La empresa de ambulancias denunciada por la Junta planea movilizarse por impagos
Los trabajadores de Ambulacias M. Pasquau, empresa a la que la Junta de Andalucía ha denunciado por supuestas irregularidades, han anunciado movilizaciones si no cobran sus nóminas. Según el portavoz del comité de empresa, Julio Cruz, los empleados están “viviendo una situación económica delicada” que está causándoles problemas personales y puede afectar a la calidad del servicio, incluso a su mantenimiento. “Porque no se puede conducir ni auxiliar teniendo la mente en las deudas”, indican. En 2012 ya protagonizaron varias movilizaciones por retrasos en el cobro de sus salarios. Ahora, aseguran que la empresa les debe los meses de enero y febrero de 2013, algo que el responsable de la entidad, Manuel Pasquau, niega.
En Ambulancias M. Pasquau trabajan 474 personas, la mayoría, más de 300, en la provincia de Jaén. Su volumen de trabajo supera los 3.000 servicios mensuales, entre urgentes y programados. Es el colectivo jiennense el que, por el momento, ha anunciado movilizaciones y ha pedido a la empresa y a la Administración que no los usen “como rehenes”. Además, han advertido que si pretenden “que seamos nosotros los que mantengamos el servicio sin cobrar, esa situación se podrá mantener muy poco tiempo”, porque “no damos garantía de que podamos hacerlo con el ánimo y la profesionalidad que quisiéramos”.
Pasquau también rechaza las acusaciones que le hace la Junta de Andalucía, que la semana pasado presentó una denuncia en un juzgado de Jaén tras la supuesta detección de facturas falsas. El empresario insiste en que no existen irregularidades en su facturación al Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Yo facturo una cantidad global fija cada mes, haga los servicios que haga”, explica el responsable de la entidad. También argumenta que esas son las condiciones de la contrata que, con sucesivas renovaciones y concursos, mantiene con la Administración autonómica desde 2003.
El SAS, por el contrario, entiende que existen “irregularidades” que ha puesto en conocimiento del juez al sospechar que se ha efectuado la “presunta falsificación de la firma del director económico del complejo hospitalario produciendo facturas falsas”, según ha explicado la consejera, María Jesús Montero. También ha subrayado que “son hechos que no se conocían y que se han detectado cuando (las facturas) nos vienen por el banco, ya que esta empresa había hecho un confirming”, una operación que la consejera asegura que las empresas realizan cuando necesitan tener liquidez antes de que se produzcan los pagos por parte de la Administración.
Pasquau advierte que no tiene contratado “ningún confirming” y que esa operación “se usa para pagar no para cobrar”. El empresario ha explicado, además, que el pasado 1 de marzo inspectores de la Consejería se personaron, por sorpresa, en la sede de su empresa en Málaga y que la única irregularidad que constataron fue “que los números de dos matrículas están bailados” en los partes de los servicios realizados, entre los días 22 de enero y 22 de febrero, para el hospital malagueño Virgen de la Victoria. Manuel Pasquau señala que “por ahí tenían que haber empezado antes de haber puesto la denuncia”.
La Junta, por su parte, separa el proceso que se está siguiendo en Málaga del que discurre en Jaén, aunque la empresa sea la misma. La facturación de esta entidad para el SAS supera los 19 millones de euros anuales, sumando los conciertos en ambas provincias para traslados programados y urgentes.
