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8 criterios y 8 precios distintos: Así externalizó el Gobierno de Susana Díaz sus informes sobre custodia de menores

Un informe del nuevo Gobierno PP-Cs revela un "descontrol caótico y arbitrario" en la subcontrata de las empresas que hacen el peritaje para la Junta en juzgados de familia, con una diferencia del 37% en el precio de cada informe psicosocial, según la provincia

La anterior Consejería de Justicia pagaba 180 euros por informe en Huelva y 285 en Málaga, recibía informes de 15 páginas en Sevilla y de 300 en Almería

El Ejecutivo de Susana Díaz dejó comprometido un presupuesto de casi dos millones de euros para empresas de tasación de muebles, vehículos y joyas, de los que 217.000 euros van destinados a informes psicosociales con un plazo de ejecución de dos años

Rosa Aguilar fue consejera de Justicia en el anterior Gobierno de Susana Díaz.

Rosa Aguilar fue consejera de Justicia en el anterior Gobierno de Susana Díaz.

La Consejería de Justicia del Gobierno andaluz, gestionada por Ciudadanos, está barajando varias fórmulas para regularizar los servicios de peritaje judicial que elaboran equipos psicosociales de empresas externas para la Junta. En ellos, como en los que dependen directamente del Ejecutivo andaluz, hay psicólogos y trabajadores sociales que aportar informes a los jueces de Familia sobre la idoneidad de los dos progenitores para ostentar la guarda y custodia de los hijos menores y cuál debe ser el régimen de visitas, siempre velando por el interés superior de los críos.

El departamento que dirige el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, denuncia que su predecesora en área de Justicia, la socialista Rosa Aguilar, es responsable del "descontrol caótico y la gestión arbitraria" en la subcontratación de estos informes. El Gobierno andaluz tiene 16 equipos psicosociales propios -con 15 trabajadores sociales y 19 psicólogos-, pero "debido al volumen de casos que llevan, cada provincia cuenta con un contrato administrativo para externalizar este servicio cuando no se puedan realizar los informes en un plazo de dos meses".

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el anterior Gobierno socialista dejó comprometido un presupuesto de 217.050 euros para costear 748,4 informes psicosociales durante un plazo de ejecución de 24 meses (los contratos externos en algunas provincias están vigentes hasta enero de 2021). Un informe de Justicia sobre las peritaciones judiciales contratadas de forma externa por el anterior Gobierno de Susana Díaz ha revelado "una realidad distinta y desordenada" en cada provincia andaluza, con contratos de licitación diferentes (aun siendo con la misma empresa) y precios distintos para el mismo tipo de informe psicosocial. La horquilla oscila entre los 180 euros que cuesta un peritaje judicial en Huelva -el informe más barato- y otro en Málaga o Sevilla, donde la competencia entre empresas es mayor, y el precio que abona la Junta por cada informe es de 284,35 euros y 280,25 euros respectivamente. También el volumen de los informes varía en función de qué profesional lo haga y dónde lo haga, en algunos casos con una diferencia de 15 páginas por informe en Sevilla a 300 páginas en Almería. 

Los servicios de peritaciones judiciales están subcontratados a través de un concurso de licitación pública que acaparan dos empresas especializadas en peritajes (lo mismo hacen informes judiciales sobre familias que tasan vehículos). Una se llama Tax Valoración S.L (del grupo Tinsa), responsable de los informes psicosociales en Córdoba, Granada y Sevilla; y otra la Asociación de Peritos Judiciales de Andalucía, que hace el peritaje en Almería, Huelva y Jaén. El contrato que la Junta tiene con estas empresas no se limita a la realización de los informes psicosociales (que son, en realidad, una mínima parte de los servicios que prestan para la Administración), sino a todo el paquete completo de tasación (vehículos del parque público, inmuebles, joyas...). En total, el anterior Gobierno socialista dejó comprometido un presupuesto de casi dos millones de euros en contratos de peritos, con distintas fechas del plazo de ejecución, según la provincia (el último contrato, de Sevilla, se prorrogó automáticamente el 31 de enero de este año -con el anterior Ejecutivo en funciones- y estará vigente hasta enero de 2021).

Otro dato llamativo es que el contrato de más cuantía no está en las provincias más pobladas y con más litigios de familia, sino en Granada, con un montante total de 75.400 euros (242 euros por cada informe); le sigue Sevilla (59.000 euros; 280,25 euros por informe); Almería (46.980 euros; 218,9 euros por informe) y Málaga (34.800 euros; 284,35 euros por informe). Llama la atención la provincia de Huelva, donde el coste total de los informes emitidos en los 24 meses del plazo de ejecución del contrato (vigente hasta abril de 2020) es mínimo: un total de 870 euros, a 180 euros el contrato. "O no hay litigios de pareja en Huelva o no se piden informes, no sabemos", contestan desde la Consejería de Justicia.

