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ARAGÓN

Interior mantiene al borde de la ruina la mayor comisaría de Policía de Aragón

La caída de cascotes y la apertura de grietas vuelven al cuartel de la calle General Mayandía de Zaragoza, en el que están destinados más de medio millar de agentes

Urbanismo requirió hace ya tres años una intervención integral y urgente en el edificio, obsoleto y ruinoso, cuya financiación sigue bloqueada por la parálisis institucional

El acuartelamiento vuelve a sonar como futura sede de la Jefatura Superior de Aragón dentro de un negocio inmobiliario que incluye el traspaso de la actual a la comunidad autónoma

El agrietamiento de paredes y tabiques es una constante en el edificio policial de Mayandía desde hace años

El agrietamiento de paredes y tabiques es una constante en el edificio policial de Mayandía desde hace años

Las grietas y la caída de cascotes ha vuelto al cuartel policial de la calle General Mayandía, la mayor comisaría de Aragón con más de medio millar de agentes (un tercio de la plantilla de todo la comunidad) destinados en ella y una de las más visitadas por incluir en sus instalaciones la Oficina de Extranjería y la Comisaría del Distrito Centro, según denunciaron fuentes del SUP (Sindicato Unificado de Policía), organización que reclama una intervención urgente e integral en el edificio, cuyo estado resulta ruinoso y entraña riesgos para la integridad tanto de los policías como de los ciudadanos que lo visitan.

Esa intervención lleva, oficialmente, tres años de retraso, que es el tiempo que ha transcurrido desde que, a finales de agosto de 2016, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza envió un requerimiento a la Jefatura Superior de Policía para reclamarle su ejecución urgente.

El informe de los técnicos de Urbanismo que dio lugar al requerimiento, tras una inspección efectuada a raíz de una denuncia del SUP, que optó por esa vía después de que, el verano pasado, los Bomberos hubieran tenido que cortar la calle para sanear una fachada de ladrillo cara vista de la que estaban cayendo cascotes, con evidente riesgo tanto para los usuarios del edificio como para los viandantes que transitan por la zona.

En aquella ocasión, Urbanismo ponía negro sobre blanco el riesgo que suponía para los usuarios el desprendimiento de cascotes, ladrillos y baldosas, por el mal estado de las paredes, al mismo tiempo que constataba el “peligro inminente” por el “desprendimiento de piezas de fachada, como ladrillos sueltos o piezas de vierteaguas”, y llamaba la atención del deterioro que presentaban algunas partes y elementos de las instalaciones de fontanería y de electricidad, deficiencias que, en su mayoría, continúan sin ser corregidas, como ocurre con las ventanas de madera.

Las estructuras del edificio

El documento descartaba que hubiera daños en los elementos estructurales del edificio, construido sobre una parcela de 8,728 metros cuadrados en 1945 y que, en los más de setenta años que han transcurrido desde entonces, nunca ha sido objeto de una intervención integrar para adecuar sus instalaciones.

Sin embargo, explicaron fuentes policiales, la negativa de los servicios técnicos de la Policía a acometer una actuación en el patio/aparcamiento ha comenzado a generar dudas sobre esa consistencia que los técnicos de Urbanismo certificaron hace tres años.

El Ministerio del Interior llegó a activar los mecanismos presupuestarios para rehabilitar el edificio, aunque la partida nunca llegó a estar disponible como consecuencia de retraso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el año pasado, y, ya en este, por su inexistencia. Y nada apunta a que vaya a haber unas nuevas cuentas aprobadas y operativas, como poco, antes de mediados del año que viene.

El cadáver de una rata que murió aplastada seguía siendo visible hace unos días en el patio

El cadáver de una rata que murió aplastada seguía siendo visible hace unos días en el patio Zaragoza

La venta y el traslado de la actual Jefatura

El equipo del ministro Fernando Grande-Marlaska se inclina por acometer esa intervención pendiente a través de Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado), aunque el hecho de que haya vuelto a cobrar fuerza la eventual venta de la actual sede de la Jefatura, junto al edificio Pignatelli, entraña el riesgo de un nuevo retraso para la rehabilitación de Mayandía.

La venta de la sede es uno de los pelotazos que la Administración estatal tiene pendientes en Aragón desde hace varios lustros. Consiste, básicamente, en vender el edificio de seis plantas y varios sótanos del número 34 del Paseo María Agustín para, con esos fondos, financiar la construcción de una nueva sede que, en realidad, consistiría en su traslado a las cercanas instalaciones de la calle General Mayandía, una vez reformadas.

La operación, en cualquier caso, carece de dos componentes imprescindibles: un comprador oficial, papel que en los años de la bonanza y la Expo estaba reservado al Gobierno de Aragón, cuya sede central está en la finca colindante, y las dependencias necesarias para acoger a los servicios que ahora se encuentran en Mayandía (toda la Seguridad Ciudadana de la capital, los grupos de asalto o GOES y los artificieros de los Tedax, además de la Oficina de Extranjería y la Comisaría de Centro) durante las obras.

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