Transparencia reprueba a la Junta de Andalucía por denegar información pública en el millonario contrato del 112

La Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Presidencia de la Junta tendrá que informar en el plazo de diez días del expediente administrativo en base al cual se incrementó en casi dos millones de euros el contrato mercantil suscrito con Ferrovial Servicios para la gestión del 112 Andalucía, que, posteriormente, también resultó adjudicataria de la nueva concesión hace ahora un año. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía acaba de estimar la reclamación interpuesta en ese sentido por la Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, Ceuta y Melilla “por denegación de información pública”, tanto en esa cuestión como en el desglose, según centros provinciales, del “aumento de horas planificadas” que se había llevado a cabo por parte de la empresa.

Cabe recordar que la Junta firmó con Ferrovial en julio de 2018 una modificación del contrato original (de abril de 2017) que conllevó un aumento presupuestario del 5,9%, justo antes de las elecciones andaluzas y cuya tramitación fue motivo de una querella en los tribunales que finalmente fue archivada. La Junta se apoyó, como pedía Ferrovial, en las “continuas situaciones de emergencia extraordinaria” en Andalucía a partir del contrato original. Ferrovial, tras aquella modificación, había advertido a la Junta que no renovaría en abril de 2019 el contrato de 2017 “dada la imposibilidad de ejecutar el mismo en las condiciones económicas actuales”, a sabiendas de que ya se había aumentado el contrato en 1,17 millones.

En todo caso, Ferrovial Servicios se volvió a adjudicar el año pasado la contratación pública del servicio de Emergencias de Andalucía por 25,6 millones de euros al año con un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogable otros 24, es decir, hasta 2024. La empresa, encargada de la gestión del servicio desde abril de 2017, tiene a cargo las operaciones, desarrollo y análisis en los centros regionales y provinciales e integración de organismos al sistema 112. La CGT-A solicitó en enero de 2019 a la Junta el expediente administrativo por el cual Ferrovial prorrogó su vinculación con la Junta ya que en la resolución de la Dirección General de Interior “remiten a enlaces donde no se encuentra información alguna al respecto”.

“En materia de contratación pública, las exigencias de transparencia de la información cobran una particular relevancia, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, se trata de un sector de la gestión pública que ha de ajustarse a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”, dice la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y que pone fin a la vía administrativa, si bien cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado. “No cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente información pública a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia”, argumenta el Consejo.

Presidencia “ha de formalizar el acceso a la información solicitada”

Es más, “así lo entendió la Secretaría General Técnica, de la entonces Consejería de Justicia e Interior, que concedió el acceso. No obstante, no ha quedado acreditado en el expediente la puesta a disposición de la entidad reclamante de la información solicitada cuyo acceso se resolvió conceder, mediante la oportuna notificación”, recuerda el Consejo. En resumen, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior “ha de formalizar el acceso a la información solicitada”, “acreditando ante este Consejo la puesta a disposición de la misma a la persona reclamante”. Desde la Consejería de Presidencia dirigida por Elías Bendodo, no han querido comentar nada a este periódico respecto a esta resolución de Transparencia.

En otra resolución paralela a esta, en la que CGT solicitó que se le informara del desglose, por centros provinciales, del “aumento de horas planificadas” que se había llevado a cabo por parte de Ferrovial, el Consejo de Transparencia responde en la misma línea que la Junta “ofreció cierta información, sin embargo no ha quedado acreditado que pusiera a disposición de la persona reclamante el desglose por centros provinciales”. “En consecuencia, no habiendo sido alegada por el órgano reclamado ninguna limitación ni causa impeditiva al acceso (...) no puede por menos que, de acuerdo con la regla general de acceso a la información citada, estimar reclamación”.

CGT Andalucía, ante las resoluciones del Consejo de Transparencia de Andalucía, muestra su “satisfacción por forzar a la Administración andaluza a tener que hacer públicos los datos de una millonaria prórroga a Ferrovial, que es igualmente millonaria en opacidad y que se ha venido negando hasta ahora, muestra inequivoca de que se oculta la verdadera razón de aquella prorroga a modo de caramelo tras anunciar Ferrovial su marcha del 112”.

Según su secretario general, Miguel Montenegro, “Igualmente desde CGT lamentamos que hayan transcurrido mas de dos años para que estas resoluciones se hayan producido cuando, en otro proceso opaco y totalmente oscuro, Ferrovial resultó adjudicataria de nuevo de la concesión desde febrero 2020 por 24 meses y que descaradamente se viene incumpliendo por parte de esta empresa del IBEX, cuestión que viene provocando una alta conflictividad laboral (CGT convocó huelgas en otoño y días claves de las pasadas navidades pasada) y que las condiciones laborales de la plantilla del 112 estén judicializadas. La lentitud del Consejo de Transparencia ha vuelto a jugar en favor del ocultismo de Bendodo y Ferrovial”.