Ayuntamientos, comarcas y diputaciones de Aragón se gastan sin control 69 millones de euros en un año

Las administraciones locales aragonesas (ayuntamientos, comarcas y diputaciones) gastaron el año pasado 25,5 millones de euros pese al informe en contra, con reparos, de los interventores, y otros 44 sin que los expedientes pasaran el trámite previo de fiscalización, según revela un reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento del sector público local en 2017.

Llama la atención la frecuencia con la que se produce esta última irregularidad en las entidades locales aragoneses, ya que generaron el 17 % de los expedientes (1.171) cuando los 731 consistorios de la comunidad solo suponen el 9 % de los 8.110 existentes en el país.

No obstante, se trata de algo más frecuente en otras comunidades como Andalucía, que genera el 19 % de las infracciones (1.316) con el 9,5 % de los ayuntamientos, o en Galicia, que alcanza una cota similar a la de Aragón (1.161) con tan solo el 3,9 % de los consistorios.

Otra cosa es la cuantía, ya que los 44 millones de euros gastados sin fiscalización previa suponen únicamente el 6,6 % de los 644 gestionados de manera irregular por la totalidad de los municipios, con participaciones elevadas en los casos de las comunidades valenciana y madrileña (237 y 100) y también de Canarias (127,4).

Prácticamente la mitad de esos expedientes (46 % de los casos, 39 % del gasto) se tramitaron en los seis principales ayuntamientos del país (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga). Dos tercios del dinero, 426 millones, correspondía a contrataciones.

Gastar contra el criterio del interventor

Paralelamente, el informe del Tribunal de Cuentas constata cómo en otras 835 ocasiones, en este caso con un montante de 25,52 millones de euros, las entidades locales aragoneses ejecutaron órdenes de gasto en contra del criterio de los interventores, que las consideraban contrarias a la ley por distintos motivos.

En este caso, el peso de la mala gobernanza de los municipios aragoneses en el conjunto del Estado es menor, ya que solo supone el 2 % en cantidad y el 1,35 % de la cuantía, muy alejado de los 9.539 casos por 563,9 millones de Andalucía, de los 6.084 por 439,9 de Canarias o de los 6.110 por 253 de la Comunidad Valenciana.

En total, el Tribunal de Cuentas detectó este tipo de irregularidad en 42.268 ocasiones, en expedientes de gasto que sumaron un valor total de 1.876,7 millones de euros. Más de la mitad de los asuntos (22.013), por una cuantía de 609,5 millones se referían a procedimientos de contratación, seguidos de lejos por los 7.544 y 475 millones de personal.

El 4,5 % del presupuesto, el 6,2 % del gasto

Los 2.520 millones de euros gastados por las administraciones locales sin fiscalización previa o contra el criterio de los interventores equivale al 4,5 % del presupuesto de esas entidades (55.243 millones) y al 6,2 % del gasto total (40.709), según los datos del propio Tribunal de Cuentas.

El informe llama la atención sobre el carácter “residual” del control financiero en la Administración local, en la que “únicamente el 8 % de las entidades” lo aplicaban el año pasado, “lo que supone una deficiencia relevante en el ejercicio del control interno”, especialmente llamativa en el caso de las diputaciones.

El Tribunal de Cuentas, en cualquier caso, considera que si la toma de decisiones contrarias al criterio de los interventores o ejecutadas sin previa fiscalización no es más frecuente se debe, básicamente, “a la estructura del sector público local español, en el que existen un número muy elevado de entidades locales de reducido tamaño, que gestiona un nivel de recursos reducido y, por lo tanto, no se producen con tanta frecuencia tales eventualidades”.