Sin embargo, hay dos provincias -Cádiz y Jaén- donde la Junta no había sacado a concurso este servicio (o hizo licitación, pero no concursó ninguna empresa), y en su defecto compraba los informes psicosociales a través de contratos menores, es decir, contrataba a un perito particular a través de la Agencia técnica de Peritaciones S.L, y éste emitía una factura. Además el precio en estas dos provincias -266,20 euros por informe en Cádiz y 218,90 euros en Jaén- está entre los más altos de Andalucía, y los actuales responsables de Justicia desconocen cómo se acordó ese coste con la Administración anterior y por qué, si no había competencia pública, está entre los más caros.

En teoría, el precio del informe en cada provincia depende de la concurrencia competitiva entre empresas. La Junta licita usando como referencia los últimos tres años, baremando tanto el número de informes judiciales que se pidió en ese periodo, como el coste total. En base a eso, se lanza un contrato con un número informes para un periodo de 24 meses, prorrogable por otros dos años. En Cádiz y Jaén, al no existir histórico de los últimos tres años en la página de contratación pública de la Junta, el equipo de Marín desconoce cómo se calculaba el precio de cada informe ni cuántos e han hecho en ese periodo. Los contratos menores, en este caso, se pueden hacer hasta un máximo de 15.000 euros sin que esta cifra condicione el número de informes que deben realizarse por esa suma. "Es un descontrol total", dicen los funcionarios que han tomado el relevo de este servicio. Así, la Junta sigue pagando en Cádiz 266 euros por un informe psicosocial, "a través de un contrato menor sin actualizar y prorrogado hasta junio de este año", y con un precio muy superior al "estimado por la Junta en base al breve histórico" que cuentan en la provincia, y que fijaría la media en 173 euros por informe.

Cómo regularizar las externalizaciones

"No se usaba un patrón común para contratar esos informes judiciales, no hay un precio homogéneo ni los criterios de licitación son los mismos", advierten fuentes de la Consejería de Justicia, que descartan nada "ilegal", pero sí se quejan del "descontrol" que reinaba en la gestión de informes que son relevantes en litigios entre parejas sobre la custodia de los hijos. El equipo de Marín baraja ahora varias fórmulas para "unificar los criterios de valoración de los informes psicosociales", así como "homogeneizar los precios" en todas las provincias.

El primer paso será fijar una reunión con peritos de la Junta y jueces de Familia para "estandarizar los informes". La Consejería de Justicia hará modificaciones paulatinas en los contratos públicos para ir, poco a poco, regularizando los servicios externos de peritaje, según vayan expirando los contratos ya comprometidos por el anterior Gobierno. La primera provincia en ponerse a prueba será Málaga, porque también es la primera en la que expirará el contrato anterior. La nueva hoja de ruta pasa, en primer lugar, por fijar un precio máximo de 290 euros en la licitación por informe psicosocial, aunque luego los precios se reduzcan por provincias en función de las ofertas de los concursantes. Luego, a medio y largo plazo, la Junta pretende establecer una tabla de precios a través convenios o encomiendas de servicios con los Colegios Profesionales de psicólogos y trabajadores sociales -usando sus tarifas- , o bien siguiendo con el contrato de licitación pública, pero actualizando el pliego con criterios comunes, entre ellos, por ejemplo, explicitar la obligación de que los trabajadores que realizan los informes deben estar colegiados.

Las quejas del Defensor

Los equipos psicosociales de la Junta han sido objeto de algunas quejas de ciudadanos ("no muy numerosas, pero sí relevantes") ante el Defensor del Pueblo Andaluz, a la sazón, Defensor del Menor, Jesús Maeztu. En su último informe, de 2018, el Defensor enumera "la mala praxis profesional"; "la disconformidad de las empresas contratadas para elaborar los informes psicosociales"; "la ausencia de colegiación de los profesionales del equipo psicosocial" y "demora en la emisión de los informes por dichos equipos". Algunas de estas quejas coinciden con las denuncias que hace Vox y singularmente su líder, el juez de familia en excedencia Francisco Serrano, con el matiz de que el grupo ultraderechista lo atribuye al "féminismo supremacista de izquierdas".

Las quejas que ha recibido el Defensor referidas a las empresas externas "suelen incidir en la no idoneidad de los profesionales que desempeñan el trabajo en las mismas". "Ello supone, en el criterio de los afectados, un menoscabo para los derechos e intereses de los hijos, vulnerando el principio que ha de regir cualquier intervención con menores, que nos es otro que velar por su interés superior", confluye. La oficina de Maeztu inició en 2017 una investigación con visitas a los equipos psicosociales de la Junta para elaborar un informe específico.

En las conclusiones, el Defensor defiende la vigencia de estos departamentos, pero apunta algunas recomendaciones. Por ejemplo, que "la Administración debería establecer unas pautas mínimas sobre los procesos de escucha e información a los menores en la elaboración de las periciales". Además el informe denuncia un "vacío legal", que hace difícil "clarificar y definir, ni siquiera con una mínima nitidez, los derechos y deberes que incumben a quienes se someten al estudio psicosocial o las garantías para el usuario del servicio, incluida la posibilidad más elemental de reclamar contra los informes". El equipo de Maeztu también denuncia el "uso frecuente" y de "escaso control de resultados" sobre la externalización del servicio pericial, sobre todo "durante la crisis económica". 

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