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Casi 500 alegaciones en el Ministerio de Industria contra la mina de potasa que Geoalcali quiere abrir en Aragón

Charla de la plataforma en la localidad navarra de Sangüesa. Foto: Miguel Ángel Conejos

Óscar F. Civieta / Óscar F. Civieta

Zaragoza —

La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha recibido casi 500 alegaciones contra el Proyecto Mina Muga, con el que la empresa Geoalcali pretende explotar una mina de potasa durante 24 años entre Aragón y Navarra. Unas 460 están firmadas de manera individual por los vecinos de las principales localidades afectadas: Undués de Lerda (Aragón, que es donde se situarán las bocaminas), Sangüesa (Navarra, lugar elegido para emplazar la planta de tratamiento), y Javier (también en suelo navarro).

A estas hay que sumar las rubricadas por Chunta Aragonesista (CHA), CGT, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Fundación Sustrai Erakuntza y los consistorios de Undués de Lerda, Sangüesa y Javier. Los representantes de la Plataforma Unitaria Contra las Minas de Potasa han sido los encargados de recoger gran parte de las alegaciones individuales.

Son varios los motivos argumentados en estas alegaciones para oponerse frontalmente al proyecto: de manera genérica denuncian que en la documentación aportada por la empresa “no se tratan con el mínimo rigor y diligencia aspectos de sobra conocidos por generar afecciones al entorno”, además de existir “numerosas incorrecciones y un interés manifiesto para que no se pueda acceder de forma eficaz a la información”. En su opinión, Geoalcali “trataba de ocultar información bajo promesas económicas en forma de puestos de trabajo”

Los principales riesgos denunciados son los hundimientos de terreno, la seguridad de los propios trabajadores y el riesgo sísmico. Alegando, en este último punto, que no se tienen en cuenta los planes de riesgos del Gobierno de Aragón o del Instituto Geográfico Nacional “que elevan a un factor de x5 el riesgo valorado en la normativa sismorresistente”.

También se refieren a que la actividad sísmica, las vibraciones y la generación de explosiones tienen una “clara relación con el desarrollo de deslizamientos”; y que esto puede afectar a la estabilidad de la propia estructura del pantano de Yesa, que ha sufrido deslizamientos en el entorno de la mina en ambas orillas del mismo.

Señalan, igualmente en las alegaciones, que la explotación va a retraer del subsuelo casi 800 millones de litros de agua “con la consiguiente afección a los acuíferos, la agricultura y el medio natural de la zona”. Por añadidura, ponen el acento en que el transporte de los materiales de la explotación “supondrá un movimiento de 6 millones de toneladas al año desde la mina a la explotación de Sangüesa, y que tiene un claro impacto en el medio natural de la zona por su actividad de 365 días al año durante las 24 horas del día”.

Desde su creación, la Plataforma Unitaria Contra las minas de Potasa ha realizado charlas informativas y reuniones en los pueblos afectados. Hasta ahora, aseguran, valoran “muy positivamente el trabajo realizado”. Con el propósito de dar visibilidad a lo que ellos consideran un proyecto altamente perjudicial cuentan con el apoyo y asesoramiento de Óscar Pueyo, doctor en Geología en la Universidad de Zaragoza.

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