Ayuntamientos, comarcas y diputaciones aragonesas adjudican a dedo uno de cada cuatro contratos
Ayuntamientos, comarcas y diputaciones siguen recurriendo a la contratación a dedo y a la opaca fórmula de la licitación mediante procedimientos negociados y sin publicidad: el reciente Informe de Fiscalización del Sector Público Local elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón señala cómo la cuarta parte de los contratos adjudicados por esas instituciones fueron tramitados mediante esa fórmula; concretamente, 290 de un total de 1.154 (25,12 %).
Los tres apartados en los que más a menudo se utiliza ese modelo de licitación, en el que es la propia administración la que elige a las empresas que pueden competir por la contrata y les invita a hacerlo sin anunciarlo en los boletines oficiales, fueron los de las obras de construcción (99), la prestación de servicios (86) y los contratos privados (71).
No obstante, la fórmula más habitual suele ser la del procedimiento abierto y con publicidad, utilizado en 686 de las 1.154 ocasiones (59,4 %), a mucha distancia del procedimiento negociado con publicidad (10), en el que se anuncia que la licitación va a llevarse a cabo para, a partir de entonces, restringir el acceso a la misma.
Otros 165 contratos de las administraciones locales aragonesas aparecen anotados en el apartado de “otros”.
Gastar sin control, o saltándoselo
El informe de la Cámara de Cuentas se centra en otros aspectos como el cumplimiento de los reparos de los interventores a las iniciativas de los alcaldes y los concejales, que no son prescriptivas aunque sí informan acerca de las posibles irregularidades en las que pueden incurrir.
En este sentido, el informe destaca cómo “51 entidades locales comunicaron la adopción de acuerdos contrarios a reparos por importe de 22 millones de euros” mientras otras 23 “adoptaron expedientes con omisión de fiscalización previa, por importe de 57 millones de euros”.
“La principal modalidad de gasto sobre la que se adoptaron acuerdos contrarios a reparos y con omisión de fiscalización previa fue la relativa a la contratación”, añade el dictamen.
El saneamiento económico de ZeC
Pese a que se mantienen esas rémoras de opacidad y escaso respeto a la supervisión de los interventores, el informe de fiscalización reseña un notable avance en la gestión de la llamada “cuenta 413”, la que registra a los “acreedores por operaciones devengadas”, que son las facturas en el cajón, los pagos pendientes al acabar el ejercicio.
Ese saldo “fue un 58 % inferior al importe registrado en el ejercicio anterior”, en el que había ascendido a 39,96 millones que al cierre de 2017 se habían reducido a 16.912. Esa evolución se dio “principalmente por la reducción en el Ayuntamiento de Zaragoza” de los registros de esa cuenta, un dato que refuerza la labor de saneamiento económico que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) llevó a cabo durante su mandato.
Algo más de cuatro de cada cinco euros pendientes de cobro en 2016 por las empresas y los autónomos que habían suministrado bienes o servicios a los entes locales aragoneses, 32,76 millones de 39,96, procedían del Consistorio zaragozano, que en un solo año redujo esa cifra a menos de una tercera parte (9,85).
Llama la atención que el volumen de deuda por facturas en el cajón solo bajara en los ayuntamientos de mil a 5.000 vecinos y en los de menos de cien, así como en las diputaciones (820 menos, aunque superaban el millar) y en las comarcas (18).
Por último, el informe destaca el superávit de 129 millones de euros que alcanzaron las administraciones locales aragonesas en el ejercicio de 2017, en el que los ingresos ascendieron a 2.015 y los gastos a 1.886, con grados de ejecución superiores al 90 % en ambos apartados.
