La inversión en I+D+i en Aragón continúa por debajo de la media española más de un año después del Pacto por la Ciencia

Hace más de un año que se firmó en las Cortes de Aragón el Pacto por la Ciencia. Investigadores e instituciones rubricaron este acuerdo al que se sumaron también todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Era el primero de estas características que se firmaba en España para garantizar la inversión en I+D+i en la Comunidad y situarla al margen del color político de turno. Marcaba una meta realista, que el gasto en ciencia alcanzara la media española, es decir, el 1,23 % del PIB. Y una vez subido este escalón, planteaba otra más ambicioso: igualar la media de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 2 % e, incluso, superarla a medio plazo.

Esta rúbrica, que se celebró en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, tuvo lugar en diciembre de 2017. Desde entonces, más de un año después, los investigadores han notado una voluntad política, que antes echaban en falta, y una mayor sensibilización hacia todo el trabajo que se realiza en los centros investigación con sede en Aragón.

La Universidad de Zaragoza, la institución aragonesa que concentra gran parte del trabajo científico de la comunidad con nueve institutos de investigación, ha notado ese interés. Hasta ella se han acercado representantes de distintos partidos políticos –algunos por primera vez-  que quieren visitar los laboratorios para conocer de primera mano todo este trabajo. “Están viniendo por aquí y estamos teniendo reuniones con los distintos partidos, eso ya es un éxito. Las puertas están totalmente abiertas”, dice el vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa.

Pero esas buenas intenciones no pueden quedarse solo en eso, apunta, debe respaldarse con más inversión. Más si cabe cuando la situación en Aragón está por debajo de la media española, una realidad que para Vinuesa no deja de ser una “anomalía”.  “Aragón está por encima de la media española en cualquier cuadrante menos en ciencia”. La comunidad aragonesa lideró el crecimiento económico en 2017. Creció a un ritmo de un 3, 6 % anual, cinco décimas por encima de la media española (3, 1 % del PIB). Sin embargo, las tornas cambian cuando se habla de inversión en I+D+i.  Supone un 0,9 % del PIB aragonés, cuando la media española es de un 1, 2 %.

¿Se está corrigiendo esta situación un año después de la firma del Pacto por la Ciencia? García Vinuesa asegura que dependerá de la ejecución de los presupuestos de este 2018, un año que considera clave tanto por la dotación presupuestaria de la Consejería que dirige Pilar Alegría – el presupuesto de Investigación e Innovación ha duplicado desde 2015 su presupuesto, pasando de 12,5 millones a 24,4 en 2018- como por la aprobación de la Ley de la Investigación e Innovación de Aragón, que actualizará la legislación actual que data de 2003. 

“Hay más interés que dinero”

“Si se materializan todas las acciones que se han puesto en marcha, daremos un gran salto, nos acercaremos a la media nacional”, indica. Pero la ambición del Pacto por la Ciencia es continuar hasta alcanzar la media europea, algo que no se puede perder de vista, recuerda.

No obstante, la financiación que llega por parte del Gobierno de Aragón es solo un agente más en un sistema de financiación complejo, donde las empresas privadas también un juegan un papel importante.

Sin embargo, aunque estos contratos han aumentado, la factura total no acaba de subir. “Tienen interés en colaborar en transferencia e investigación, pero tienen más interés que dinero. Es un paso importante, más relación con ellos, pero el dinero que fluye no acabe de disparar”, puntualiza.

A nivel público, la financiación que llega de Europa ha sido la “salvación” de la comunidad científica en los últimos años de crisis. La Unión Europea sí cree en la investigación y apuesta de forma “potente” por ella. El inconveniente que tienen que sortear los grupos de investigación es que es un mercado muy competitivo. A pesar de ello, la Universidad de Zaragoza captó 6 millones de euros en proyectos europeos en 2017. “Sin eso, nos hubiéramos hundido”, relata.

Y frente a esta apuesta de Europa por la investigación se sitúa el Gobierno de la nación. Pero, a pesar de ser la principal fuente de financiación, España no acaba de creer ni apostar por la inversión en ciencia. España llegó a invertir un 1, 4 % del PIB en investigación antes de la crisis, un porcentaje histórico para el país, pero que se situaba por debajo de los Estados más avanzados.  Después de los “brutales recortes” de los años más críticos de la crisis, esta inversión no se ha recuperado “ni de lejos”.  

Nuestro país ha pasado de ese 1, 4 % a un 1, 2 %; en lugar de acercarse a la media europea, cada año se ha distanciado más. “En lugar de converger, estamos divergiendo, y ese es el gran drama”. El crecimiento económico no se ha visto reflejado en una mayor inversión en ciencia. “En España tenemos un problema muy serio de creencia en el sistema científico”, subraya García Vinuesa.

Y a esta falta de apuesta se suman las “rigidices” de la nueva ley de contratos públicos, aprobada en noviembre que, según los investigadores, no tiene en cuenta las peculiaridades de la investigación científica y pone en peligro su competitividad. “Estamos derrotados por la burocracia de la administración a nivel nacional, es una locura, nos vamos a convertir en burócratas perfectos los investigadores”, concluye.