Tres ejemplos de subcontratas de la Junta de Andalucía que no cumplirían las futuras cláusulas sociales y medioambientales

La guía de cláusulas sociales y medioambientales que este lunes ha pactado la Junta de Andalucía con los grandes sindicatos y la patronal para que en un futuro -todavía no hay fecha para su aprobación- rija los contratos públicos llega en un momento en que las condiciones laborales de los trabajadores que prestan este tipo de servicios pasan por muy mal momento, consecuencia también de la precariedad de algunas empresas que se ha instalado como norma desde el inicio de la crisis.

Si cuestiones como excluir de las licitaciones a empresas que con sus sueldos no respeten los convenios colectivos o que no mantengan la plantilla por la que se adjudican la prestación -incluidas en los principios de dicha guía- estuvieran en vigor, se evitarían situaciones como las siguientes. Son tres casos con polémica todavía fresca que han puesto en pie de guerra a los trabajadores que deben prestar un servicio público.

061 y 112

Los servicios de atención telefónica de emergencia del 112 y el 061 son objeto de polémica desde hace meses, hasta el punto de que el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley con los votos de la oposición instando a la Junta de Andalucía a no subcontratarlo con esas condiciones y prestarlo directamente a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Meses más tarde el Consejo de Gobierno aprobó la contratación por otros dos años.

Uno de los principales problemas del sector es que las llamadas de urgencia son atendidas por operadores regidos por el convenio colectivo de telemarketing o contact center. Desde hace años, los sindicatos plantean la necesidad de negociar un convenio colectivo específico.

De hecho, la Cámara de Cuentas emitió un informe de fiscalización integral de EPES en 2002 en el que hacía referencia específica a estos trabajadores y llamaba a la empresa pública a “revisar el modelo y estructura de personal”. Pero 14 años después, el sistema vigente sigue siendo el mismo: trabajadores contratados por una concesionaria que se rigen por un convenio colectivo pensado para los teleoperadores que venden créditos, suscripciones y servicios que poco tienen que ver con las situaciones de vida o muerte a las que se enfrentan.

Monitores de educación especial

El propio Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía ha tumbado en las últimas semanas los pliegos por los que la Consejería de Educación sacó a licitación el servicio de monitores de educación especial en la escuela pública por considerar “inasumible” poder prestarlo cuando se oferta a un precio “muy por debajo del mercado” y que no permite llegar a los salarios fijados en el convenio colectivo del sector.

En sus resoluciones, que han afectado a licitaciones en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, el tribunal ordena a la Junta de Andalucía sacar de nuevo esos pliegos con “un precio de licitación acorde a las circunstancias del mercado”, en un sector especialmente castigado por la precariedad en la que ha caído el empleo en España. De hecho, se da la circunstancia de que en estos momentos hay contratados como personal laboral de la Junta de Andalucía 726 monitores, mientras que otros 902 los son a través de externalizaciones y con unas condiciones laborales mucho peores -cobran apenas cuatro euros a la hora- cuando hacen el mismo trabajo.

Limpieza de hospitales y centros de salud públicos

La situación del personal de limpieza de los hospitales y centros de salud públicos, igualmente subcontratado, tampoco es muy halagüeña. De hecho, las condiciones para la contratación de este servicio impuestas por la Junta de Andalucía llevaron a la creación de la Plataforma en Defensa de los Hospitales Públicos del Sector de la Limpieza, integrada por los sindicatos UGT, CCOO, CGT y CSIF, para defender al colectivo en las distintas provincias, siendo la situación del Campo de Gibraltar una de las más dramáticas, donde empezaron el año con huelga indenifida.

Desde la plataforma han denunciado “el empeño por contratar a la baja sin comprobar que la partida en la que siempre recortan los adjudicatarios es la misma: salarios y medios”. Las adjudicatarias, por su parte, suelen aducir que se ven obligadas a reducir sus plantillas por los retrasos en el pago por parte de la administración.