Problemas geológicos y tropelías ambientales dejan en el aire la construcción de cuatro grandes embalses en Aragón
En Aragón, de unos años a esta parte, los pantanos no se empiezan o no se acaban, ya sea por cuestiones ambientales o por condicionantes geológicos: ocurre con las principales, y millonarias, obras hidráulicas planificadas en la Comunidad. Las dos principales que se encuentran en fase de construcción, el recrecimiento de la presa de Yesa para elevar su capacidad de casi 450 a más de 1.500 hectómetros cúbicos y el embalse de Montearagón, están afectadas por problemas de carácter geológico: las laderas de sus vasos son inestables.
Las obras de Yesa fueron adjudicadas por 113 millones de euros en enero de 2001, y las previsiones de los últimos Presupuestos Generales del Estado apuntan a que superarán los 370 y que no finalizarán antes de 2018.
La última partida, de 23 millones, tiene como finalidad expropiar las viviendas de las urbanizaciones Mirador de Yesa y Lasaitasuna, de las que tuvieron que irse sus inquilinos en febrero de 2013 tras aparecer grandes grietas en la ladera sobre la que se asientan las casas y el estribo derecho de la presa. Está pendiente de que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe una resolución para ampliar el perímetro de seguridad del embalse. Los trabajos de estabilización de esa misma ladera, que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) da por concluidos, costaron otros 25.
Un pantano sobre una falla
El recrecimiento de Yesa, cuyo llenado obligó a abandonar sus casas a un millar y medio de personas en los años 60, siempre ha estado rodeado de polémica. Diseñado para garantizar el abastecimiento de agua de Zaragoza y su área metropolitana y para consolidar la agricultura de 65.000 hectáreas de campos de las Bardenas y las Cinco Villas, sus dimensiones fueron reducidas a principios de la pasada década tras un acuerdo de la llamada Mesa del Agua, un órgano de debate creado para reorientar los desarrollistas y poco ambientalistas principios de la política hidráulica aragonesa.
Las obras siguen en marcha y el cuerpo de la presa continúa subiendo en una actuación cuyo promotor, el Ministerio de Medio Ambiente, reconoció por primera vez en agosto de 2010 que se asienta sobre una falla. Lo hizo en la declaración de impacto ambiental, en la que quitó hierro al asunto con este razonamiento: “La actual presa lleva más de 50 años en funcionamiento con la falla en cuestión en sus cimientos sin producirse ningún problema de filtraciones o estabilidad”.
Paralizado un embalse de 58 millones
La operación de llenado del embalse de Montearagón, un pantano con capacidad para quince hectómetros cúbicos en el río Flumen diseñado para garantizar el suministro de agua a Huesca y poner en riego 4.140 hectáreas de secano, lleva paralizada dos años. Concretamente, desde que en mayo de 2013, cuando el agua iba a alcanzar el primer escalón de esa prueba, se produjeron deslizamientos en una ladera de la zona de cola.
La cota máxima de llenado sigue desde entonces limitada a 25 metros de la coronación. Y continuará ahí, inutilizando de manera preventiva una inversión de 58,2 millones de euros, mientras el Ministerio de Medio Ambiente siga sin aprobar y ejecutar las obras que impidan que vuelva a pasar algo así. Fuentes de la CHE explicaron que los informes de seguimiento de la ladera indican que se encuentra estabilizada.
Inundar zonas protegidas
El deslizamiento detectado en otra ladera obligó hace unos meses a los responsables del ministerio que dirige Isabel García Tejerina a descartar el recrecimiento de la presa de Santolea, en el río Guadalope, y a buscar una nueva ubicación cuyo proyecto y declaración de impacto ambiental están pendientes de aprobación.
Por otro lado, las obras del embalse de Mularroya, en el río Grío, afluente del Jalón, llevan más de dos años, desde marzo de 2013, paralizadas por orden judicial: iba a inundar varias zonas incluidas en la Red Natura 2000 por su interés ambiental. Su reanudación está pendiente de que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe la nueva declaración de impacto ambiental que sustituya a la que la Audiencia Nacional anuló en 2009.
El viejo Pacto del Agua y las nuevas Cortes
Todas estas obras, entre otras, estaban incluidas en el llamado Pacto del Agua, un acuerdo adoptado de manera unánime en junio de 1992 por unas Cortes de Aragón de las que no tenían representación tres de los siete partidos que contarán con diputados a partir del próximo día 18: Chunta Aragonesista, Podemos y Ciudadanos.
El Pacto del Agua siempre ha estado en el eje de las intensas polémicas que los proyectos trasvasistas de los gobiernos centrales han impulsado desde mediados de los años 90. Sus opositores sostienen desde entonces que ese catálogo de obras tenía como objetivo aumentar la regulación de los ríos aragoneses para garantizar la disponibilidad de caudales transferibles al arco mediterráneo.
Sin influencia en las riadas del Ebro
Sin embargo, algunas de las principales piezas de ese presunto plan de obras maquiavélico ya han sido descartadas, como los macroembalses de Jánovas, en el Ara, y el de Santa Liestra, en el Ésera, que iban a permitir almacenar 800 hectómetros cúbicos. Y otros, como Biscarrués, fueron redimensionados para que su capacidad, si llega a ser ejecutado, pasara de 192 millones de metros cúbicos a 35 y evitara anegar Erés, el último pueblo aragonés que ha vivido la amenaza de desaparecer engullido por un pantano.
La existencia de la mayoría de esos embalses, por otro lado, no habría tenido ninguna influencia a la hora de laminar riadas como las que el pasado mes de marzo provocaron cuantiosos daños en un centenar de poblaciones aragonesas. Los ríos que suelen provocar las crecidas en el eje del Ebro están sin regular y discurren por Navarra, como el Ega y el Arga, o ya tienen pantanos en su cauce, como el Irati.
Actualización embalse Mularroya
La construcción del embalse de Mularroya ha quedado este lunes pospuesta sin fecha tras la publicación en el BOE de una declaración de impacto ambiental formalmente positiva que, en la práctica, impide el llenado del vaso antes de que haya sido declarada junto a este una superficie de Zepa (Zona Especial de Protección de Aves) igual a la que será inundada en las Hoces del río Jalón. Ese trámite, en el que deben participar la comunidad autónoma y la Unión Europea, tiene una duración de varios años.
