

Por su parte, la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta ha apostado por que la Diputación sevillana se una a la elaboración de la Ley andaluza de Servicios Sociales, algo ante lo que Villalobos ha ofrecido su colaboración, y asegura que el plan presentado este viernes en un “reflejo del compromiso” provincial con los vecinos. “Compartimos ese compromiso porque compartimos los valores en los que se inspira el plan”, ha dicho.

Gálvez se ha mostrado convencida de que la sociedad “no puede avanzar si se van dejando personas en el camino, especialmente como consecuencia de la exclusión social” y subraya que la ley permitirá tomar las “mejores decisiones posibles” ante una situación de necesidad. Tras 27 años sin nueva norma y son contar con una ley básica estatal, la nueva normativa andaluza aboga por “blindar los servicios sociales y el acceso en condiciones de igualdad”. “Va a marcar un antes y un después”, sentencia.

Asegura que, “a pesar de las dificultades, se va avanzando y mejorando”, y enumera la reducción de la aportación estatal de un 60 por ciento del plan concertado o de un 49 por ciento ante las adicciones, mientras que la dependencia “la soporta la Junta en un 78 por ciento”. Apuesta por agilizar la gestión de los servicios sociales y por redefinir las zonas de transformación social con un nuevo mapa para plantear una acción integrada.