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ARAGÓN

Piden 2 años de prisión para un trabajador que acusa a la empresa de ocultar el accidente laboral que le dejó incapacitado

Guillermo Arias será juzgado el próximo mes en Huesca por presuntas amenazas y coacciones a la empresa en la que sufrió una caída en 1992, que le impidió seguir trabajando

Denuncia que se ocultó la documentación con el alcance real de sus lesiones y reclama que se abra una investigación para conocer los motivos

En 2008  se le detectó el síndrome regional del dolor complejo: “Tengo esa enfermedad desde 1992. Ellos sabían lo que hicieron pero no lo admitían, solo pensaban en el dinero”

"Les dije que o aparecía la documentación o me ponía en huelga de hambre y me moría, pero ellos se quedaban sin fábrica en Binéfar”

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Guillermo Arias padece parálisis parcial y movilidad reducida desde la muñeca hasta el codo de su brazo izquierdo

Guillermo Arias padece parálisis parcial y movilidad reducida desde la muñeca hasta el codo de su brazo izquierdo

La mano izquierda de Guillermo Arias aparece, a la vista de cualquiera, más pequeña que la derecha. Un examen minucioso detecta además una parálisis parcial y una movilidad reducida que alcanza la muñeca y se prolonga hasta el codo. Es la primera evidencia de un calvario de 25 años que comenzó con un accidente laboral y puede llevarle ahora a prisión tras la demanda presentada contra él por la empresa Pinturas Lepanto por presuntas amenazas y coacciones. Durante este tiempo, Arias ha denunciado que se ocultó el alcance real de los hechos para que las responsabilidades de la firma fuesen las mínimas y pide a Inspección de Trabajo que abra una investigación “para aclarar cómo y por qué se taparon el accidente y sus secuelas”.

La vida de Arias tomó un rumbo trágico el 19 de octubre de 1992, cuando tenía 19 años y trabajaba para Pinturas Lepanto en su planta de Binéfar (Huesca). Ahora tiene 44 y, según su versión de los hechos, se subió a una carretilla elevadora sin ninguna medida de seguridad previa para alcanzar unos botes que se encontraban en un altillo, el palé en el que se apoyó estaba roto y se cayó de cabeza desde una altura de cuatro metros.

De Binéfar se le condujo al Hospital de Barbastro donde, asegura, recibió las primeras amenazas por parte de la empresa. El parte médico indica que la caída había sido de un metro, no de cuatro, y que se había roto el codo y padecido un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia, como defiende y mantiene a día de hoy la empresa para argumentar que se trató de un accidente laboral “leve”. Pero Guillermo Arias sintió que tenía rota, además, la mano y un dolor intensísimo en la espalda.

No puede aportar documentos oficiales que corroboren su versión porque, pese a reclamarlos durante dos décadas y media, sostiene que no se le han facilitado. El parte médico, que no dice nada de la muñeca o la espalda, dio pie a una baja laboral de 30 días que se convirtió en un periodo de 23 meses debido, a su parecer, a la negligencia de la mutua Medica Sport de Huesca, ya que denuncia que durante la rehabilitación se le rompió el hueso grande semilunar y sufrió el enaplastamiento del nervio mediano. Arias comenzó a tener problemas cada vez más serios en la mano izquierda y pasó por un periodo que califica de “brutal”. “Me defecaba encima del dolor y en Huesca me decían que era un llorón y que tenía los huesos de cristal”, señala.

Sorpresas desagradables

A comienzos de 1993 comenzó otro periplo de hospitales y mutuas entre Lérida y Barcelona, donde siguió sin poder acceder a su historial médico y le explicaron que “ya no tenía muñeca”. Le volvieron a amenazar, asegura, si denunciaba a Pinturas Lepanto. Lo que ocurrió le sigue pareciendo una “monstruosidad”: “Me rajaron la cadera en la segunda operación y me dijeron que me habían quitado un trozo para injertármelo en la muñeca sin permiso”. De vuelta en Zaragoza se le confirmó que tenía roto el hueso escafoides de la muñeca “pero nadie sabía nada más”.

Un inspector del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aseguró a Arias que, el mismo día del accidente, sufrió las roturas que se produjo durante su proceso de rehabilitación. Llevó a juicio a Pinturas Lepanto por el accidente y a la mutua por negligencia y, como lamenta, “mi abogado no hizo su trabajo, ni tenía los documentos ni dijo que las pruebas presentadas por la empresa eran falsas”. Así, el juez dictó que no tenía ninguna discapacidad y solo se le trató de indemnizar con “143.000 pesetas que no quise aceptar”. La empresa tiene en su poder un parte en el que indica que era un accidente de trabajo leve al caerse por las escaleras, lo que le exonera de cualquier posible investigación posterior.

Arias entró en una espiral demoledora, sin dinero, durmiendo en su coche y pidiendo sobras de comida en los restaurantes. A los 23 años se había intentado suicidar en dos ocasiones. Como se había convertido en norma en su vida, un fatalismo le llevó a despejar la gran ecuación. En 2008 sufrió un accidente de moto y a raíz de las pruebas médicas que le realizaron se le detectó el síndrome regional del dolor complejo, que va en aumento y no tiene cura. Se suele producir por golpe o aplastamiento de dedo. “Tengo esa enfermedad desde 1992. Ellos sabían lo que hicieron pero no lo admitían, solo pensaban en el dinero”, lamenta.

Se le reconoció la incapacidad laboral hace ocho años

Se le reconoció la incapacidad para trabajar en 2010 y el pasado mes de octubre se añadió a su cargado historial la hipersensibilidad al dolor, lo que supone que el cerebro no diferencia un dolor leve de uno grave. Este año se le implantará un neuroestimulador medular para mitigarlo. Además, ha abierto una petición en  change.org que está cerca de las 1.200 firmas.

Los hechos por los que se le juzgará el 21 de febrero en la Audiencia de Huesca se remontan a 2016. Un día, “harto de todo”, Guillermo Arias acudió a la sede de Pinturas Lepanto con una garrafa de gasolina con la amenaza de que o se le entregaba la documentación con sus lesiones o se quemaba vivo.

La Policía Nacional, a través de un negociador, logró tranquilizarle y al día siguiente recibió una llamada de la empresa. Aun sabiendo que se estaba grabando, Arias dice que “se me hincharon los cojones, y les dije que o aparecía la documentación o me ponía en huelga de hambre y me moría, pero ellos se quedaban sin fábrica en Binéfar”. La empresa corrobora esta versión. Le denunciaron por coacciones y amenazas y la acusación particular solicita 2 años de prisión y una multa de 15.000 euros. El Ministerio Fiscal reduce la pena a 18 meses.

Arias reconoce que “aunque denuncie una ilegalidad, son coacciones”, y se espera, tras haberlo consultado con su abogado, que haya condena. Al tiempo, considera que una vez que conoce el origen y el alcance de sus dolencias puede demandar a Pinturas Lepanto por “irresponsabilidad” tras el agravamiento de las secuelas producto de aquel accidente laboral. “Necesito justicia. Me dijo un inspector que nunca lo lograría y voy a hacerlo. Mi meta es demostrar que tuve un accidente y que lo han tapado”, concluye.

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