Así vive el 35,7% de andaluces que duermen en el umbral de la pobreza

Lidia hoy está muy contenta porque va a llenar su nevera. El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba le ha concedido una ayuda de emergencia de 450 euros durante dos meses. Será la primera vez que tenga ingresos desde que hace cinco meses perdiera el trabajo de barrendera del que no cobra prestación por desempleo porque le duró menos de un año. Sus cinco hijos, el mayor de 18 años y el pequeño con 6, esta noche no se irán a la cama sin cenar como otros días.

Esta cordobesa divorciada tiene 38 años y acumula facturas impagadas y viajes a Cáritas, a Servicios Sociales y a casa de sus vecinos y hermanos para que le echen una mano para vestir y dar de cenar a sus hijos: “Menos mal que comen en el colegio, porque entonces no sé cómo iba a hacer”.

Lidia es una de las cifras con vida del 35,7% de andaluces que viven en situación de pobreza y en riesgo de exclusión, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), y el perfil tipo de las personas que tienen desbordados los servicios sociales de base de los ayuntamientos andaluces.

“El perfil de personas que atendemos es una mujer con hijos menores a su cargo, en situación de desempleo o trabajos muy precarios y que nunca antes había pedido ayuda a Servicios Sociales porque tenían una situación normalizada hasta el estallido de la crisis”, explica Sonia Rosa, jefa del área de Trabajo Social del Ayuntamiento de Córdoba.

A pocos kilómetros de Córdoba capital, en la localidad de Posadas, vive José, con su mujer y dos hijos. Este hombre ganaba 1.500 euros al mes como operario de grúa, hasta que un accidente laboral lo dejó incapacitado y jubilado por enfermedad común, a pesar de que su dolencia fue provocada por el trabajo, con una pensión de 500 euros. De irse de vacaciones todos los veranos, ahora come lo que recolecta de su huerto, “mucha tortilla con pan rallao” y “leche alargá con agua”.

La mujer de José trabaja limpiando casas, pero su salario no llega ni a los 450 euros mensuales. De los 950 euros que ingresan entre ambos, deben pagar casi 500 de hipoteca y estirar el resto para que el mes parezca lo menos largo posible.

“Comemos muchos macarrones y de vez en cuando los vecinos nos compran una bolsita de comida”, afirma con la voz entrecortada por la angustia que le produce verbalizar su situación. José sufre una depresión que, acumulada a sus dos operaciones de columna, le hace pensar a veces que “esta vida no tiene sentido, se ha cebado demasiado conmigo”, se lamenta.

¿Abuela, qué hay de comer?

¿Abuela, qué hay de comer?En el sevillano barrio de La Macarena vive Loli, de 72 años, divorciada y modista jubilada, quien, como tantos abuelos y abuelas, comparte su pensión de 680 euros con sus nietos e hijos en paro. “Paso un poquito de calor y de frío”, admite sin rodeos esta mujer que forma parte del 16% de andaluces que viven en situación de pobreza energética por no poder refrigerar su casa a 18 grados en invierno y a 25 grados en verano.

Loli no va nunca de vacaciones, no sale a tomar tapitas con sus amigas, ni se compra nunca ropa: “Me compro un retal de dos euros y con eso me hago yo mis cositas”, relata sin perder el buen humor ni la ternura. Tampoco compra ternera ni pescado, “salvo boquerones y choquitos que son muy baratos”.

Su exigua pensión la comparte con un hijo que lleva varios años sin encontrar empleo y que vive con ella. También ayuda a otro hijo, casado, que tampoco encuentra faena desde hace casi un año.

Pagar los 15 euros mensuales que le cuesta el spray para la bronquitis le produce tanta asfixia como una crisis respiratoria: “Hay meses que no me tomo algunas pastillas, porque entonces es que no comería”, reconoce con amargura.

Pilar, de 42 años y con una niña de cuatro años a la que está criando sola, es también otra de las personas que forman parte de la lista de andaluces en riesgo de exclusión social. Con los 800 euros que gana de cocinera, tiene que pagar 300 de alquiler, más luz, teléfono y dar de comer su hija.

El único pescado que le pone a la niña para cenar es congelado:“Merluza, por ejemplo, nunca compro porque es muy cara”, reconoce esta vecina del populoso barrio hispalense de San Jerónimo, núcleo que creció al ritmo de una pujante industria y que hoy se degrada al compás del paro, la desigualdad y la pobreza.

De ganar 1.800 euros a 420 al mes

De ganar 1.800 euros a 420 al mesPablo ganaba hace 10 años 1.800 euros al mes, hasta que la multinacional Delphi, industria de la Bahía de Cádiz ligada a la automoción, cerró sus puertas en 2007 y dejó un reguero de cerca de 2.000 vidas truncadas en la provincia de España con la mayor tasa de desempleo.

Tras dos años cobrando el paro, otros tres yendo a cursos de formación remunerados por la Junta y gastar los 30.000 euros que recibió de la empresa por indemnización, Pablo ahora vive con 420 euros de una renta de inserción social que no puede cobrar durante más de once meses continuados.

“No recuerdo la última vez que fui al cine, comemos muchos potajes, no ponemos demasiado el aire acondicionado ni la calefacción y los gastos imprevistos los afrontamos gracias a los abuelos”, cuenta este gaditano de Chiclana de 53 años, con una hija menor y mujer también en paro, que está harto de echar curriculums.

La pobreza invisible

La pobreza invisibleSi las cifras del INE dicen que Andalucía tiene una tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social que afecta al 35,7% de la población, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) aumenta esta realidad hasta el 42,3%, casi 3,5 millones de andaluces.

La diferencia entre ambos porcentajes radica en que las instituciones sitúan en riesgo de pobreza a quienes viven por debajo del 60% de los ingresos medios, que en España son de 10.419 euros por persona.

Por el contrario, la EAPN-A mide el riesgo de pobreza a través la tasa AROPE, un indicador europeo que tiene en cuenta variables como no poder afrontar gastos imprevistos, y/o no permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, no poder comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no disponer de automóvil, de teléfono, lavadora o televisor o tener retrasos en el pago con la vivienda principal o facturas de agua o luz.