Cuando recortar acaba saliendo más caro: condena millonaria al Gobierno por la autovía de Jaca

Los recortes en infraestructuras se están revelando como un costoso remedio para cuadrar las cuentas públicas, ya que a menudo acaban conllevando gastos mayores al tener que sumar al coste de ejecución de los proyectos las indemnizaciones que las administraciones deben pagar a las constructoras por los daños y perjuicios que les provocan esos parones y reprogramaciones de los trabajos.

Le ha vuelto a pasar al Ministerio de Fomento (hoy de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que va a tener que pagar 5,8 millones de euros a la constructora Azvi por los daños y perjuicios que le causó en el tramo de la variante de Sabiñánigo de la autovía A-23 entre las zonas sur y este de ese municipio, que le habían sido adjudicadas a mediados de junio de 2008 por 18,15.

La condena ha acabado disparando el coste del tramo, de 2,6 kilómetros, en un 32%, lo que sitúa por encima de los 9.000 euros cada metro de ese trozo de la infraestructura viaria.

El contrato se formalizó el 12 de junio de 2008 por un importe de 18.156.026,52 euros, más el IVA, frente a un presupuesto base de licitación de 24.939.596,87 del que, finalmente, se queda solo un millón por debajo la suma del precio acordado y la indemnización derivada de la sentencia.

Pagar cuatro millones de más donde se iban a ahorrar seis

Los trabajos debían ejecutarse en 38 meses, para lo que se estableció una programación que situaba el final de los mismos el 31 de mayo de 2011, con liquidaciones de 4,36 millones de euros en 2009, 9,39 en 2010 y 4.39 en 2011.

Sin embargo, el proyecto fue sufriendo atrasos, aplazamientos, ralentizaciones e incluso suspensiones temporales de la ejecución que iban aprobando la Dirección General de Carreteras y la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras que llevaron el final de la obra a finales de septiembre de 2014.

Nueve meses más tarde, en junio de 2015, Fomento aprobaba la certificación final por un valor de 22,58 millones de euros del que el Estado tenía pendiente de pago 1,88. 

El coste de la obra para las arcas públicas se había disparado finalmente hasta los 28,39 millones de euros, más de diez por encima de la cifra reseñada como importe de adjudicación y cuatro más que el presupuesto de salida, del que Fomento pretendía ahorrarse seis.

¿Quién soporta los perjuicios de un recorte?

Tras desestimar la petición inicial de la constructora, y al llevarla esta a los tribunales, el ministerio “reconocía una deuda en favor de Azvi SAU por los conceptos reclamados por importe de 2.632.349,98 euros”, tras lo que pidió al tribunal que rebajara la cantidad objeto del pleito a 3,18, una vez descontada esa cifra.

“Azvi ha justificado de manera directa el perjuicio real sufrido” por aspectos como la falta de disposición de los terrenos cuando ya estaba adjudicado el contrato, lo que retrasó medio año el inicio de los trabajos, señala la sentencia, en la que el tribunal concluye que “no cabe duda” de “la imputabilidad de la suspensión” de los trabajos a “la actuación unilateral de la Administración, pues la suspensión de las obras se debe a restricciones presupuestarias” que “han dado lugar a que la ejecución de una obra con una duración prevista de 38 meses se alargó a 68”.

“Con independencia de las razones de política económica e imperiosas necesidades de gobierno que pudieran justificar la adopción de tal medida”, no puede imponerse a la constructora “la obligación de soportar los perjuicios derivados de la misma” , señala la resolución.

El Ministerio de Fomento colecciona sentencias condenatorias por las consecuencias de los recortes en obras públicas aplicados a partir de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y prolongados después por el de Mariano Rajoy, caso de los tres millones que se encareció en los tribunales la construcción del tramo Nueno-Congosto del Isuela de esa misma autovía.