La Fiscalía asume la tercera absolución de Agapito Iglesias y la segunda de Carlos Esco
Agapito Iglesias no cometió ningún delito en los magros negocios que hizo con la empresa pública de la plataforma logística Plaza durante los años de la burbuja del ladrillo: el Tribunal Supremo acaba de confirmar su absolución al desistir la Fiscalía Anticorrupción del recurso en el que pedía a la Sala Segunda que revocara su exoneración en el caso del saqueo, que se ha cerrado finalmente con 18 condenados confesos por la trama de corrupción que desvió más de cien millones de euros.
En esa lista de condenados no figura el exviceconsejero de Obras Públicas y consejero delegado de Plaza con los gobiernos PSOE-PAR de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, Carlos Esco, ni tampoco el empresario oscense Miguel Ángel Floría.
Finalmente, los tres únicos acusados (de 25) que rechazaron pactar con Anticorrupción penas reducidas a cambio de una confesión han sido absueltos de manera definitiva. Otros seis vieron como el ministerio público retiraba los cargos contra ellos dentro de los acuerdos que negociaron sus defensas.
Los pagarés procedentes y las facturas sin hinchar
En el caso de Iglesias, se trata de la tercera absolución tras haber pasado en otras tantas ocasiones por el banquillo por asuntos vinculados con la gestión de la plataforma logística, mientras que para Esco es la segunda.
Hace unos meses, el Supremo revocó las penas de cuatro años de prisión que la Audiencia de Zaragoza había impuesto en febrero de 2016 tanto al constructor soriano como al exviceconsejero y al exgerente de la empresa pública Ricardo García Becerril por la entrega de unos pagarés por valor de 8,7 millones de euros que no se correspondían con el proyecto a cuenta del cual habían sido expedidos.
El Supremo concluyó que el constructor tenía otras deudas pendientes de cobro por esa cantidad con la empresa pública, lo que convertía en procedente la entrega de los pagarés.
Entre ambos asuntos, Iglesias salía también indemne del llamado ‘caso Aulario’, en el que estaba acusado de haber hinchado en 1,4 millones el precio final de un edificio que construyó para Plaza.
Otros dos juicios pendientes
En el caso del saqueo, la Fiscalía del Supremo comunicó hace unos días a la Sala Segunda de ese tribunal en un breve escrito de un folio su desistimiento del recurso que Anticorrupción había planteado inicialmente contra la sentencia de la Audiencia de Zaragoza.
Esta había dictaminado que el pago de 58.000 euros por parte de una de las empresas de Iglesias a otra de las hijas de García Becerril no constituían un soborno encubierto ni una falsificación de documentos, ya que el informe por el que los desembolsó era “perfectamente válido y adecuado desde el punto de vista de su contenido, el fin perseguido, los resultados y el formato en el que se redactó”.
En lo que respecta a Esco, la sentencia señalaba que “aun siendo de origen desconocido” una parte de su patrimonio, no existen pruebas que permitan concluir que ese dinero procede de actividades ilícitas desarrolladas en la empresa pública.
Sentencia firme y ejecución
La secretaria de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal del Supremo comunica a la Audiencia de Zaragoza que tiene por desistida a la Fiscalía “a los efectos oportunos”, lo que básicamente consiste en declararla firme y en iniciar el trámite de ejecución para el resto de los condenados en el ámbito penal, de los que solo dos (García Becerril y el exgerente de la UTE Acciona-MLN) deberán ingresar en prisión, y en el civil con el cobro de las multas y las indemnizaciones.
El horizonte penal de Esco queda ahora completamente despejado, mientras que en el de Iglesias, que ya fue absuelto de la demanda en la que Plaza le reclamaba 12,2 millones de euros por unos supuestos sobreprecios cuya existencia desestimaron los tribunales, se mantienen dos nubarrones, ambos relacionados con la gestión del Real Zaragoza en la etapa en la que fue presidente y accionista mayoritario.ç
El primero de ellos es el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011 a cambio de 965.000 euros, que se ha celebrado en Valencia, y la acusación de fraude fiscal por el finiquito del futbolista Petter Luccin, que próximamente tendrá lugar en la Ciudad de la Justicia de la capital aragonesa.
