Las entidades sociales de Zaragoza participan en la redacción del Programa municipal para mediar en casos de ocupación
El Gobierno de Zaragoza trabaja en el futuro Programa municipal que abordará la ocupación de vivienda en Zaragoza propiedad de entidades financieras o de sociedades de capital cuyo objeto sea la explotación o tenencia de inmuebles en la ciudad de Zaragoza. El concejal de la materia, Pablo Híjar, se ha reunido este viernes con distintas entidades de la ciudad para debatir sobre el mismo.
El Ayuntamiento de Zaragoza, recuerdan desde el Consistorio, creó la Oficina Municipal de Vivienda en julio de 2015, “con el objetivo de atender a ciudadanos en riesgo de pérdida de vivienda generados por la imposibilidad de afrontar el pago de sus hipotecas o de las rentas de alquiler, a través del asesoramiento, la mediación y, dado el caso de emergencia habitacional, ayudar en la búsqueda de alternativas”.
El Programa de Mediación en casos de Arrendamiento atiende también episodios de usurpaciones de viviendas vacías propiedad de entidades bancarias, pero la Concejalía cree necesario contar con un programa propio para la atención de estos casos.
Explican que el número de expedientes de mediación abiertos por ocupación de viviendas aconsejan un marco de actuación adecuado a la complejidad del fenómeno: la Unidad de Información y Atención al Ciudadano del programa de mediación por impago de alquileres atendió en el ejercicio 2017 a 702 personas y se generaron 199 expedientes o solicitudes de mediación: 167 de arrendamientos y 32 de ocupaciones.
Según ha explicado el concejal, “se trata de un fenómeno que necesita de una visión integral, partiendo del reconocimiento del estado de necesidad de las familias que, sin alternativa habitacional, logran un techo en las viviendas vacías que la crisis disemina especialmente en los barrios tradicionalmente obreros y populares de nuestra ciudad -normalmente propiedad de personas jurídicas-”.
Híjar ha indicado también que “el abordaje de la cuestión debe de partir de romper con el círculo vicioso que presupone la criminalización de las familias afectadas por el fenómeno. Esto significativa garantizar el acceso a ayudas y prestaciones sociales; garantizar el seguimiento social y el apoyo de las familias; o favorecer la mediación y los acuerdos de regularización o realojo, frente a la judicialización de los casos de ocupación”.
El programa establecerá la coordinación necesaria entre las administraciones intervinientes en los procesos de ocupación para crear un marco favorable en la consecución del mandato constitucional que reconoce el derecho a la vivienda digna.
