La sanidad aragonesa gasta 11,3 millones en intereses de deudas heredadas del último Gobierno del PP
El Gobierno de Aragón sigue pagando una factura millonaria por pleitos heredados de la legislatura pasada, en la que la gestión económica del Ejecutivo PP - PAR de Luisa Fernanda Rudi provocó un elevado aumento del déficit y de la deuda pública.
Según una respuesta del consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, a la diputada de Podemos Itxaso Cabrera, “el Servicio Aragonés de Salud ha pagado durante el ejercicio 2016 un total de 11.365.826,44 euros en concepto de intereses de demora y costas judiciales derivadas de retrasos en el pago de obligaciones por compra de bienes y servicios realizadas durante la legislatura anterior”.
Esos 11 millones se suman al descuadre de las cifras que el Departamento de Sanidad dejó al acabar la legislatura, que solo en el ejercicio de 2014 se elevó a 237 millones de euros “pendientes de reconocer, por falta de consignación presupuestaria” en el Salud, según un informe de la Cámara de Cuentas, que añade a esa cifra otros 5 del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución y 3 más del Banco de Sangre y Tejidos, dependientes de la misma consejería.
Pagos sin consignación previa
Se trata de gastos realizados sin que previamente hubieran sido presupuestados y existieran partidas destinadas a financiarlos. En total, el órgano de fiscalización estimó en 268 millones los compromisos de pago de la Administración autonómica en ese ejercicio, en el que a los derivados de la sanidad pública se añaden otros 10 del Instituto Aragonés del Agua y 13 más del resto de la comunidad.
La falta de consignación presupuestaria previa y las estrecheces económicas de la comunidad autónoma hacen que las cantidades comprometidas con los suministradores de bienes y servicios se vean incrementadas por los intereses de demora a su favor y por las costas derivadas de los procedimientos judiciales en los que algunos de ellos reclamaron su pago.
“El resto del Departamento de Sanidad no ha pagado ninguna cantidad en el ejercicio 2016 en concepto de intereses de demora”, añade el consejero en su respuesta a la diputada, que se había interesado por las cantidades que el Ejecutivo ha tenido que desembolsar “en concepto de intereses de demora y pagos no realizados en la anterior legislatura”.
Déficit y deuda desbocados
La gestión presupuestaria del Gobierno de Rudi en el ejercicio 2014 está siendo objeto de investigación por el Tribunal de Cuentas, al que la Cámara de Cuentas remitió su informe de fiscalización, en el que cifra en 591 millones de euros el déficit acumulado por el Ejecutivo autonómico, que elevó hasta 5.933 la deuda pública.
La primera cifra, derivada de unas previsiones que se quedaron cortas en 142 millones en sanidad y educación y de facturas en los cajones por valor de 488, supera en 264 el límite autorizado por el Gobierno central y la segunda lo rebasa en 77.
El dictamen plantea la posibilidad de que los responsables de los gastos ordenados “sin crédito suficiente para realizarlos” pueda suponer una infracción muy grave que, “tras el correspondiente procedimiento sancionador y si se aprecia que la conducta es culpable”, podría conllevar “la exigencia de responsabilidades y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública”.
