El Gobierno de Aragón elude aclarar con qué criterios avala el centro comercial de Pikolín
Lo escueto de la respuesta de la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, a una pregunta de la diputada de IU, Patricia Luquín, sobre los criterios por los que el Ejecutivo ha avalado la propuesta de construir un centro comercial en los terrenos de la fábrica de Pikolín, ha llevado a esta formación a presentar una queja formal ante la Mesa de las Cortes.
La respuesta era esta: “El informe y los criterios utilizados por el Gobierno de Aragón sobre la tramitación del Plan especial del Área H-61-5 de Zaragoza son los establecidos por la Ley 4/2015 de Comercio de Aragón”.
La pregunta se interesaba por tres aspectos de este polémico proyecto. La parlamentaria intentaba conocer los criterios que aplicó el Ejecutivo para realizar el informe, la opinión de la Consejería “sobre las conclusiones a que se refiere dicho informe y que contradice el emitido anteriormente” por la misma institución y, por último, si el Departamento considera “que la apuesta por las grandes superficies comerciales es compatible con la defensa del pequeño comercio”.
Una respuesta incompleta
Gastón, sin embargo, optó por eludir responder a esas cuestiones, lo que ha llevado a IU a formular una queja. La diputada considera que, con la “incompleta” respuesta, la consejera “no cumple con el compromiso” de informar a los parlamentarios.
El proyecto del outlet de Pikolín es uno de los asuntos que enfrenta al PSOE, favorable a su aprobación tanto en el Gobierno como en el Ayuntamiento de Zaragoza, con formaciones de la izquierda como Zaragoza en Común (ZeC), Izquierda Unida y Podemos, contrarias en ambas instituciones.
El informe de la Comunidad, correspondiente a los eventuales efectos comerciales del proyecto, fue tramitado en seis días –dos de ellos correspondientes a un fin de semana- cuando la Consejería disponía de un mes.
Permisos supeditados
La resolución avala el proyecto sin especificar un criterio y dejando claro que la concesión de permisos por parte de la Comunidad para establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados están supeditados a que previamente el ayuntamiento, en cuyo término estén proyectados, emita los suyos.
En este caso, el Gobierno de Aragón recomienda estudiar “la incidencia de la instalación del equipamiento, tanto en el municipio como en los municipios del entorno y su área de influencia”, así como los “problemas de movilidad” que pueda ocasionar y prestar atención a la eventual “generación de nuevos núcleos de población no previstos”.
El proyecto de Iberebro para los terrenos de la actual fábrica de Pikolín, conocido como Torre Village, prevé generar 105.000 metros cuadrados de superficie de venta en 19 edificios con una inversión de 111 millones de euros para crear 588 empleos. También contempla 428 plazas de aparcamiento.
